--- canonical_url: "https://newsba.com.ar/contenido/4445/fracaso-en-el-senado-y-guerra-interna-el-gobierno-retiro-la-reforma-de-la-ley-de" title: "Fracaso en el Senado y guerra interna: el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras y busca responsables" article_type: "Article" description: "Sin los votos necesarios y presionado por gobernadores, radicales y sectores del PRO, el oficialismo eliminó el capítulo que flexibilizaba la compra de campos por extranjeros. La derrota desató reproches contra Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Victoria Villarruel y los operadores políticos de Karina Milei." main_image: "https://newsba.com.ar/download/multimedia.grande.93f6e3ea7d851c86.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-06T09:50:00-03:00" date_modified: "2026-08-06T09:53:41-03:00" tags: - "LEY DE TIERRAS" - "LIBERTAD AVANZA" - "PRO" author_name: "Alejandro Cabrera" author_url: "https://newsba.com.ar/usuario/2/alejandro-cabrera" category_name: "Política" category_url: "https://newsba.com.ar/categoria/7/politica" category_description: "Novedades de la Política Argentina y sus principales actores en las esferas del poder. Casa Rosada y Congreso." --- # Fracaso en el Senado y guerra interna: el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras y busca responsables El Gobierno evitó una derrota en la votación, pero no pudo evitar el costo político. A menos de 24 horas de que el Senado retomara el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo tuvo que retirar por falta de respaldo el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales. La decisión dejó al descubierto problemas que exceden la discusión sobre la venta de campos. La Casa Rosada volvió a comprobar que no cuenta con una mayoría parlamentaria propia, que los gobernadores ya no garantizan automáticamente los votos de sus senadores y que la relación entre los distintos sectores de La Libertad Avanza continúa atravesada por una fuerte desconfianza. En público, el Gobierno intentó presentar lo ocurrido como una negociación normal dentro del Congreso y concentró sus críticas en Victoria Villarruel. En privado, sin embargo, comenzaron los pases de factura contra Patricia Bullrich por haber asegurado que tenía los votos, contra Federico Sturzenegger por impulsar una reforma demasiado ambiciosa y contra Martín y Eduardo “Lule” Menem por no haber construido acuerdos sólidos con los gobernadores. ## Una reforma que quedó trabada durante cuatro meses El proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 27 de marzo de 2026. Su tratamiento comenzó formalmente el 8 de abril, cuando Sturzenegger defendió la iniciativa ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La propuesta reunía bajo una misma ley modificaciones sobre temas muy diferentes: expropiaciones, desalojos, ocupación de inmuebles, restricciones sobre terrenos incendiados y límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría el 20 de mayo, aunque ya en ese momento aparecieron disidencias entre legisladores que habitualmente acompañaban al Gobierno. El expediente acumuló posteriores modificaciones y, según las reconstrucciones parlamentarias, llegó a tener al menos 17 borradores antes de arribar al recinto. El 16 de julio, ante la evidencia de que no estaban los votos para aprobarlo, Patricia Bullrich pidió pasar a un cuarto intermedio. La postergación hasta el 6 de agosto fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. La jefa del bloque libertario confiaba en que el receso de invierno le permitiría reconstruir los acuerdos. La expectativa era recuperar senadores ausentes, convencer a los radicales y conseguir que los gobernadores presionaran sobre los representantes de sus provincias. Nada de eso ocurrió. El tiempo adicional no fortaleció al oficialismo: permitió que crecieran las críticas sociales, que los bloques revisaran el contenido de la reforma y que varios aliados comenzaran a alejarse públicamente. ## Qué proponía el Gobierno y qué establece actualmente la ley La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 y establece que las personas y sociedades extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país. Ese porcentaje también se calcula en cada provincia, municipio o unidad administrativa equivalente. Además, ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30% de ese cupo y un mismo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones. La normativa también prohíbe que extranjeros adquieran inmuebles que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes y establece restricciones especiales para los campos situados en zonas de seguridad fronteriza. El proyecto original elaborado por Sturzenegger buscaba eliminar buena parte de esos límites. El argumento del Gobierno era que las restricciones frenaban inversiones extranjeras en actividades agropecuarias, forestales, portuarias, mineras y energéticas. El ministro llegó a estimar que la modificación podría permitir el ingreso de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Desde la mirada oficial, la venta de una propiedad a un extranjero no implica una transferencia de soberanía, porque tanto el inmueble como sus recursos continúan sometidos a las leyes argentinas. La oposición política, organizaciones sociales, investigadores y parte de la Iglesia cuestionaron ese razonamiento. Advirtieron que el problema no era solamente la nacionalidad del dueño, sino la concentración de territorios con agua dulce, minerales, bosques, puertos, pasos fronterizos y otros recursos considerados estratégicos. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores vinculados con el Conicet y la Universidad de Buenos Aires, calcula que cerca del 5% del territorio argentino se encuentra en manos extranjeras. Son más de 13 millones de hectáreas. El promedio nacional está por debajo del límite legal, pero la distribución no es uniforme. Existen municipios y departamentos donde la extranjerización supera ampliamente el 15%, particularmente en sectores cordilleranos, fronterizos, portuarios o con grandes reservas de agua y minerales. ## La última concesión de Bullrich tampoco alcanzó El martes 4 de agosto, Bullrich intentó salvar la reforma con una modificación de último momento. Anunció que el oficialismo abandonaría la liberalización total y aceptaría establecer un nuevo límite del 25% de tierras rurales extranjerizadas en cada provincia. La concesión implicaba mantener un techo, aunque más elevado que el 15% vigente. Bullrich presentó el cambio como una solución intermedia inspirada parcialmente en regulaciones de otros países de la región y sostuvo que se conservarían controles especiales en las áreas fronterizas. El anuncio fue interpretado dentro del Gobierno como la señal de que finalmente se había construido una mayoría. Bullrich transmitió a la conducción libertaria que los votos estaban y que la reforma podía aprobarse. Pero la expectativa duró menos de un día. Los senadores dialoguistas consideraron que el cambio no resolvía las principales objeciones y varios gobernadores dejaron en claro que no estaban dispuestos a asumir el costo de acompañar la iniciativa. La pérdida de apoyos comenzó con la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, vinculadas políticamente con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. Ambas anticiparon que no votarían el capítulo. Después se apartó la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa. Entre los radicales ya existían fuertes resistencias de Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. La pampeana María Victoria Huala también expresó reparos dentro del PRO. A medida que avanzaban las horas, otros senadores comunicaron que no estaban dispuestos a acompañar una propuesta que había adquirido un elevado costo político. El Comité Nacional de la UCR había rechazado formalmente la reforma semanas antes. El radicalismo sostuvo que la eliminación de los límites podía comprometer el control de las fronteras, los recursos naturales y la soberanía territorial. La importancia de la posición radical era decisiva. La Libertad Avanza necesitaba reconstruir el denominado “grupo de los 40”, compuesto por los senadores propios y los bloques dialoguistas que permitieron aprobar anteriores proyectos del Ejecutivo. Sin ellos, no había ninguna posibilidad de avanzar. ## La reunión en la que Bullrich tuvo que reconocer la derrota La decisión final se tomó el miércoles 5 de agosto durante una reunión en las oficinas del bloque radical en el Senado. Participaron, entre otros, Edith Terenzi y Mariana Juri, de la UCR; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el jefe del PRO, Martín Goerling; Flavia Royón; Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los aliados le explicaron a Bullrich que los votos no estaban y que mantener el capítulo ponía en riesgo no solamente la reforma de Tierras, sino toda la sesión. Algunos sectores incluso querían devolver el proyecto completo a comisión y reabrir la discusión. Bullrich intentó resistir porque la modificación de la Ley de Tierras era uno de los objetivos prioritarios de Sturzenegger. Finalmente aceptó retirar el capítulo a cambio de conservar la sesión y debatir el resto de la iniciativa. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, había mantenido conversaciones con gobernadores para intentar sostener los apoyos, pero las gestiones no lograron cambiar la posición de los senadores. El oficialismo terminó enterándose de la retirada cuando la decisión ya había sido acordada con los bloques dialoguistas. La sesión quedó convocada para este jueves 6 de agosto a las 14. Al inicio del debate, el oficialismo deberá formalizar la eliminación del capítulo referido a las tierras rurales. No se tratará, por lo tanto, de una derrota mediante una votación nominal. El Gobierno retiró la propuesta antes de que fuera rechazada en el recinto. Pero políticamente el resultado es similar: debió abandonar uno de los capítulos centrales porque no pudo conservar a sus aliados. ## El Gobierno culpa a Villarruel, pero la interna apunta a Bullrich La posición pública de la Casa Rosada fue responsabilizar a Victoria Villarruel. La vicepresidenta mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con Javier Milei y ya había expresado diferencias con la posibilidad de flexibilizar la compra de tierras por extranjeros. El enojo aumentó cuando Villarruel habilitó de manera excepcional la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y tenía indicación médica de no realizar viajes largos. El radical Flavio Fama, ausente por problemas de salud, pidió recibir el mismo tratamiento. Villarruel también avaló inicialmente su participación remota, aunque la decisión deberá ser ratificada por el pleno del Senado. Para el oficialismo, la incorporación virtual de Fernández Sagasti podía sumar un voto contrario. Sin embargo, la presencia remota de Fama tampoco garantizaba un apoyo, porque el senador catamarqueño había manifestado objeciones al proyecto. La explicación centrada exclusivamente en Villarruel no alcanzó para contener la interna. En el sector conducido por Karina Milei y los Menem reprocharon a Bullrich haber comunicado con demasiada seguridad que contaba con los votos. Según la reconstrucción de Infobae, los operadores cercanos a la secretaria general de la Presidencia consideran que Bullrich se mostró excesivamente confiada y que falló al contar los respaldos. La senadora había asegurado desde la semana anterior que la reforma saldría y volvió a repetirlo durante una reunión de la mesa política realizada dos días antes de la sesión. Bullrich, de todos modos, puede responder que la responsabilidad no era exclusivamente parlamentaria. La construcción de los acuerdos con los gobernadores también involucraba a la Jefatura de Gabinete y al equipo político de Karina Milei. Los senadores provinciales que abandonaron el proyecto no lo hicieron únicamente por su contenido. También pesó la falta de incentivos políticos para acompañar a un Gobierno que todavía no definió cómo se relacionará electoralmente con los mandatarios provinciales en 2027. ## Los caputistas responsabilizan a Karina Milei y a los Menem Desde las llamadas Fuerzas del Cielo, el espacio que responde a Santiago Caputo, apuntaron contra Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, los principales operadores políticos de Karina Milei. El planteo es que los gobernadores no tienen motivos para asumir el costo de apoyar reformas conflictivas si La Libertad Avanza mantiene la amenaza de presentar candidatos propios y competir contra ellos en sus provincias. La crítica remite a lo ocurrido durante 2025, cuando el Gobierno necesitaba los votos de dirigentes dialoguistas en el Congreso mientras avanzaba electoralmente sobre sus estructuras territoriales. Para el sector caputista, la falta de acuerdos concretos de cara a 2027 puede afectar proyectos todavía más importantes para el Ejecutivo. Uno de ellos es la intención de eliminar las PASO, una reforma que también necesitará una mayoría amplia y negociaciones con los gobernadores. La interna refleja una disputa más profunda sobre quién controla la estrategia parlamentaria. Santiago Caputo perdió participación en las negociaciones legislativas por decisión de Karina Milei, mientras los Menem quedaron como los principales articuladores políticos del oficialismo. El fracaso de la Ley de Tierras volvió a abrir la discusión sobre si esa estructura tiene capacidad para garantizar mayorías en un Congreso fragmentado. ## También hay cuestionamientos contra Sturzenegger Federico Sturzenegger tampoco quedó al margen de los reproches. El ministro de Desregulación fue el principal impulsor de la reforma y defendió hasta el final la eliminación de las restricciones. Dentro del bloque libertario comenzaron a cuestionar su tendencia a enviar proyectos demasiado extensos, que reúnen reformas complejas y de alto impacto político en una misma ley. El problema de esa estrategia es que cada capítulo puede generar un grupo diferente de afectados y opositores. La acumulación de conflictos termina poniendo en riesgo incluso las partes que sí cuentan con consenso. El traspié se produjo, además, después de otra controversia vinculada con una desregulación promovida por el ministro que generó una protesta de prácticos y capitanes y dificultades en el ingreso de buques a los puertos. Pese al malestar, Sturzenegger mantiene una relación cercana con Milei y continúa siendo uno de los ministros más valorados por el núcleo ideológico libertario. No se esperan cambios en su cargo ni una revisión general de su política desreguladora. La consecuencia podría ser más limitada: dividir los grandes paquetes legislativos, priorizar proyectos con posibilidades reales de aprobación y mejorar la negociación previa antes de anunciar que los votos están asegurados. ## El caso Benegas Lynch agregó otro problema En las horas previas al debate también surgió una controversia alrededor del senador libertario Joaquín Benegas Lynch. La oposición denunció que el legislador forma parte de Glocal Terra, una empresa dedicada a asesorar a inversores interesados en adquirir y administrar tierras en diferentes países de la región. La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación y reclamó que Benegas Lynch se abstuviera de intervenir en el tratamiento por un posible conflicto de intereses. La vinculación empresarial no prueba por sí misma la existencia de una irregularidad, pero debilitó la posición comunicacional del Gobierno. Incluso dentro del oficialismo admitieron que deberían haber sido más cuidadosos antes de impulsar una reforma directamente relacionada con la actividad de una sociedad integrada por uno de sus senadores. ## Qué queda de la Ley de Propiedad Privada La eliminación del capítulo de Tierras no significa que se haya caído todo el proyecto. El oficialismo intentará aprobar el resto de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Uno de los capítulos modifica el régimen de expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar con precisión el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es necesaria y proporcional. También introduce nuevas reglas para calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor objetivo y de mercado del bien, los daños directos y, bajo ciertas condiciones, el lucro cesante. Otro apartado busca acelerar los desalojos. En los alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para pagar. Una vez vencido ese período, podrá iniciar el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación local. El proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego. Mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos incendiados, pero propone eliminar las restricciones de 30 años que actualmente alcanzan a emprendimientos inmobiliarios y cambios productivos en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectados por incendios. Estos capítulos también generan cuestionamientos y podrían sufrir nuevas modificaciones. El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, sostuvo que retirar el apartado de Tierras permitió destrabar el tratamiento, pero criticó con dureza la estrategia del Gobierno. Goerling consideró que el Ejecutivo explicó mal la reforma, comunicó de manera deficiente los sucesivos cambios y pretendió avanzar sin generar un debate suficientemente claro. Incluso calificó como un “disparate” algunas afirmaciones realizadas por el canciller Pablo Quirno sobre el alcance de la iniciativa. ## Una derrota que anticipa nuevas dificultades La caída de la reforma muestra que el Gobierno continúa dependiendo de alianzas inestables. Los gobernadores y bloques dialoguistas pueden acompañar medidas puntuales, pero ya no funcionan como una mayoría automática. También revela un problema de coordinación interna. Bullrich conduce el bloque del Senado, los Menem articulan políticamente para Karina Milei, Santilli negocia con los gobernadores y Sturzenegger diseña las reformas. Cuando una votación fracasa, no existe una autoridad claramente reconocida que asuma la responsabilidad. Por ahora no se esperan renuncias, sanciones ni reconocimientos públicos. Bullrich es considerada necesaria para la estrategia electoral de 2027, los Menem conservan la protección de Karina Milei y Sturzenegger mantiene el respaldo personal del Presidente. La Casa Rosada intentará mostrar que logró preservar la parte más importante de la Ley de Propiedad Privada. Sin embargo, el retiro de la reforma de Tierras instala una advertencia para los próximos meses. El oficialismo deberá decidir si continúa presentando grandes transformaciones estructurales sin una mayoría propia o si adopta una estrategia más gradual, con proyectos separados y acuerdos previos con los gobernadores. La reforma de la Ley de Tierras podrá ser retomada más adelante mediante una iniciativa específica o una nueva negociación parlamentaria. Pero después de esta derrota, el costo político será mayor y los aliados exigirán garantías que el Gobierno, hasta ahora, no estuvo dispuesto a ofrecer. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.