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title: "Trump dice que los venezolanos están “muy felices”, pero evita poner fecha a las elecciones y consolida a Delcy Rodríguez en el poder"
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description: "Desde Irlanda, Donald Trump volvió a presentar a Venezuela como uno de los éxitos de su política exterior después de la caída de Nicolás Maduro, pero cuando le preguntaron cuándo podrán votar los venezolanos evitó comprometer una fecha. El contraste es cada vez más evidente: Washington profundiza su alianza con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, amplía su influencia sobre el petróleo venezolano y promete una recuperación económica, mientras el país continúa sin cronograma electoral, mantiene presos políticos, atraviesa apagones y registra una inflación interanual superior al 500%. Una reciente encuesta, además, muestra que el 60,5% desaprueba la gestión de Rodríguez."
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date_published: "2026-09-13T15:52:00-03:00"
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  - "Delcy"
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  - "Venezuela"
author_name: "Alejandro Cabrera"
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category_name: "Estados Unidos"
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category_description: "Información sobre los principales acontecimientos del país Estados Unidos y del Presidente Donald Trump"
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# Trump dice que los venezolanos están “muy felices”, pero evita poner fecha a las elecciones y consolida a Delcy Rodríguez en el poder

Donald Trump eligió nuevamente una frase extraordinariamente sencilla para describir una situación venezolana que ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro continúa siendo extraordinariamente compleja. Desde Irlanda aseguró este domingo que los venezolanos están “muy felices ahora”, reivindicó el nuevo vínculo construido entre Washington y Caracas y presentó otra vez el giro político ocurrido desde enero como una demostración del éxito de su estrategia. Pero cuando apareció la pregunta que debería ocupar el centro de cualquier transición democrática —cuándo podrán elegir libremente los venezolanos a su próximo presidente— el mandatario estadounidense evitó comprometerse. No dio una fecha, no reclamó públicamente un calendario electoral inmediato y tampoco condicionó el creciente respaldo norteamericano a Delcy Rodríguez a la realización de elecciones en un plazo determinado. Esa omisión resulta cada vez más difícil de considerar secundaria porque Estados Unidos ya no es simplemente un actor externo que intenta facilitar una negociación: después de haber capturado a Maduro, reconocer al gobierno interino, negociar directamente enormes acuerdos petroleros y convertir a Rodríguez en su principal interlocutora, Washington posee una capacidad de influencia sobre el futuro venezolano probablemente superior a la de cualquier otro país.

El problema empieza por la definición de “felices”. No existe hasta ahora una medición independiente que permita sostener una afirmación semejante y los datos disponibles muestran, en realidad, una sociedad bastante más dividida. El último estudio Latam Pulse Venezuela de AtlasIntel y Bloomberg, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 1.922 adultos, encontró que **el 60,5% desaprueba la manera en que Delcy Rodríguez conduce el Gobierno**, mientras solamente el 24,6% la aprueba y el 14,9% no manifiesta una opinión. Cuando se pregunta específicamente por la evaluación de la administración, el 57,9% la considera mala o muy mala frente a apenas el 18,5% que la califica como buena o excelente. María Corina Machado mantiene, además, una imagen positiva superior a la de la presidenta interina. No significa que todos los venezolanos rechacen los cambios producidos después de Maduro ni que la expectativa económica no haya mejorado en algunos sectores, pero sí demuestra que convertir a todo un país en una sociedad “muy feliz” representa, como mínimo, una simplificación incompatible con la información disponible.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa la economía. Venezuela comenzó a recuperar inversión petrolera, reactivó vuelos y volvió a despertar un interés empresarial que durante años parecía perdido, pero continúa arrastrando desequilibrios enormes. El Banco Central informó que la inflación mensual bajó del 19,9% en julio al **8,9% en agosto**, una desaceleración considerable para un solo mes, aunque Reuters calculó con los propios datos oficiales que la inflación interanual todavía se ubica alrededor del **534%**. Esa cifra explica por qué una mejora relativa no equivale todavía a normalización. Para una familia venezolana, los salarios, los precios de los alimentos, los servicios y el acceso estable a electricidad continúan condicionando la vida cotidiana. Apenas cuatro días antes de las declaraciones de Trump, sectores de la oposición denunciaron nuevos apagones en Mérida, Barinas y Táchira, además de fuertes caídas de tensión en Caracas, mientras imágenes recientes del área del Lago de Maracaibo muestran infraestructura petrolera deteriorada y comunidades que siguen padeciendo cortes frecuentes. Venezuela puede estar mejor posicionada para atraer capital que hace un año y seguir siendo simultáneamente un país atravesado por problemas sociales y económicos profundos.

Lo que sí cambió de manera espectacular es el petróleo. Chevron acaba de comprometer **más de US$7.000 millones de inversión durante los próximos cinco años**, con el objetivo de elevar su producción venezolana hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios hacia 2031. La compañía recibió nuevas áreas en la Faja del Orinoco y condiciones fiscales, comerciales y jurídicas mejoradas, incluyendo mecanismos de arbitraje internacional que buscan evitar una repetición de las nacionalizaciones y conflictos que alejaron a grandes petroleras durante la era de Hugo Chávez. Paralelamente, Trump anunció un acuerdo todavía más ambicioso por el cual intereses estadounidenses obtendrían acceso a unos 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas del país según la presentación estadounidense. Washington sostiene que el esquema puede movilizar hasta US$100.000 millones para reconstruir una industria petrolera devastada, reducir los precios energéticos en Estados Unidos y proporcionar recursos para la recuperación venezolana. Delcy Rodríguez abrazó públicamente ese proceso y lo presentó como el comienzo de una nueva etapa en la que Venezuela volvería a convertirse en una potencia energética mundial.

Pero allí aparece una de las mayores paradojas del nuevo orden venezolano. Trump, que justificó durante años su presión sobre Caracas en nombre de la democracia, está construyendo actualmente una relación mucho más fluida con una dirigente que fue una de las figuras centrales del chavismo durante el período de mayor autoritarismo de Maduro y que todavía no obtuvo mediante una elección presidencial el mandato que hoy ejerce. Rodríguez fue vicepresidenta, canciller, ministra, negociadora internacional y una de las personas más poderosas del régimen anterior. Después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero asumió interinamente la conducción del país y desde entonces encontró en Washington, paradójicamente, el principal sostén externo de su permanencia. The Guardian describió esta transformación esta semana como el sorprendente recorrido de una antigua militante socialista hasta convertirse en la interlocutora venezolana preferida por Trump, mientras sectores de la oposición denuncian que el cambio de gobierno terminó reemplazando una conducción chavista por otra sin que los ciudadanos hayan podido decidir todavía quién debe conducir la transición.

## El petróleo avanza mucho más rápido que la democracia

La diferencia de velocidades resulta difícil de ignorar. Los acuerdos energéticos tienen montos, empresas, campos petroleros, inversiones y metas de producción. El proceso electoral, en cambio, continúa sin una fecha. El 2 de septiembre, cuando le preguntaron directamente cuándo habrá comicios, Delcy Rodríguez respondió que se celebrarán cuando **“Venezuela esté preparada”**, una fórmula suficientemente abierta como para no establecer ningún compromiso concreto. “Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, afirmó durante una conferencia junto al secretario estadounidense de Energía, Chris Wright. La cuestión tiene además un componente institucional delicado: el mecanismo venezolano utilizado para justificar la presidencia interina contempla un período transitorio limitado y, según especialistas y medios internacionales, el plazo de 180 días previsto para determinadas situaciones de ausencia presidencial ya quedó atrás. Sin embargo, en lugar de acelerarse un calendario electoral, Washington y Caracas profundizan simultáneamente una negociación económica que puede determinar el funcionamiento del sector más importante del país durante décadas.

La oposición tampoco habla con una sola voz sobre cómo debería desarrollarse la transición, pero existe un denominador común cada vez más visible: la exigencia de elecciones con garantías reales. En julio, manifestantes salieron nuevamente a las calles de Caracas reclamando “elecciones ya” y el regreso de María Corina Machado. Delsa Solórzano, otra de las principales referentes opositoras, afirmó esta semana que si las negociaciones avanzan adecuadamente —incluyendo una renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral y la derogación de normas que restringen libertades— Venezuela podría estar en condiciones de realizar elecciones en aproximadamente **ocho a diez meses**. Esa estimación no constituye un calendario oficial, pero muestra que incluso sectores opositores dispuestos a negociar consideran posible establecer un horizonte temporal. El problema es que ni Rodríguez ni Trump quieren por ahora comprometerse públicamente con uno.

La demora adquiere todavía mayor gravedad por la situación de los derechos humanos. Apenas el viernes, decenas de familiares de presos políticos volvieron a manifestarse en el centro de Caracas para exigir nuevas liberaciones y respuestas sobre las denuncias de abusos que, según sostienen, continúan sin investigarse. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas tiene previsto presentar el 17 de septiembre un nuevo informe sobre Venezuela después de haber documentado durante años detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política. Amnistía Internacional reclamó ya este año que las autoridades pongan fin definitivamente a lo que describe como una política sistemática y generalizada de represión. La salida de Maduro modificó la estructura de poder y generó liberaciones y expectativas que hubieran sido impensables meses atrás, pero la transición todavía no puede definirse como democrática simplemente porque el anterior presidente ya no se encuentra en Miraflores. Una democracia se mide también por la existencia de elecciones competitivas, instituciones independientes, libertades civiles y la posibilidad de que quien gobierna pueda efectivamente perder el poder.

Trump parece estar evaluando Venezuela mediante una vara diferente. Para él, la prioridad visible es demostrar que la intervención estadounidense produjo estabilidad, abrió la industria energética, redujo la amenaza estratégica que representaban las relaciones de Maduro con China, Rusia e Irán y convirtió nuevamente a Caracas en un socio de Washington. Esa lógica puede explicar por qué eligió respaldar a Rodríguez en lugar de entregar inmediatamente el gobierno a María Corina Machado u otra figura opositora. Desde la mirada de la Casa Blanca, conservar temporalmente una parte del aparato chavista puede reducir el riesgo de desintegración del Estado, mantener en funcionamiento PDVSA, preservar las Fuerzas Armadas dentro de una cadena de mando reconocible y garantizar que los contratos petroleros puedan implementarse. La comparación con Irak después de 2003 resulta inevitable: desmontar de un día para otro todas las estructuras existentes puede producir un vacío de poder mucho más peligroso que una transición pactada con sectores del régimen anterior. El problema aparece cuando lo que debía ser una solución provisional empieza a transformarse en una estructura de poder duradera sin que exista una fecha clara para devolver la decisión a los ciudadanos.

Hay además una pregunta de soberanía que empieza a atravesar incluso a dirigentes favorables a la salida de Maduro. El nuevo acuerdo petrolero anunciado por Trump permite a Estados Unidos ejercer un nivel de influencia extraordinario sobre recursos estratégicos venezolanos. El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, explicó públicamente que la mayoría de los directores de las compañías involucradas serán estadounidenses y que Washington aplicará controles estrictos sobre el flujo del dinero y las operaciones. Especialistas han cuestionado si algunas de las condiciones son plenamente compatibles con la legislación y la Constitución venezolana, particularmente por la participación de empresas privadas, la duración de determinadas concesiones y el grado de control que obtendrán actores externos. Delsa Solórzano planteó el problema de manera especialmente directa: “Quien tiene que informar sobre los acuerdos petroleros es Delcy Rodríguez, no Trump”. Su frase resume una paradoja que comienza a generar malestar en distintos sectores. Estados Unidos intervino para desplazar a un gobierno acusado de usurpar la voluntad popular, pero ahora Washington aparece explicando con más detalle que Caracas qué ocurrirá con algunos de los recursos más importantes de Venezuela.

Eso no significa que los acuerdos sean necesariamente perjudiciales. Venezuela necesita desesperadamente capital, tecnología, mantenimiento y experiencia para reconstruir una industria que durante décadas perdió capacidad productiva por una combinación de mala gestión, corrupción, falta de inversión, sanciones y deterioro institucional. Chevron conoce el país desde hace más de un siglo y sus nuevos compromisos podrían crear empleo, generar ingresos fiscales y recuperar campos que hoy producen muy por debajo de su potencial. El regreso de inversiones también puede tener un efecto indirecto sobre otros sectores, recomponer infraestructura y facilitar una estabilización macroeconómica. Incluso algunos dirigentes opositores reconocen que el país necesita urgentemente inversión extranjera. El problema no es que Venezuela vuelva a producir petróleo ni que negocie con Estados Unidos: es que contratos capaces de condicionar el futuro económico durante décadas estén avanzando mucho más rápidamente que la reconstrucción de las instituciones necesarias para fiscalizarlos.

La propia Casa Blanca parece confortable con esa secuencia porque Venezuela ofrece beneficios inmediatos para Trump. Estados Unidos atraviesa una crisis energética internacional provocada por la guerra con Irán y el petróleo volvió a superar los US$100. Trump necesita ampliar fuentes de suministro, reducir el precio de los combustibles antes de las elecciones legislativas de noviembre y demostrar que su política exterior puede generar retornos económicos concretos. Este domingo llegó incluso a utilizar Venezuela como ejemplo cuando habló de la posibilidad de controlar petróleo iraní, asegurando que los ingresos obtenidos de la operación venezolana ya habrían ayudado a compensar costos estadounidenses. Es difícil encontrar una demostración más explícita de la forma en que el presidente piensa la relación: Venezuela es simultáneamente un problema democrático, un activo energético y una pieza dentro de su estrategia global.

Desde ese punto de vista, una elección venezolana inmediata también introduce incertidumbre. Una victoria de María Corina Machado, de otra coalición opositora o incluso de una facción chavista diferente podría obligar a revisar contratos, nombramientos, alianzas internacionales y condiciones negociadas directamente con Rodríguez. Cuanto más estable sea la actual conducción, más sencillo resulta para Washington reconstruir rápidamente el sector energético. Esa coincidencia de intereses no demuestra que Trump esté intentando impedir elecciones, pero sí genera un incentivo objetivo para que la urgencia democrática quede subordinada a la estabilidad económica. Cuando el Presidente estadounidense dice que los venezolanos están “muy felices” pero evita responder cuándo podrán votar, esa contradicción deja de ser simplemente retórica y comienza a revelar cuál de las dos prioridades parece dominar actualmente la política estadounidense.

## Venezuela cambió, pero todavía no terminó la transición

Sería injusto sostener que nada cambió desde enero. Maduro está fuera del poder, sectores de la oposición recuperaron espacios políticos, Washington dejó atrás parte de las sanciones que estrangularon las inversiones, empresas extranjeras volvieron a firmar contratos y existe una negociación política que meses atrás parecía imposible. Venezuela tiene por primera vez en mucho tiempo una oportunidad real de reconstruir su industria petrolera y recuperar una parte del capital que abandonó el país. La reapertura progresiva del espacio internacional, la reanudación de vuelos y los compromisos multimillonarios representan hechos concretos, no simplemente propaganda. Para millones de venezolanos que atravesaron años de emigración, hiperinflación, persecución y colapso económico, la expectativa de una etapa diferente puede resultar genuina.

Pero precisamente por eso sería un error declarar terminada la historia antes de tiempo. La caída de un gobierno autoritario no garantiza automáticamente una democracia. Existen numerosos ejemplos internacionales de transiciones que comenzaron con una apertura, conservaron provisionalmente estructuras del antiguo régimen y terminaron consolidando nuevos sistemas autoritarios porque las elecciones siempre quedaban para más adelante. La principal garantía contra esa deriva no es la buena voluntad de Trump, Delcy Rodríguez, María Corina Machado ni cualquier dirigente particular. Es construir reglas verificables: un Consejo Nacional Electoral creíble, un padrón confiable, observación internacional, libertad para todos los partidos, regreso seguro de dirigentes exiliados, acceso equitativo a medios, liberación de presos políticos y una fecha que nadie pueda mover unilateralmente.

En ese punto, la frase de Trump merece ser leída de manera mucho más crítica. Tal vez una parte importante de los venezolanos esté efectivamente esperanzada por la salida de Maduro y por la posibilidad de reconstrucción. Tal vez algunos indicadores mejoren rápidamente cuando entren inversiones petroleras. Pero el último sondeo disponible muestra una mayoría que desaprueba al gobierno, la inflación anual continúa en tres dígitos altos, persisten apagones y familiares de presos políticos siguen manifestándose en Caracas. Hablar de venezolanos “muy felices” borra de una sola frase todas esas contradicciones y transforma un proceso político todavía incompleto en una victoria consumada.

La pregunta central tampoco es si Delcy Rodríguez puede administrar competentemente esta etapa. Incluso podría conseguir una estabilización económica importante si los acuerdos energéticos funcionan y las sanciones restantes se desmontan progresivamente. La cuestión es otra: **¿quién le otorgó el mandato para decidir el futuro venezolano y durante cuánto tiempo puede ejercerlo sin volver a consultar a la sociedad?** Una transición puede necesitar meses para reformar instituciones y garantizar una elección competitiva. Lo que no puede necesitar es un plazo indefinido determinado por la misma autoridad que se beneficia de la demora.

Estados Unidos tiene además una responsabilidad excepcional porque fue quien modificó físicamente el equilibrio político venezolano al capturar a Maduro y quien posteriormente decidió respaldar a Rodríguez como interlocutora. Washington no puede reivindicar el mérito de haber transformado Venezuela y simultáneamente comportarse como si la fecha de las elecciones fuera una cuestión puramente interna sobre la que no posee influencia. Si Trump realmente considera que su intervención abrió la puerta de la democracia, el paso lógico no sería asegurar que todos están felices sino utilizar su enorme capacidad de presión para conseguir un calendario verificable y aceptado por las principales fuerzas políticas.

Ahí estará la prueba definitiva de su política venezolana. Los pozos pueden comenzar a producir más petróleo, Chevron puede invertir US$7.000 millones y Estados Unidos puede conseguir crudo más barato. Todo eso puede ser económicamente relevante y hasta beneficioso para ambas sociedades. Pero ninguna cantidad de barriles reemplaza una elección. Si dentro de un año Venezuela sigue administrada por una dirigente chavista que nunca recibió un mandato presidencial en las urnas, con Washington controlando una parte creciente de su negocio energético y sin una fecha electoral clara, será cada vez más difícil presentar lo ocurrido como una transición democrática.

Por ahora, Venezuela se encuentra precisamente en esa zona gris. Maduro ya no gobierna, pero la institucionalidad democrática tampoco fue restaurada por completo. Hay una apertura económica, pero todavía existen presos políticos. Hay inversiones, pero también una inflación interanual superior al 500%. Hay negociaciones, pero no hay fecha electoral. Y existe una presidenta interina que promete que habrá elecciones cuando el país esté “preparado”, mientras el principal aliado internacional de su gobierno prefiere hablar de felicidad antes que responder cuándo podrán votar los venezolanos.

**La gran pregunta, entonces, ya no es si Venezuela cambió. Cambió profundamente. La pregunta es hacia dónde está cambiando.**

Porque sacar a Maduro era apenas el principio.

**La verdadera transición comenzará el día en que los venezolanos, y no Washington ni el chavismo que sobrevivió a Maduro, puedan decidir quién los gobierna.**

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