¡Cuántos constitucionalistas tenía este país! ¡No se puede creer! Están saliendo de abajo de las piedras; mejor dicho, de las madrigueras para osos en las que hibernaron durante cuatro años. Cuatro años, por supuesto, es un decir. Porque los muchachos peronistas nos clavaron 847 decretos de necesidad y urgencia desde 1989, en los 28 años sobre 34 que gobernaron desde entonces, para delicia de nuestro país. ¿Dónde estaban estos admiradores de Alberdi mientras todo esto sucedía? No se sabe. Lo que sí se sabe es que hasta la CGT habla hoy de check and balances y de instituciones republicanas; es decir: de Alberdi. Falta que Moyano salga a reivindicar a Sarmiento y cartón lleno. Cerremos el país, y el último, que apague la luz.

Pero si los afanes institucionales del Club del Helicóptero resultan ridículos, no son tan sorpresivos como las conversiones al constitucionalismo extremo de algunos que dicen estar a favor del cambio. A favor del cambio y en contra de un decreto que abre la batalla por el cambio. En nombre de la Constitución Nacional, faltaba más. Una extraordinaria voltereta de quienes, por poner algún ejemplo, defendían desde el Senado la impunidad de Cristina en nombre de la razón de Estado y de los que formaron parte del trío pandemia y convocaban a aplaudir a las nueve de la noche mientras Albertito nos encerraba y nos condenaba a la miseria con sus maravillosos DNUs. Pero el mejor de todos fue el Pibe Maravilla, cuándo no, que cuando era ministro de Cristina subió los impuestos por resolución ministerial (repito: subió los impuestos por resolución ministerial) hasta que se incendió el país, tuvieron que mandar la 125 al Congreso y les terminó cascoteando el rancho su propio vicepresidente de la Nación; del mismo partido, mirá vos.

Los muchachos peronistas nos clavaron 847 decretos de necesidad y urgencia desde 1989

Lo que pasa es que, como dijo el General, alberdianos somos todos. Quiero decir: somos todos alberdianos cuando gobierna la oposición y aplicamos la vara de Suiza, mientras que cuando gobiernan los muchachos peronistas la vara de Tanzania nos parece mejor. De manera que, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, el kirchnerismo impuso en 2006 la ley 26.122, que convalida los DNUs a menos que ambas cámaras los deroguen. Desde entonces, desde el punto de vista constitucional, en la Argentina se juega al rugby. Hasta ahora, que asumió un gobierno al que le imprimieron 43% de la base monetaria en dos meses para financiar la campaña, le dejaron el Banco Central quebrado, un déficit cuasi fiscal enorme con las Leliq, tres millones más de pobres en un año y medio, inflación galopante y un país incendiado. Momento en el cual los sommelier de constitucionalidad propios y ajenos argumentan que está mal tocar la pelota con las manos y hacer tackles; que para eso ya está el peronismo, que los viene haciendo desde el año 2006.

Muchachos: a mí me parece bien que juguemos al fútbol y no se pueda tocar la pelota con las manos ni voltear a los rivales a como dé lugar. Por eso invito a todos estos novedosos compañeros peronistas y alberdianos y a todos los repentinos constitucionalistas que invaden hoy las pantallas de televisión a sancionar una ley que retrotraiga la situación a 2005, y que baste la oposición de una sola de las cámaras para derogar un DNU. Cambiemos la ley y juguemos al fútbol. Muy bien. Mientras tanto, acá se juega al rugby. Dentro de la ley, todo; como dijo el general.

Una extraordinaria voltereta de quienes, por poner algún ejemplo, defendían desde el Senado la impunidad de Cristina

Cordial sugerencia: el peronismo debería cambiarse el nombre; una vez más. Unión por la Patria está bien, pero en honor a la franqueza sería bueno agregarle un adjetivo: Unión por la Patria Subsidiada. Uno sospecha que en todo este énfasis alberdiano hay gato encerrado, y no es Macri. Declarar a la educación servicio esencial hace de Baradell un constitucionalista. Instaurar cielos abiertos y habilitar la privatización de Aerolíneas logra que Biró salga a la calle con retratos de Hamilton y Alberdi. La modernización laboral, el cese de los mecanismos de financiación sindicales a través de las obras sociales y de la retención por planilla de sueldo logran que los gremios fundados por Perón sobre el modelo de la Carta del Lavoro mussoliniana se hagan fans de las instituciones republicanas. Alberdianos, somos todos. Menos para acordarnos de que el último objetivo fijado por el preámbulo de la Constitución Nacional (sí, ese que Alfonsín rezaba en los actos de 1983) es el de “asegurar los beneficios de la libertad”. Asegurar los beneficios de la libertad. Esa libertad que el peronismo se ha cargado mediante 874 DNUs mientras los repentinos constitucionalistas modelo 2023 dormían la siesta. Si quieren reparar ese pequeño olvido, les recomiendo que activen la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que no funciona desde 2022 y que tiene todavía que tratar más de 100 DNUs dictados por Alberto Fernández. Cuando terminen, nos avisan y pasamos al de Javier Milei.

Un decreto que abre la batalla por el cambio

Nada hay en este mundo más contrario al espíritu de la Constitución que el sistema corporativo que el DNU intenta desactivar. ¿Peligros para la democracia? Ninguno. El poder legislativo y el judicial conservan su rol constitucional en la aprobación o derogación del DNU y en su aplicación concreta. La realidad, que es la única verdad, es simple: los de DNUs son un mecanismo previsto por la Constitución, no un invento de La Libertad Avanza. Y, para ser constitucionales, requieren dos requisitos: “…cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes… [el Presidente] podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…”, establece el artículo 99. Esto es lo único que vale la pena discutir: ¿está el Congreso en condiciones de sancionar en tiempos razonables las leyes equivalentes a este DNU? Y si no: ¿existen o no razones de necesidad y urgencia? Cualquiera que conozca la Argentina sabe las respuestas. En nuestro Congreso, un paquete de medidas como este tardaría uno o dos años de trámite legislativo, recomendaciones de expertos, reuniones de asesores y sanción de las comisiones, aprobación por una de las cámaras, revisión por la otra, y eventualmente, reconsideración, hasta ser aprobado o rechazado. Si existe un ejemplo supremo es la ley de alquileres, que este DNU deroga: hace años que se han demostrado sus consecuencias perversas para propietarios y para inquilinos, hay pleno consenso contra ella pero, en plena campaña electoral, con todos los beneficios orientados a favor de las fuerzas políticas que la derogaran, la derogación no se logró.

En breve: transformar este DNU en un paquete de leyes implicaría una demora inevitable que forma parte del trámite legislativo normal, y está bien que así sea. Por eso la Constitución prevé los DNUs. Queda la segunda cuestión: ¿existen circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia, que obligan al Poder Ejecutivo a su empleo? Otra vez: quienes viven en la Argentina conocen la respuesta. Casi la mitad de nuestra población es pobre, estamos sin reservas, sin insumos importados, con una inflación galopante, pobreza en aumento y al borde de un corralito o de una hiperinflación. Si esta no es una emergencia, la emergencia, ¿dónde está?

De manera que nuestros inesperados sommeliers de constitucionalidades podían darle un vistazo al artículo 99 o tomarse un Valium; como prefieran. Si tanto les molesta, almas bellas, podrían conformarse pensando que casi la mitad de las leyes afectadas por este DNU (331) fueron dictadas por las dictaduras de Onganía (82) y de Videla (56). Los radicales podrían considerar también que una de las virtudes del DNU es que nos recordó un episodio central del pacto histórico entre el Partido Militar y el peronismo: el apoyo de Perón y la burocracia sindical al golpe de Onganía contra Illia, y las prebendas que obtuvieron (obras sociales en manos de los sindicatos, la principal) por declarar que el país “no podía soportar otro año bajo un gobierno corrupto como el de Illia” (SIC, Perón) y por asistir a la jura del tirano, como hicieron las 62 Organizaciones Peronistas. Dios guarde a sus integrantes y los conserve a su lado; con tal de que no vuelvan por acá.

En suma: esto recién empieza. Hay que ver si quienes tanto cacarean democracia se animan a derogar un DNU que no hace más que llevar a la práctica el programa proclamado durante la campaña por un candidato a Presidente que sacó el 56% de los votos. Después habrá que ver si la Justicia, cuya inmensa mayoría de jueces llegó al cargo por designaciones de gobiernos peronistas, invalida partes del decreto, y cuáles. En tanto, el gobierno ha dado una señal clara del rumbo que pretende darle al país para sacarnos del pantano. A favor de los ciudadanos y en contra de las corporaciones que nos han reducido a la miseria en estos 20 años en los cuales toda Latinoamérica mejoró, aumentando la productividad y la competitividad, reduciendo la pobreza y llevando a un dígito la inflación anual. Menos Venezuela y la Argentina. Y Nicaragua y Cuba, claro. Paraísos de la constitucionalidad.