El Presidente anunció una regla permanente para impedir que la administración nacional mantenga déficits durante varios meses. Si el Congreso no recompone las cuentas dentro de un plazo todavía no precisado, se paralizarían actividades públicas, se congelarían gastos y contratos y dejarían de cobrar las máximas autoridades. La propuesta promete que el costo recaiga sobre la política, pero podría afectar servicios, trabajadores, proveedores y provincias.

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el Presidente, reconoció que la nueva matriz productiva puede mejorar las cuentas externas mientras destruye trabajo en las grandes ciudades. Su advertencia alcanza especialmente al conurbano bonaerense, donde teme que la apertura deje desempleo, pobreza y una crisis social difícil de resolver únicamente con el mercado.