La cadena nacional dejó una imagen de refundación de la política argentina sobre Malvinas, pero la lectura de los decretos publicados este viernes y de las leyes vigentes muestra un cuadro mucho menos novedoso. La soberanía “legítima e imprescriptible” está en la Constitución desde 1994; las sanciones contra petroleras que operen sin autorización existen desde 2011 y contemplan penas de hasta 15 años de prisión desde 2013; Rockhopper fue inhabilitada hace trece años y Navitas en 2022; las cartas a empresas para desalentar inversiones se enviaban al menos desde 2020 y la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022. ¿Qué agregó Milei? Un procedimiento sancionatorio más rápido, controles específicos para impedir beneficios del RIGI a compañías vinculadas con actividades ilegales, nuevos recursos para Defensa y un proyecto que podría ampliar las penas a proveedores y a otras actividades sobre recursos naturales. Hay novedades reales, pero bastante menos revolucionarias que la puesta en escena presidencial.

 

Javier Milei utilizó una cadena nacional para presentar un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen de la explotación de recursos en Malvinas y para colocar la soberanía en el centro de la agenda. Pero hay una pregunta que atraviesa todo el anuncio: ¿para qué hace falta una nueva ley destinada a “garantizar” la soberanía argentina cuando la Constitución ya establece que es “legítima e imprescriptible” y que su recuperación constituye un “objetivo permanente e irrenunciable”? La respuesta es importante: una ley no puede crear ni reafirmar jurídicamente algo que ya tiene rango constitucional, aunque sí puede agregar instrumentos para sancionar a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El problema para el Gobierno es que incluso en ese terreno ya existen desde 2011 y 2013 leyes que contemplan multas, inhabilitaciones, penas de prisión y hasta operaciones financieras, logísticas y comerciales. La verdadera discusión, entonces, no es si Malvinas es argentina, sino qué tiene realmente de nuevo el paquete que Milei presentó con una puesta en escena extraordinaria.

 

En pocas semanas, Javier Milei pasó de respaldar la bandera “Las Malvinas son argentinas” que desplegó la Selección después de eliminar a Inglaterra en el Mundial a definir el reclamo por las islas como “la causa más importante y sagrada” del país, justo cuando Donald Trump abrió inesperadamente la posibilidad de revisar la posición estadounidense. El giro es significativo en un Presidente que reivindicó a Margaret Thatcher y llegó a hablar de seducir a los isleños para que algún día “nos elijan”. Que Malvinas vuelva al centro de la política exterior argentina puede ser una buena noticia; el problema comienza cuando una causa nacional se intenta transformar en patrimonio político de un gobierno. La tragedia de Galtieri debería servir como advertencia suficiente.

 

La compañía de Mark Zuckerberg cerró uno de los mayores acuerdos judiciales de la historia tecnológica de Estados Unidos para evitar que continuara un juicio en el que varios estados la acusaban de diseñar Facebook e Instagram para retener compulsivamente a menores, ocultar sus riesgos y utilizar datos de niños sin el consentimiento adecuado. Meta no admitió haber cometido irregularidades, pero aceptó cambios profundos: un límite diario de dos horas, bloqueo nocturno, menos notificaciones durante el horario escolar, controles de edad más estrictos y mayor poder para los padres.

 

Ángel Rosendo Leguizamón tenía 74 años, vivía solo en el barrio Matera y era conocido por todos como “Santiago”. Lo encontraron maniatado, con heridas de arma blanca y un cable alrededor del cuello. Las cámaras de seguridad fueron decisivas: registraron movimientos de vecinos que vivían a pocos metros y permitieron realizar allanamientos de urgencia. La principal hipótesis es que el hombre fue atacado para obligarlo a entregar dinero u objetos de valor.