El interrogatorio fue considerado humillante y una falta de respeto por los fiscales y colegas.
El juez federal Sebastián Ramos y su colega Alejo Ramos Padilla declararon ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y desencadenó gran malestar en los tribunales entre jueces y fiscales por como se llevaba a cabo el procedimiento.
Desde el oficialismo, hubo un intento de complicar a Robles y obtener respuestas con el interrogatorio a los jueces realizado por los diputados, pero no consiguieron las respuestas deseadas.
Sebastián Ramos
En primer lugar, Ramos fue sometido a un interrogatorio que terminó por ser considerado humillante y una falta de respeto por el diputado Rodolfo Tailhade, mientras que otros colegas sostienen que no debió haber ido al Congreso y solo enviar copias de su sentencia.
El juez Ramos había sido quien decidió archivar las denuncias contra el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, y el director de la Corte, Silvio Robles, a raíz de los supuestos chats que habían intercambiado.
Los jueces tienen la prerrogativa de declarar por escrito cuando son convocados como testigos, pero no a los magistrados citados a declarar ante el Congreso; “un reglamento interno no puede estar por encima de una ley. Tenemos la facultad de no concurrir”, sostuvo un magistrado mientras comparecía a Ramos.
“No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, repitió en varias ocasiones Ramos y aclaró que no tenía relación con Robles o el ministro durante lo que se filtraron supuestos chats en los que hablaban de un auto decomisado para su uso.
Ante ello, el interrogado se escudó con que había archivado el caso a partir del dictamen del fiscal Carlos Stornelli, lo que indignó a los fiscales federales de Comodoro Py ya que consideraban que se excusaba con ello en lugar de defender su decisión, por lo que citaron a Stornelli como testigo para la próxima semana.
Alejo Ramos Padilla
En su turno, el juez federal de La Plata se declaró incompetente y envió una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro, así como también apuntó que la justicia federal estaba infiltrada por servicios de inteligencia.
Denunció espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo y que durante el gobierno de Cambiemos “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.