Recurrentemente en nuestra historia democrática escuchamos hablar de concertación y llamado al diálogo, paso previo pero necesario para avanzar en un proyecto de país viable y que perdure en el tiempo; habitualmente a los líderes que poseen las cualidades necesarias para conducir estos procesos de negociación se los conoce como estadistas.

En los últimos días fuimos testigos nuevamente de esta posibilidad, cuando el presidente Alberto Fernández volvió a introducir el tema en la agenda mediática, pero para no perder la costumbre lanzó un condicionamiento que atenta contra la esencia de una convocatoria amplia, estableció límites.

Se podría decir que los límites no son malos de por sí, por ejemplo, si se tratara de partidos antisistema que buscaran erosionar la base de la legitimidad democrática; lo cierto es que apuntó contra Mauricio Macri y Javier Milei, un expresidente elegido por mandato popular y un economista ultraortodoxo que propone la libertad total de los agentes económicos. Halcones, sí; pero en definitiva ambos se mueven bajo las reglas del sistema.     

La estrategia buscaba bajar el nivel de crispación en las horas previas a las elecciones, que, con el resultado de las PASO como cruz, hacían que cualquier intento de edulcorar los enfrentamientos y moderar el discurso fueran bienvenidos.

Sin embargo, la segmentación de la convocatoria y el evidente sesgo electoralista del anuncio terminaron desdibujando el llamado al diálogo.

Mientras tanto, en la jaula de las palomas… tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta salían a rechazar cualquier posibilidad de cogobierno y proclamaban que las batallas políticas se debían dirimir en el congreso, seguros de una victoria aplastante en las elecciones del 14 de noviembre; la victoria sucedió, pero fue menos aplastante de lo que se esperaba.       

Párrafo aparte para la predicción suicida de Macri, declarando “el comienzo de la transición”, cuando horas después resucitaba la esperanza del FDT, no con pocas heridas que lamer, y con la aparente decisión acordada con la jefa de dirimir todo en una futura interna.

Otra demostración de que Macri como Nostradamus es un buen ingeniero…

La experiencia histórica de concertación que solemos utilizar como ejemplo de diálogo democrático entre todas las fuerzas sociales y políticas para refundar las bases de un proyecto nacional sucedió hace 44 años en España y se lo conoce como los Pactos de la Moncloa. Estos dos documentos, referidos a las reformas de la economía y la actuación política respectivamente, fueron el germen que cristalizó en la constitución de 1978 y que dio paso a uno de los procesos de crecimiento y estabilidad más largos de su historia.

Claramente el principal interés de la sociedad española era la consolidación democrática después de 36 años de dictadura franquista (1939-1975), aunque también era crucial detener la caída de los ingresos de los trabajadores, lograr la confianza de los empresarios para invertir y asumir riesgos, en una economía totalmente intervenida y con grandes desequilibrios macroeconómicos.

El indicador más distorsivo de los ingresos de la sociedad y a la vez, al menos en nuestra experiencia reciente, el más difícil de controlar es la inflación; en 1977 al momento de la firma de los acuerdos en España la inflación anual era cercana al 26%.

Para este año el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina pronostica una inflación del 51%, casi el doble de lo que en la España postfranquista era una cifra inadmisible y que podía desembocar en una hiperinflación.   

Otro eje transversal a los dos escenarios que comparamos es el déficit fiscal, a grandes rasgos parece lo mismo; incapacidad del estado de generar los recursos fiscales suficientes para afrontar sus gastos, pero las razones eran muy diferentes. En ese momento en España la presión fiscal era muy baja, alrededor del 22% del PIB, y se impulsó una reforma que elevó el porcentaje, pero con un impuesto progresivo sobre la renta; la base de todo sistema tributario moderno.

Existen varios aspectos que están presentes en ambas realidades, como las demandas de los trabajadores, por ejemplo, en España se acordó que las empresas podían despedir hasta un 5% de su nómina, de esta manera se limitaba el impacto sobre el desempleo, pero a la vez se otorgaba a la burguesía el derecho a despedir; está claro que no fue una concesión fácil de digerir para los sindicatos, pero a cambio se aseguraron la legalización de sus actividades. En Argentina, como sabemos, hoy conviven la doble indemnización y la prohibición de despidos.

No es mi intención jugar a las 7 coincidencias, sino identificar razones que justifiquen y estrategias que hagan viable un acuerdo para salir de la crisis estructural y dejar atrás los males endémicos de la sociedad argentina; inflación, devaluación, estancamiento económico, crisis de representación, disgregación social y una larga lista de etcéteras.       

Una negociación donde los actores sociales y políticos ceden algo a cambio de un bien mayor resulta en una suma positiva para el conjunto, desde una concepción holística, integral.   

En las antípodas de la reconocida frase “Argentina está condenada al éxito” me surge una reflexión. ¿Nuestro éxito nos condena? Entendiendo como éxito la consolidación de los valores democráticos y un sistema de partidos/coaliciones que participan del juego electoral con razonables niveles de transparencia. ¿Es entonces la ausencia del fantasma de la pérdida de las libertades individuales y los derechos políticos lo que impide avanzar en la construcción de un modelo sustentable?

La clave aparenta ser más sencilla, nadie quiere ceder.