Miles de ciudadanos tomaron las calles de Madrid y otras ciudades exigiendo la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez, tras la detención de exfuncionarios por presuntos casos de corrupción. El grito común es “Mafia o democracia”: una demanda de limpieza institucional que vuelve a sacudir al poder en España.
01 de diciembre de 2025
Alejandro Cabrera
Lo que comenzó como una crisis interna, mediática y judicial devino rápidamente en un estallido popular: decenas de miles de personas salieron a las plazas y avenidas de Madrid con banderas, pancartas y una consigna clara: “Sánchez tiene que irse”. Lo que molestaba, más allá de los escándalos puntuales, era la sensación extendida de que la corrupción se había enraizado, que la política funcionaba como un circuito cerrado que premiaba privilegios, contratos públicos al amparo del poder, y complicidades cruzadas.
La manifestación, convocada por amplios sectores opositores, tenía algo de convergencia de reclamos: economía deteriorada, histórica polarización política, desconfianza hacia las instituciones y, sobre todo, hartazgo. Para muchos, la movilización no fue un acto aislado, sino una advertencia: la paciencia social alcanzó su límite.
El factor inmediato que detonó la convocatoria fue la prisión preventiva de un ex ministro —vinculado al gobierno de Sánchez— en el marco de una investigación por irregularidades en contratos públicos. Esa decisión judicial, interpretada como una señal clara del avance de la causa, reforzó una crítica que ya bullía en la sociedad: sospechas sobre adjudicaciones amañadas, favoritismos y un sistema que protegía a los de adentro.
A la indignación se sumó la sensación de impunidad: mientras algunos funcionarios terminaban presos, otros seguían ocupando cargos o circulando como si nada. Para muchos manifestantes era evidente que lo que estaba en juego no era un episodio puntual, sino una estructura de poder enredada con negocios y contratos, a la sombra del Estado.
El domingo, las calles de Madrid se transformaron en un mar de banderas y carteles. Miles de ciudadanos —según distintos conteos entre decenas de miles y ochenta mil personas— marcharon bajo la consigna “Mafia o democracia”. La convocatoria, elaborada en pocas horas por partidos, organizaciones ciudadanas y grupos independientes, terminó movilizando no solo a militantes, sino también a gente común: trabajadores, jubilados, jóvenes, familias completas.
El perfil de los manifestantes reflejó la heterogeneidad de un malestar generalizado: desde los que perdieron fe en los partidos tradicionales, hasta ciudadanos que piden transparencia, controles más estrictos sobre el gasto público, y un sistema que funcione con reglas claras.
La marcha volvió a demostrar que en España existe —como en muchos países del mundo hoy— un eje de tensión social que ya no pasa solo por izquierda o derecha, sino por confianza institucional o hartazgo ciudadano.
El estallido pone al gobierno en una situación de máxima fragilidad. Para muchos analistas, lo que hoy parece una crisis puntual puede transformarse en una crisis de legitimidad institucional. Si el hartazgo social se consolida, una parte importante de la ciudadanía podría dejar de creer en las estructuras tradicionales: partidos, cámaras, burocracia, contratos.
La oposición —y una ciudadanía movilizada— reclaman elecciones anticipadas y una renovación profunda, pero también exigen un cambio en las reglas del juego: transparencia, controles independientes, mecanismos de rendición de cuentas. Para ellos, no alcanza con apartar a algunos implicados: piden reformar un sistema que funciona como “auto-protección de poder”.
Para el gobierno, la salida no es sencilla. Admitir errores implica reconocer un fallo de todo el aparato de Estado; resistir implica arriesgar una crisis más profunda, con pérdida de gobernabilidad, protestas constantes y desgaste internacional.
Más allá de España: lo que este estallido revela sobre los límites de la democracia contemporánea
Lo que pasa en Madrid resuena más allá de sus fronteras. En un contexto global donde la desconfianza hacia la clase política crece, donde los contratos públicos se asocian muchas veces a privilegios, y donde el desencanto ciudadano aumenta, la movilización española funciona como una advertencia. Las sociedades exigen transparencia, respeto institucional y controles reales. Y quieren que quienes gobiernan rindan cuentas, no sólo ante jueces, sino ante la opinión pública.
En ese escenario, la protesta no es solo contra un gobierno: es una demanda histórica de limpieza, de moral pública, de mecanismos que eviten que la corrupción se vuelva rutina. Es una movilización que redefine la relación entre pueblo y Estado, en un momento donde la democracia se prueba en cada elección, en cada contrato, en cada decisión del poder.
La consigna que más se repitió en la marcha lo decía con claridad brutal: “Mafia o democracia”. No pedían reformas menores ni cambios superficiales. Pedían, directamente, dignidad. Que la política deje de ser un club cerrado. Que las instituciones funcionen realmente. Que la corrupción deje de ser normalizada.
Y lo pedían marchando. Con sus cuerpos en la calle. Con sus banderas, sus voces, sus pancartas. Esa presencia masiva —más allá de los discursos— ya habla. Y le pone al gobierno una cuenta regresiva: o cambia de raíz, o terminará siendo reemplazado por un nuevo pacto social, construido fuera de las urnas, con el reclamo genuino de una ciudadanía cansada de promesas y escándalos.
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