Política

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni debe responder un requerimiento de 207 páginas elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita, que contiene una veintena de preguntas sobre la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito pone el foco en más de US$400.000 en gastos, refacciones por US$245.000, operaciones inmobiliarias, préstamos familiares, criptomonedas, viajes y pagos realizados mayoritariamente en efectivo. Adorni niega haber cometido delitos y sostiene que podrá justificar sus bienes, pero la presentación será decisiva para determinar si el expediente avanza hacia una eventual citación a indagatoria.

 

El Presidente utilizó inteligencia artificial para imaginar un diálogo en el que Sarmiento reivindica su vehemencia, su pelea contra la “barbarie” y hasta su manera de enseñar economía. La comparación funciona como pieza de propaganda, pero choca con la trayectoria del propio prócer: Sarmiento hizo de la educación pública, la formación docente y la expansión estatal una obsesión política. Milei, en cambio, gobierna en medio de un fuerte retroceso del financiamiento nacional y acaba de eliminar incluso el piso legal de inversión educativa.

La cadena nacional dejó una imagen de refundación de la política argentina sobre Malvinas, pero la lectura de los decretos publicados este viernes y de las leyes vigentes muestra un cuadro mucho menos novedoso. La soberanía “legítima e imprescriptible” está en la Constitución desde 1994; las sanciones contra petroleras que operen sin autorización existen desde 2011 y contemplan penas de hasta 15 años de prisión desde 2013; Rockhopper fue inhabilitada hace trece años y Navitas en 2022; las cartas a empresas para desalentar inversiones se enviaban al menos desde 2020 y la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022. ¿Qué agregó Milei? Un procedimiento sancionatorio más rápido, controles específicos para impedir beneficios del RIGI a compañías vinculadas con actividades ilegales, nuevos recursos para Defensa y un proyecto que podría ampliar las penas a proveedores y a otras actividades sobre recursos naturales. Hay novedades reales, pero bastante menos revolucionarias que la puesta en escena presidencial.

 

Javier Milei utilizó una cadena nacional para presentar un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen de la explotación de recursos en Malvinas y para colocar la soberanía en el centro de la agenda. Pero hay una pregunta que atraviesa todo el anuncio: ¿para qué hace falta una nueva ley destinada a “garantizar” la soberanía argentina cuando la Constitución ya establece que es “legítima e imprescriptible” y que su recuperación constituye un “objetivo permanente e irrenunciable”? La respuesta es importante: una ley no puede crear ni reafirmar jurídicamente algo que ya tiene rango constitucional, aunque sí puede agregar instrumentos para sancionar a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El problema para el Gobierno es que incluso en ese terreno ya existen desde 2011 y 2013 leyes que contemplan multas, inhabilitaciones, penas de prisión y hasta operaciones financieras, logísticas y comerciales. La verdadera discusión, entonces, no es si Malvinas es argentina, sino qué tiene realmente de nuevo el paquete que Milei presentó con una puesta en escena extraordinaria.