Alejandro CabreraLa salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia fue el punto de llegada de un proceso que se venía desarrollando desde hacía varios meses dentro del Gobierno.
Según reconstrucciones publicadas por distintos medios nacionales, entre ellos el diario La Nación, el ministro había manifestado desde hace tiempo su desgaste frente a la gestión diaria del área judicial. El propio entorno del funcionario reconocía que el cargo implicaba un nivel de exposición política y de presión institucional mucho mayor del que inicialmente había previsto.
Cúneo Libarona había llegado al gabinete de Javier Milei como una figura de peso dentro del mundo del derecho penal, con décadas de experiencia como abogado en causas de alto perfil. Su incorporación al gobierno libertario fue interpretada como un intento de darle solidez técnica al área judicial en el inicio de la gestión.
Sin embargo, la dinámica política de la Casa Rosada terminó transformando ese rol.
Con el correr de los meses, el ministerio fue perdiendo centralidad dentro del esquema político del Gobierno y varias de las decisiones clave comenzaron a discutirse directamente en la mesa chica del presidente.
Ese proceso fue debilitando el margen de acción del ministro y terminó preparando el terreno para el cambio.
El nombre elegido para reemplazarlo fue el de Juan Bautista Mahiques, un funcionario con trayectoria dentro del sistema judicial y con vínculos políticos construidos durante distintos gobiernos.
Hasta el momento del anuncio se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupa desde 2019.
Su carrera en el ámbito judicial comenzó mucho antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces federales.
Esa experiencia lo convirtió en un actor conocido dentro del sistema judicial argentino, especialmente en los tribunales federales.
Según distintos análisis publicados en medios como La Nación y Clarín, su perfil combina experiencia técnica, conocimiento del funcionamiento institucional del Poder Judicial y capacidad de negociación política.
A ese recorrido se suma un elemento que también forma parte del entramado judicial argentino: su pertenencia a una familia con fuerte presencia en los tribunales.
Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más influyentes del país.
Ese vínculo familiar no es un detalle menor en un sistema judicial donde las relaciones personales y las trayectorias compartidas suelen tener un peso significativo.
Más allá de los nombres propios, el recambio en el Ministerio de Justicia también refleja un movimiento interno dentro del Gobierno.
Distintos análisis políticos publicados en medios nacionales coinciden en que el cambio marca una mayor influencia de Karina Milei en el área judicial.
La secretaria general de la Presidencia se convirtió con el paso de los meses en una de las figuras más poderosas dentro del gabinete y su intervención en decisiones estratégicas se fue ampliando progresivamente.
En el caso del Ministerio de Justicia, su participación fue clave para impulsar el nuevo esquema político del área.
Junto con la llegada de Mahiques también se definió la designación de Santiago Viola como secretario de Justicia.
Viola es abogado y apoderado de La Libertad Avanza, y forma parte del círculo político cercano al oficialismo.
Con esa combinación, el Gobierno busca equilibrar el perfil técnico del nuevo ministro con una estructura política alineada con el proyecto libertario.
Uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva conducción del Ministerio de Justicia es el alto número de cargos judiciales vacantes.
Datos publicados por distintos relevamientos institucionales indican que una proporción significativa de juzgados y fiscalías federales se encuentran actualmente sin titulares designados.
Esto implica que decenas de cargos deberán ser cubiertos a través del proceso institucional que incluye concursos, evaluación en el Consejo de la Magistratura y aprobación final en el Senado.
Ese mecanismo es complejo y suele estar atravesado por negociaciones políticas entre el Gobierno y los bloques parlamentarios.
El Ministerio de Justicia cumple un papel clave en ese proceso, ya que participa en el seguimiento de los concursos y en la elaboración de las propuestas de nombramientos.
Por eso, el control político de la cartera tiene una importancia estratégica para cualquier gobierno.
El contexto del recambio también está marcado por otro frente institucional que permanece abierto: la discusión sobre la composición de la Corte Suprema.
El máximo tribunal atraviesa desde hace tiempo un debate político sobre posibles ampliaciones o nombramientos, un tema que generó fuertes tensiones entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición.
En ese escenario, el Ministerio de Justicia suele funcionar como el espacio desde donde se elaboran las estrategias institucionales para impulsar o negociar esos cambios.
Por eso, la llegada de un nuevo ministro también tiene implicancias en esa discusión de fondo.
En la Argentina, el Ministerio de Justicia nunca es solo un área técnica.
Es un lugar donde se cruzan la política, el poder judicial y las tensiones institucionales que atraviesan al sistema.
El cambio de nombres dentro de la cartera refleja esa realidad.
El Gobierno libertario llegó al poder con un discurso muy crítico hacia el funcionamiento del sistema judicial y con promesas de reformas profundas.
Pero gobernar implica interactuar con ese mismo entramado institucional.
La llegada de Juan Bautista Mahiques parece apuntar justamente a ese punto de equilibrio: alguien con experiencia dentro del sistema, conocimiento del funcionamiento de los tribunales y capacidad de moverse dentro de un mundo donde la política y la justicia conviven permanentemente.
En ese tablero complejo, el control del Ministerio de Justicia puede convertirse en uno de los factores decisivos para el rumbo institucional del Gobierno en los próximos años.
