Alejandro CabreraLa discusión sobre el golpe del 24 de marzo de 1976 suele simplificarse en consignas. De un lado, la idea de una amenaza insurgente en expansión; del otro, la afirmación de que las organizaciones armadas ya estaban derrotadas. Sin embargo, el cuadro real es más complejo y, al mismo tiempo, más incómodo: para el momento en que los militares toman el poder, la guerrilla estaba profundamente debilitada, pero no completamente extinguida.
Ese punto intermedio es clave. Porque no solo redefine el contexto del golpe, sino que también obliga a revisar el alcance y la lógica del terrorismo de Estado que se desplegó después. ¿Se trató de una respuesta a una amenaza vigente o de un proyecto político más amplio que utilizó ese argumento como justificación?
Para entender la situación en 1976 hay que retroceder al menos dos años. A partir de 1974, el escenario político argentino se vuelve crecientemente violento, pero también comienza un proceso de desgaste acelerado de las organizaciones armadas.
En el caso de ERP, el deterioro fue especialmente evidente. La organización, de perfil marxista y estructura militarizada, había apostado a una estrategia de guerra revolucionaria con base territorial, especialmente en Tucumán. Pero ese intento fue neutralizado de manera contundente con el Operativo Independencia, desplegado durante el gobierno constitucional.
Esa ofensiva marcó un quiebre. El ERP perdió capacidad logística, territorial y de mando. A eso se sumó la caída de cuadros clave y el progresivo aislamiento político. Para 1976, su capacidad de acción era mínima y su derrota militar, en términos estratégicos, prácticamente un hecho consumado.
El golpe terminó de sellar ese proceso, pero no lo inició.
La situación de Montoneros fue distinta, aunque también atravesada por un fuerte debilitamiento. A diferencia del ERP, su inserción política y social había sido más amplia, especialmente en sectores juveniles y del peronismo.
Sin embargo, a partir de 1974, tras la ruptura con el gobierno de Juan Domingo Perón, la organización pasó a la clandestinidad. Esa decisión marcó el inicio de una etapa de repliegue, pérdida de estructura territorial y creciente persecución.
Para el momento del golpe, Montoneros aún existía, pero en condiciones muy distintas a las de sus años de mayor expansión. Su conducción, encabezada por Mario Firmenich, operaba en gran medida desde el exterior, y las acciones en el país eran más esporádicas, con menor impacto y mayor vulnerabilidad.
No estaba derrotada en términos absolutos, pero sí en una posición claramente defensiva.
Uno de los elementos más importantes para entender este escenario es que la represión no comenzó con la dictadura. Durante el gobierno constitucional previo al golpe ya se habían desplegado mecanismos de persecución ilegal y violencia política.
La Triple A actuó como un brazo parapolicial que ejecutó asesinatos, amenazas y atentados contra militantes, intelectuales y opositores. A esto se sumaron operativos militares formales, como el de Tucumán, que implicaron la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Este proceso fue clave para debilitar a las organizaciones armadas antes del golpe. Es decir, cuando los militares asumen el poder en 1976, ya existía una estructura represiva en funcionamiento y una insurgencia en retroceso.
Este punto es el núcleo del debate. Porque si bien es cierto que las organizaciones armadas no habían desaparecido completamente, también lo es que no estaban en condiciones de disputar el poder del Estado.
No controlaban territorio de manera efectiva, no tenían capacidad para sostener una ofensiva prolongada y habían perdido gran parte de su estructura operativa. En ese contexto, la idea de una amenaza inminente de toma del poder resulta, como mínimo, discutible.
Esto no implica negar la existencia de la violencia guerrillera ni su impacto. Implica, más bien, poner en perspectiva su dimensión real al momento del golpe.
Y ahí es donde aparece la pregunta más incómoda: si la guerrilla estaba debilitada, ¿por qué la represión posterior fue tan masiva, sistemática y extendida?
La dictadura que comienza en 1976 no se limita a combatir a las organizaciones armadas. Lo que se despliega es un sistema de represión clandestina que excede ampliamente ese objetivo.
Secuestros, desapariciones, centros clandestinos de detención, torturas y apropiación de menores forman parte de un dispositivo que no distingue únicamente entre combatientes y no combatientes. La categoría de “subversivo” se amplía hasta abarcar a estudiantes, sindicalistas, periodistas y ciudadanos sin militancia armada.
Ese salto cualitativo es clave. Porque marca una diferencia entre una lógica de guerra y una lógica de disciplinamiento social.
En paralelo a la represión, el régimen impulsa una transformación económica profunda bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz.
Apertura financiera, endeudamiento externo, desindustrialización y concentración económica son algunos de los ejes de ese programa. En ese contexto, la eliminación de la conflictividad social —sindicatos, militancia, organización política— aparece como una condición necesaria para implementar ese modelo.
Esto refuerza la idea de que el objetivo del régimen no era exclusivamente militar, sino también económico y político.
A casi medio siglo del golpe, la discusión sobre el estado de las guerrillas en 1976 sigue siendo un punto de tensión en la memoria colectiva argentina.
Hay quienes sostienen que la represión fue una respuesta necesaria a una amenaza real. Otros argumentan que esa amenaza estaba sobredimensionada y que el verdadero objetivo fue reorganizar la sociedad en función de un nuevo modelo.
Entre ambas posiciones, los datos muestran un escenario más matizado: organizaciones armadas debilitadas, pero no inexistentes; una represión que comenzó antes del golpe, pero que se profundizó de manera inédita después; y un Estado que amplió el alcance de su accionar mucho más allá de la lucha contra la guerrilla.
Lo que ocurrió en esos años no es solo materia de archivo. Sigue influyendo en la política, en el debate público y en la forma en que se interpretan conceptos como violencia, Estado y legitimidad.
La discusión sobre si la guerrilla estaba derrotada en 1976 no es un dato técnico. Es una puerta de entrada a una pregunta más profunda sobre los límites del poder estatal y las justificaciones de la violencia.
Y en ese terreno, las certezas absolutas suelen ser menos útiles que la reconstrucción rigurosa de los hechos.
