Venezuela sigue buscando a sus muertos: familias reclaman grúas y el regreso de los rescatistas extranjeros

“¿Dónde están las grúas?”. La pregunta se repite frente a las montañas de cemento que todavía cubren calles enteras de La Guaira, la región más golpeada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Los familiares de quienes permanecen desaparecidos aseguran que las tareas avanzan con lentitud y, en algunos puntos, dependen de pequeñas máquinas privadas, herramientas manuales y grupos de voluntarios. La esperanza de encontrar sobrevivientes prácticamente desapareció, pero miles de personas continúan esperando recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

El balance oficial actualizado este domingo elevó a 4.490 la cantidad de fallecidos y mantuvo en 16.740 el número de heridos. Otras 6.462 personas pudieron ser rescatadas desde el comienzo de la emergencia, mientras más de 19.500 damnificados viven actualmente en campamentos temporales, estadios, plazas y refugios improvisados.

La magnitud del desastre convirtió al doble sismo en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente de América Latina. Sin embargo, casi tres semanas después, el número exacto de desaparecidos continúa sin conocerse.

Menos rescatistas y una búsqueda que todavía no terminó

Desde los terremotos participaron aproximadamente 3.500 rescatistas nacionales y extranjeros. En la actualidad quedarían alrededor de 2.400 trabajando en las zonas afectadas y acompañando a las familias durante la recuperación de cuerpos.

Durante los primeros días llegaron brigadas especializadas de 27 países, acompañadas por perros entrenados, arquitectos, ingenieros y expertos en estructuras colapsadas. Los equipos fueron distribuidos principalmente entre Caracas, La Guaira, Catia La Mar y las localidades cercanas a la costa.

Las primeras 72 horas son consideradas decisivas para encontrar personas con vida después de un terremoto. Con el paso del tiempo, muchas brigadas internacionales finalizaron sus misiones y regresaron a sus países, mientras la operación comenzó a transformarse en una tarea de recuperación de cadáveres.

Para los familiares, sin embargo, la retirada de esos grupos dejó un vacío difícil de reemplazar. Los rescatistas extranjeros no solamente aportaban mano de obra: contaban con cámaras térmicas, radares, perros especializados, equipos hidráulicos y experiencia para ingresar en estructuras que todavía presentan riesgo de derrumbe.

El bombero español David Hermida, que participó de las operaciones en La Guaira, describió el centro de la ciudad como una “zona de guerra”. Explicó que avenidas completas quedaron rodeadas por edificios derrumbados o seriamente dañados y que ninguna imagen televisiva alcanza a transmitir la dimensión de la destrucción.

Los 52 integrantes de los equipos españoles trabajaron durante cuatro días con perros especializados, pero no consiguieron localizar nuevas señales de vida. La experiencia reflejó una realidad cada vez más dura: la búsqueda de sobrevivientes fue reemplazada progresivamente por la necesidad de recuperar los cuerpos.

“Estamos trabajando con una grúa pequeña”

En varios sectores, los familiares permanecen junto a los escombros durante todo el día. Algunos organizan turnos para vigilar los edificios y evitar que las tareas sean suspendidas. Otros contratan máquinas, compran combustible o consiguen herramientas mediante donaciones.

Un ciudadano identificado como Eduardo, que puso a disposición una pequeña grúa para colaborar en una zona afectada, reclamó públicamente la aparición de la maquinaria prometida por las autoridades.

“Estamos con una grúa pequeña. ¿Dónde están las grúas que trajo el Gobierno? ¿Qué es lo que está pasando aquí?”, expresó mientras trabajaba junto a vecinos y voluntarios.

La utilización de maquinaria pesada resulta indispensable para levantar grandes bloques de hormigón, vigas y losas. No obstante, cada movimiento debe realizarse bajo supervisión técnica: retirar una pieza sin evaluar el equilibrio de la estructura puede provocar nuevos derrumbes y poner en peligro a familiares y rescatistas.

La falta de coordinación también aparece como uno de los principales problemas. En determinadas zonas existen brigadas y máquinas disponibles, pero no hay información clara sobre qué edificios deben ser atendidos primero. En otros lugares, los familiares aseguran que los operativos se detuvieron sin que todos los departamentos hayan sido revisados.

El reclamo no apunta solamente a encontrar posibles sobrevivientes. Las familias quieren recuperar los restos, identificarlos y poder despedirlos. Para muchas personas, abandonar los edificios sin completar la búsqueda equivale a dejarlos convertidos en tumbas colectivas.

Cuerpos perdidos y familias que no pueden cerrar el duelo

La crisis se extiende también a las morgues y cementerios improvisados. La cantidad de víctimas superó rápidamente la capacidad de los hospitales, los servicios forenses y las funerarias.

En el Puerto de La Guaira fueron instaladas dependencias provisorias para recibir y clasificar los cadáveres. Sin embargo, familiares denunciaron errores en las etiquetas, cuerpos colocados en bolsas equivocadas y números de identificación que se borraron por la lluvia y las condiciones en las que fueron recuperados.

Liliana Figueroa regresó desde Brasil para buscar a su hija Angelina, de 16 años, y a su expareja Richard. Logró reconocerlos en fotografías tomadas en la morgue, pero cuando revisó las bolsas correspondientes encontró los cuerpos de otras personas.

La mujer entregó una muestra de ADN y continúa recorriendo diariamente los centros forenses. Su caso muestra una nueva dimensión de la tragedia: personas que aparecen oficialmente entre los muertos, pero cuyos restos no pueden ser localizados o entregados a sus familias.

Al menos 315 cuerpos habían sido sepultados sin una identificación definitiva. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que cada víctima debería ser recuperada, georreferenciada, documentada y sometida a estudios genéticos antes de su entierro, un procedimiento difícil de cumplir en medio del colapso operativo.

Las autoridades sostienen que cada cuerpo cuenta con un expediente que permitirá su identificación posterior. Las familias, por su parte, reclaman información centralizada, acceso a los registros y procedimientos más transparentes para evitar que los restos sean entregados o enterrados incorrectamente.

Una emergencia que continúa creciendo

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron al menos siete estados venezolanos, aunque la mayor destrucción se concentró en La Guaira. Más de 850 edificios sufrieron daños y alrededor de 190 colapsaron completamente o registraron fallas estructurales graves.

El Gobierno calcula que será necesario construir unas 25.000 viviendas. Mientras tanto, miles de personas permanecen en carpas, escuelas y refugios, muchas veces sin agua potable suficiente, sistemas adecuados de saneamiento o atención médica permanente.

La OPS calificó la situación sanitaria como crítica. El hacinamiento y las dificultades para acceder a agua segura aumentaron los casos de diarrea, infecciones de la piel y complicaciones en pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas.

La reconstrucción todavía no comenzó plenamente porque una parte de las zonas afectadas continúa en etapa de búsqueda, demolición y evaluación estructural. Cada edificio debe ser revisado antes de permitir el regreso de los habitantes o autorizar su derribo.

Para quienes permanecen frente a los escombros, la prioridad es más inmediata. No reclaman únicamente viviendas nuevas o ayuda económica. Piden grúas, especialistas y tiempo para completar la recuperación de quienes todavía están atrapados.

Casi tres semanas después de los terremotos, Venezuela ya no busca solamente sobrevivientes. Busca nombres, cuerpos y respuestas para miles de familias que todavía no pudieron comenzar su duelo.