Alejandro CabreraEl caso que desde hace más de un año sacude a la Justicia de San Isidro acaba de entrar en una etapa decisiva. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar preventivamente a Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mientras avanza el proceso destinado a determinar si corresponde removerlo definitivamente.
La decisión fue adoptada este miércoles y se conoció públicamente este jueves. García Maañón ya se encontraba de licencia por decisión de la Suprema Corte bonaerense, pero ahora la suspensión proviene del propio órgano que deberá evaluar los seis cargos formulados contra él. El proceso está presidido por Sergio Gabriel Torres, titular de la Suprema Corte provincial, e integrado por conjueces provenientes de la abogacía y de la Legislatura bonaerense.
El expediente comenzó en julio de 2025, cuando una funcionaria de la Cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte. Según su relato, García Maañón habría desarrollado durante meses una conducta de acoso sexual y laboral, acompañada de abuso de su posición jerárquica. La mujer aportó mensajes de WhatsApp y posteriormente una importante cantidad de audios como prueba de sus acusaciones.
Entre los mensajes incorporados aparecen comentarios sobre su aspecto y su vestimenta. Infobae reprodujo expresiones atribuidas al magistrado como “esos pantalones te quedan muy bien”, mientras que otros registros conocidos anteriormente contienen recomendaciones sobre cómo debería vestirse para determinados actos judiciales y propuestas para encontrarse fuera del trabajo. En otro intercambio difundido en la causa, García Maañón habría escrito que podía presentarse “desnuda”, frase que luego adquirió especial repercusión pública.
El material aportado terminó siendo mucho más voluminoso que algunos mensajes aislados. El abogado de la denunciante, Juan Saucedo, presentó 156 audios. En uno de ellos, según publicó TN, García Maañón se definía como un “cazador” y hablaba de su interés por una mujer que no fuera sumisa. Otros registros contienen referencias a la vestimenta, invitaciones personales y comentarios vinculados con ascensos o nombramientos dentro del Poder Judicial.
Es importante separar en todo momento la existencia de esos elementos del resultado judicial. Los audios y chats fueron incorporados a las actuaciones y forman parte de la acusación, pero será el proceso correspondiente el que determine su valor probatorio, su contexto y las responsabilidades que eventualmente pudieran derivarse.
El expediente disciplinario creció rápidamente y dejó de estar limitado a la relación entre García Maañón y la funcionaria.
En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense llevó formalmente el caso ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Luego se incorporó otra presentación realizada por el Colegio de Abogados de San Isidro y ambos expedientes terminaron acumulados.
La acusación actualmente reúne seis cargos.
El primero está vinculado con las presuntas conductas inapropiadas y situaciones de acoso hacia mujeres. El segundo se refiere a supuestos malos tratos reiterados contra empleados y funcionarios mediante descalificaciones, expresiones agraviantes y órdenes consideradas arbitrarias. El tercero apunta al presunto uso de recursos públicos para beneficio personal. El cuarto analiza comportamientos irrespetuosos hacia superiores y supuestas referencias a su poder institucional como forma de intimidación. El quinto se relaciona con presiones que habría ejercido sobre testigos y el sexto con una presunta delegación irregular de su firma digital.
Es decir, el jury ya no está examinando exclusivamente una denuncia de naturaleza sexual. Lo que deberá determinar es si existió un conjunto de conductas incompatibles con el ejercicio de la magistratura.
El cuadro se agravó todavía más a partir de una investigación penal paralela a cargo del fiscal José Amallo.
En una ampliación de su declaración, la funcionaria aseguró que García Maañón intentó besarla por la fuerza y le tocó los glúteos. También relató un episodio particularmente grave dentro de su despacho: sostuvo que el juez extrajo una pistola, manipuló el arma y pasó el caño cerca de su rostro, lo que, según declaró, le provocó temor. Esas afirmaciones corresponden al relato de la denunciante y continúan sujetas a investigación.
A raíz de ese episodio, la Justicia ordenó en mayo un procedimiento en la casa de García Maañón en el barrio El Cazador, en Escobar. Participaron efectivos especializados de la Policía bonaerense y el Grupo Halcón. Allí fueron secuestradas cinco pistolas que, según informó La Nación, habían sido transferidas previamente a nombre de uno de sus hijos. TN señaló que entre las armas había pistolas Glock y que la medida buscaba evitar posibles situaciones de intimidación mientras continuaba la causa.
La existencia de esas armas tampoco prueba por sí misma que hayan sido utilizadas para amenazar a la denunciante. Lo relevante para la investigación es determinar si alguno de los elementos secuestrados coincide con el arma mencionada por la mujer y qué ocurrió efectivamente durante el episodio que describió.
García Maañón había presentado su renuncia al cargo en medio del avance del caso. Sin embargo, esa decisión no impidió que continuara el proceso institucional destinado a analizar su conducta.
El apartamiento preventivo constituye un paso importante, pero no equivale a una destitución ni a una declaración de culpabilidad.
El Jurado deberá continuar con la producción de prueba, escuchar las posiciones de las partes y determinar si los hechos atribuidos al magistrado alcanzan la gravedad necesaria para removerlo. Paralelamente, la causa penal tiene su propio recorrido y deberá resolver si existieron delitos y quién resulta responsable de ellos.
La suspensión decidida esta semana es, por lo tanto, una medida institucional adoptada mientras se desarrolla ese proceso. TN informó que el apartamiento preventivo fue dispuesto inicialmente por 90 días.
El caso también expone una cuestión particularmente sensible para el Poder Judicial. La acusación no describe solamente un eventual comportamiento privado entre dos adultos, sino una relación jerárquica en la que una de las personas involucradas ocupaba uno de los cargos más importantes de la estructura judicial de San Isidro y la otra trabajaba bajo su autoridad.
La denunciante sostiene precisamente que el trato cambió después de rechazar un vínculo personal y que posteriormente sufrió hostigamiento y descalificaciones dentro de su lugar de trabajo. En actuaciones previas también afirmó que García Maañón habría comunicado a otros integrantes de la Cámara que pensaba reemplazarla porque se había “mandado varias macanas”, episodio que ella interpretó como una represalia.
Será tarea de los investigadores y del Jury establecer si esa interpretación puede probarse.
Pero el expediente ya alcanzó una dimensión que excede largamente aquellos primeros chats que dieron origen al escándalo. De los comentarios sobre pantalones, escotes y encuentros personales se pasó a 156 audios, denuncias por presunto abuso de autoridad, acusaciones de presión sobre testigos, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y un allanamiento en el que fueron secuestradas armas de fuego.
Ahora García Maañón está fuera preventivamente de funciones y enfrenta seis cargos ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La discusión dejó de ser si determinados mensajes fueron impropios para un juez.
Lo que deberá resolver la Justicia bonaerense es algo mucho más profundo: si quien debía garantizar derechos y administrar Justicia utilizó indebidamente el poder que le otorgaba su cargo.
