La baja a 14 años quedó frenada en Buenos Aires: el fallo tiene sustento, pero enfrenta una batalla por sus límites

La nueva ley penal juvenil argentina duró apenas dos días sin obstáculos judiciales en la provincia más poblada del país. El sábado 5 de septiembre comenzó a regir la Ley 27.801, que reemplazó el régimen vigente desde 1980 y estableció la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años. Este lunes, prácticamente al mismo tiempo que el gobierno de Javier Milei publicaba su reglamentación, la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, dispuso suspender preventivamente su aplicación durante 60 días en toda la provincia de Buenos Aires.

La decisión surgió de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la organización presidida por el sacerdote José María Di Paola, el “Padre Pepe”. La demanda no atacó principalmente la decisión política del Congreso de reducir la edad mínima, sino algo bastante más concreto: sostuvo que incorporar inmediatamente a jóvenes de 14 y 15 años al universo de personas que pueden terminar privadas de su libertad provocaría un aumento de detenidos que el sistema bonaerense actualmente no tiene infraestructura, profesionales ni dispositivos adecuados para absorber. Pascual tomó ese argumento y convirtió la capacidad real del Estado para alojar adolescentes en el centro de su resolución.

Ahí aparece una primera precisión importante. La jueza no declaró inconstitucional la Ley 27.801 ni anuló la decisión del Congreso de establecer la responsabilidad penal desde los 14 años. Lo que hizo fue dictar una medida cautelar temporal porque considera que su aplicación inmediata podría producir detenciones en condiciones contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de protección de niños y adolescentes. El 16 de septiembre convocó además a funcionarios de las áreas provinciales de Seguridad, Justicia y Niñez para que expliquen qué hicieron durante estos meses para preparar el sistema, qué capacidad de alojamiento existe, qué recursos humanos están disponibles y cuál es el cronograma previsto para implementar las nuevas obligaciones.

La discusión, sin embargo, no termina ahí. El fallo contiene una tensión jurídica evidente. El Congreso Nacional tiene facultades para establecer la legislación penal de fondo y acaba de decidir, mediante una ley vigente para todo el país, que el régimen se aplique a adolescentes desde los 14 años. Las provincias, por su parte, conservan la administración de justicia, sus procedimientos y la responsabilidad sobre buena parte de los establecimientos donde esos jóvenes deben cumplir una eventual privación de libertad. Pascual tiene competencia indiscutible para controlar las condiciones de detención en Buenos Aires; mucho más discutible será determinar si esa competencia le permite suspender de manera general la aplicación de una ley nacional en los 135 municipios bonaerenses.

Por qué el fallo tiene una base jurídica más sólida de lo que parece

El argumento más fuerte de la resolución está paradójicamente dentro de la propia ley que acaba de suspender. El artículo 27 de la Ley 27.801 establece expresamente que un adolescente privado de libertad debe ser alojado en un instituto adecuado y con personal especializado. Los artículos siguientes exigen que los establecimientos respeten criterios específicos de edad, salud, educación, situación procesal y etapa de desarrollo, además de impedir el contacto con detenidos adultos. La norma también establece asistencia médica, psicológica y psiquiátrica especializada. Es decir, el Congreso no se limitó a decir que desde los 14 años una persona puede quedar sometida al sistema penal: también estableció condiciones exigentes bajo las cuales esa responsabilidad puede ejecutarse.

Eso fortalece el razonamiento de Pascual. Si el Estado incorpora miles de potenciales nuevos sujetos al sistema pero no puede demostrar que existen instalaciones capaces de recibirlos respetando las propias reglas establecidas por el Congreso, un juez de hábeas corpus puede intervenir antes de que la violación se produzca. El hábeas corpus argentino no sirve únicamente para liberar a una persona detenida ilegalmente. La Ley 23.098 habilita su utilización frente a una amenaza actual a la libertad ambulatoria y también cuando existen condiciones ilegítimas de privación de libertad. Además, la jurisprudencia argentina reconoce desde hace años la posibilidad de utilizarlo colectivamente cuando el problema afecta estructuralmente a un conjunto de personas detenidas.

El precedente fundamental es “Verbitsky”, resuelto por la Corte Suprema en 2005 justamente alrededor de las condiciones carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Allí el máximo tribunal aceptó un hábeas corpus colectivo presentado por el CELS frente a la superpoblación y las condiciones de alojamiento de detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses. La Corte no consideró necesario esperar a que cada detenido iniciara individualmente una causa. Reconoció que un problema estructural puede requerir una solución igualmente colectiva. Ese antecedente constituye un apoyo importante para la herramienta procesal elegida por la Federación Hogar de Cristo y aceptada por Pascual.

Además, la ley nacional dejó en manos de las jurisdicciones una parte considerable de la implementación. Las provincias deben organizar establecimientos especializados, establecer mecanismos para los supervisores y adaptar sus regímenes procesales y administrativos. El artículo 49 las invita específicamente a adecuar su legislación, mientras que el artículo 51 permite convenios de cooperación entre Nación y provincias para garantizar los estándares del sistema e incluso contempla el traslado o alojamiento de adolescentes en otras jurisdicciones. La reforma, por lo tanto, nunca fue concebida como una modificación exclusivamente penal que pudiera comenzar a funcionar automáticamente sin preparación provincial.

La jueza tiene también un argumento temporal menos sencillo. El Congreso había previsto exactamente 180 días entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia, un plazo que venció este fin de semana. Eso significa que no puede sostenerse que la provincia se enteró repentinamente de la reforma: tuvo seis meses para adaptar sus estructuras. Desde la perspectiva del Gobierno nacional, ese plazo será probablemente uno de los argumentos más fuertes contra la suspensión. Desde la perspectiva de Pascual, en cambio, que hayan pasado 180 días sin que las condiciones necesarias existan no elimina la amenaza constitucional; podría demostrar precisamente la necesidad de que intervenga la Justicia.

Por eso reducir el fallo a una discusión entre “mano dura” y “garantismo” impide ver dónde está su verdadera fortaleza. La jueza no necesita demostrar que bajar la edad a 14 años sea constitucionalmente inválido para sostener su medida. Le alcanza, al menos cautelarmente, con acreditar que detener a esos adolescentes en las actuales condiciones podría agravar ilegítimamente su situación. Y sobre ese terreno los jueces penales y juveniles tienen facultades importantes de protección.

El problema aparece cuando el remedio escogido deja de concentrarse exclusivamente en cómo se detiene a los jóvenes y alcanza a la aplicación general de la ley.

El punto más vulnerable: una jueza de Lomas que suspende una norma nacional en toda la provincia

La Ley de Hábeas Corpus establece una diferencia relevante. Cuando el acto lesivo proviene de una autoridad provincial, interviene la Justicia provincial; cuando proviene de una autoridad nacional, corresponde la jurisdicción federal. En esta causa, el peligro que identifica Pascual no proviene estrictamente del Congreso que sancionó la ley, sino del modo en que las autoridades bonaerenses podrían ejecutarla mediante instituciones provinciales que, según la magistrada, no reúnen actualmente las condiciones necesarias. Esa construcción le permite mantener el expediente dentro de la Justicia bonaerense.

Pero queda una pregunta inevitable: ¿puede un solo Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora dictar una cautelar que obligue a todos los jueces, fiscales y autoridades de una provincia de 17 millones de habitantes a no aplicar una ley penal nacional? Ahí la viabilidad jurídica es bastante menos clara.

Los juzgados juveniles bonaerenses funcionan dentro de departamentos judiciales con competencias territoriales determinadas. El de Pascual pertenece a Lomas de Zamora, cuya jurisdicción comprende Lomas, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. El hábeas corpus colectivo permite ampliar considerablemente los efectos de una decisión cuando existe una clase homogénea afectada, pero eso no elimina automáticamente todas las reglas de competencia territorial. LA NACION ya recogió la advertencia de funcionarios judiciales que consideran posible que un magistrado de otro departamento —por ejemplo San Isidro— entienda que la resolución de Pascual no lo obliga y decida aplicar la Ley 27.801 ante un caso concreto.

Ese es probablemente el flanco más débil del fallo. Una cosa es ordenar al Poder Ejecutivo provincial que no aloje nuevos adolescentes en establecimientos que presentan condiciones constitucionalmente deficientes. Otra, mucho más ambiciosa, es convertir ese problema material en una suspensión territorial completa de los efectos de una ley nacional. Un tribunal superior podría considerar que Pascual escogió un remedio excesivamente amplio y reemplazarlo por uno más limitado: por ejemplo, mantener vigente el nuevo régimen pero prohibir determinadas formas de detención hasta que existan plazas adecuadas.

Incluso existe una segunda dificultad. La Ley 27.801 derogó expresamente el antiguo régimen de la Ley 22.278 cuando entró en vigencia. Por eso una suspensión general de la nueva legislación plantea una pregunta incómoda: qué régimen penal queda entonces vigente en Buenos Aires durante esos 60 días. Una resolución cautelar provincial no parece tener capacidad para resucitar automáticamente una ley nacional que el Congreso ya derogó. Ese potencial vacío es otra razón por la cual una instancia superior podría intentar precisar rápidamente el alcance del fallo.

En términos prácticos, el caso más delicado sería el de un adolescente de 14 o 15 años acusado mañana de un homicidio, una violación o un robo gravemente violento en territorio bonaerense. La resolución de Pascual significa que, mientras sea acatada, no debería ser encarcelado aplicando el nuevo régimen. Eso no convierte el hecho en inexistente, no impide investigar qué ocurrió y tampoco impide investigar la participación de adultos u otras personas. Pero la posibilidad de someter penalmente y privar de libertad al adolescente bajo la Ley 27.801 quedaría atravesada por la cautelar.

Y allí puede aparecer uno de los escenarios más problemáticos para la seguridad jurídica: que dos departamentos judiciales reaccionen de manera diferente ante hechos semejantes. Si Lomas entiende que la cautelar tiene efectos provinciales y San Isidro considera que un juez territorialmente ajeno no puede impedirle aplicar una ley nacional vigente, podría haber durante algunos días criterios contradictorios sobre jóvenes de exactamente la misma edad acusados de delitos similares. Esa sola posibilidad genera presión para que una Cámara de Apelaciones intervenga rápidamente.

El Código Procesal Penal bonaerense establece que las resoluciones dictadas en hábeas corpus son impugnables ante las Cámaras de Apelación y Garantías. Por eso el camino más inmediato es que la decisión llegue a la alzada, que podrá confirmarla, revocarla o mantener la protección de los adolescentes pero reducir su alcance. Si la controversia continúa y se discute la relación entre una decisión judicial provincial y una ley federal sancionada por el Congreso, existe una cuestión federal suficientemente importante como para que el conflicto pueda ascender posteriormente a tribunales superiores y, eventualmente, terminar ante la Corte Suprema.

La audiencia del 16 de septiembre será decisiva incluso antes de que todo eso ocurra. Si la Provincia demuestra que dispone de establecimientos diferenciados para 14 y 15 años, plazas suficientes, equipos especializados, supervisores y un programa concreto de implementación, Pascual podría reducir o levantar anticipadamente la cautelar. Si, por el contrario, los informes oficiales confirman hacinamiento, falta de profesionales o inexistencia de sectores separados por franjas etarias, el fundamento material de la decisión se fortalecerá considerablemente.

También hay un problema político que ya comenzó. Patricia Bullrich atribuyó la decisión al “garantismo” bonaerense y responsabilizó a Axel Kicillof, aunque el fallo pertenece al Poder Judicial y no fue dictado por el gobernador. La discusión probablemente escale porque para el oficialismo nacional la reducción de la edad penal fue una de las principales reformas de seguridad aprobadas este año y que quede suspendida precisamente en Buenos Aires, donde se concentra una proporción enorme de los delitos del país, tiene un impacto político muy superior al de una simple medida procesal.

La paradoja es que el Gobierno puede cuestionar el alcance de la resolución sin que eso necesariamente invalide su argumento central. La Ley 27.801 está vigente y el Congreso tiene competencia para fijar desde qué edad existe responsabilidad penal; pero esa misma ley obliga a que las detenciones juveniles se realicen en condiciones especiales que el Estado debe garantizar. Si esas condiciones no existen, los jueces tienen la obligación de intervenir. La gran discusión no es, entonces, si Pascual podía hacer algo, sino si podía hacer tanto.

Por eso la suspensión de los próximos 60 días tiene posibilidades reales de sufrir modificaciones. Es jurídicamente difícil que una resolución de primera instancia de un juzgado territorial termine funcionando durante dos meses como una paralización indiscutida de una ley nacional en toda Buenos Aires. Lo más probable es que el conflicto sea revisado rápidamente y que una Cámara tenga que definir si confirma el alcance provincial, lo limita a las condiciones de detención o directamente deja sin efecto la cautelar.

Pero tampoco parece sencillo que una instancia superior ignore el problema de infraestructura señalado por Pascual. La alternativa más probable no es necesariamente elegir entre “la ley rige completamente” o “la ley queda anulada durante 60 días”. Puede aparecer una solución intermedia: reconocer la vigencia de la responsabilidad penal desde los 14 años y, al mismo tiempo, impedir internaciones o modalidades de encierro que no cumplan con los estándares establecidos por la propia reforma.

Esa puede terminar siendo la verdadera consecuencia del fallo. La discusión sobre la baja de edad, que hasta ahora se había concentrado casi exclusivamente en si un adolescente de 14 años debía responder penalmente, acaba de desplazarse hacia una pregunta mucho más incómoda para Nación y Provincia: dónde, con quiénes y bajo qué condiciones piensa el Estado alojarlo una vez que decide encerrarlo. Y esa segunda discusión puede resultar judicialmente bastante más difícil de resolver que la primera.