Alejandro CabreraLa Justicia volvió a rechazar uno de los intentos de Máximo y Florencia Kirchner para detener el avance sobre los bienes alcanzados por el decomiso ordenado en la causa Vialidad. Los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declararon inadmisibles los recursos presentados por los hijos de Cristina Kirchner y permitieron que continúe el procedimiento destinado a ejecutar patrimonialmente la condena.
La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que coincidieron en que la resolución cuestionada por las defensas no constituye todavía una sentencia definitiva ni provoca un perjuicio imposible de reparar posteriormente.
Sin embargo, el fallo no significa que los inmuebles vayan a ser rematados inmediatamente. La cuestión central todavía está pendiente ante la Corte Suprema, que deberá definir si corresponde incluir dentro del decomiso propiedades actualmente pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner pese a que ninguno de los dos fue condenado en la causa Vialidad.
La Sala IV de Casación rechazó por unanimidad los recursos de Máximo y Florencia Kirchner.
También fue rechazado un planteo vinculado con las sociedades Hotesur y Los Sauces.
La ejecución patrimonial busca recuperar aproximadamente $685.000 millones.
La primera etapa comprende 111 inmuebles cuya ejecución fue solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Una parte de esas propiedades actualmente pertenece a Máximo y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta no fueron condenados en Vialidad, pero la Justicia sostuvo que determinados bienes pueden ser alcanzados porque provendrían del patrimonio considerado producto del delito y posteriormente fueron heredados.
El eventual remate de esos bienes todavía depende de una resolución de la Corte Suprema.
Los fiscales también impulsaron un segundo pedido de decomiso que incluye 141 inmuebles, 46 vehículos y más de US$5,6 millones en efectivo.
El conflicto jurídico no gira alrededor de una nueva condena penal contra los hijos de Cristina Kirchner, sino sobre qué bienes pueden utilizarse para ejecutar la sentencia firme de la causa Vialidad.
Máximo y Florencia presentaron recursos contra una resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 del 14 de septiembre. Buscaban suspender el trámite de ejecución patrimonial mientras la Corte Suprema analiza otro planteo relacionado con el decomiso.
La estrategia de las defensas apunta a impedir que se avance materialmente sobre las propiedades hasta que el máximo tribunal determine si esos activos pueden ser considerados alcanzados por la condena.
Casación rechazó esa pretensión.
Los magistrados entendieron que todavía no existe una resolución definitiva sobre algunos de los puntos cuestionados y que, por lo tanto, las defensas tendrán oportunidades procesales posteriores para plantear nuevamente sus objeciones.
Este es el punto más importante para entender el expediente.
Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad. La sentencia alcanzó, entre otros, a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Sin embargo, parte de los bienes que la Justicia pretende utilizar para recuperar el dinero fueron transferidos o heredados posteriormente por los hijos del matrimonio Kirchner.
La defensa sostiene precisamente que no corresponde ejecutar propiedades pertenecientes a personas que no fueron condenadas en ese proceso.
Los tribunales que intervinieron hasta ahora adoptaron otra interpretación: sostuvieron que el decomiso puede alcanzar bienes considerados producto o provecho del delito aunque posteriormente hayan sido transmitidos a herederos.
Ese conflicto jurídico es el que finalmente deberá resolver la Corte Suprema.
La ejecución patrimonial deriva del perjuicio económico determinado judicialmente en la causa Vialidad.
Después de distintas discusiones sobre cómo actualizar el monto, la suma quedó establecida en $684.990.350.139,86.
La Corte Suprema ya rechazó planteos contra el mecanismo utilizado para actualizar ese valor mediante el Índice de Precios al Consumidor. Por lo tanto, la discusión principal ya no gira alrededor de cuánto dinero debe recuperarse, sino sobre qué propiedades y activos pueden utilizarse para alcanzar esa suma.
Es una diferencia fundamental.
El monto está definido. Lo que continúa en disputa es el patrimonio sobre el cual puede ejecutarse.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola propusieron avanzar inicialmente con 111 propiedades vinculadas a los condenados y al patrimonio relacionado con ellos.
Dentro de ese universo existen 84 propiedades asociadas a Lázaro Báez, 19 correspondientes actualmente a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellas bienes relacionados con el complejo Los Sauces, además de otros activos.
La Justicia considera que determinadas propiedades de los hijos pueden ser alcanzadas porque formaban parte del patrimonio generado durante el período investigado y posteriormente fueron heredadas.
La defensa rechaza esa interpretación y plantea que la transmisión hereditaria modificó la situación jurídica de esos bienes.
La Corte tendrá que establecer hasta dónde puede llegar el decomiso.
Aunque el fallo representa una derrota procesal para las defensas, los remates todavía no pueden comenzar automáticamente.
Existen varios pasos pendientes.
El principal es la resolución de la Corte sobre las quejas presentadas contra la incorporación de los bienes de Máximo y Florencia al decomiso.
Pero incluso después de esa decisión quedan procedimientos administrativos y técnicos.
El Cuerpo de Peritos Tasadores debe completar la valuación de las propiedades y, además, existe un procedimiento mediante el cual el Poder Judicial puede determinar si alguno de los inmuebles decomisados resulta útil para funciones públicas.
Aquellos bienes seleccionados podrían incorporarse directamente al patrimonio judicial en lugar de salir a subasta.
El resto sería ofrecido mediante el sistema de remates electrónicos utilizado por el Poder Judicial.
El expediente patrimonial no termina con esos 111 inmuebles.
Luciani y Mola impulsaron además un segundo pedido de decomiso, considerablemente más amplio.
Ese planteo comprende:
141 inmuebles
46 vehículos
US$5.656.134
Otros $53.280,24
Una parte particularmente conocida de ese dinero corresponde a los dólares encontrados años atrás en una caja de seguridad bancaria vinculada a Florencia Kirchner.
Por lo tanto, la discusión actual podría ser apenas la primera etapa de una ejecución patrimonial mucho mayor.
Las empresas familiares Hotesur y Los Sauces también aparecen dentro de esta disputa.
Las sociedades tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner y poseen propiedades afectadas por medidas judiciales.
En septiembre, Casación ya había rechazado otro recurso relacionado con el embargo preventivo de 13 inmuebles pertenecientes a ambas empresas. Entre ellos figura el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
La defensa había sostenido que esas propiedades no constituían producto ni provecho del delito investigado en Vialidad.
Casación consideró entonces que se trataba de medidas cautelares y que los planteos podían volver a discutirse en etapas posteriores.
También es importante separar expedientes que suelen aparecer juntos en la discusión política.
La causa Vialidad es aquella en la que Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los expedientes Hotesur y Los Sauces, en cambio, investigan presuntas maniobras diferentes y tienen procedimientos judiciales propios.
En esas causas están acusados Cristina y Máximo Kirchner, entre otros imputados, y continúa una discusión sobre la organización de los respectivos juicios. La Cámara de Casación debe revisar incluso la decisión de realizar los debates de manera separada.
Que determinadas propiedades de Hotesur y Los Sauces aparezcan dentro de la ejecución patrimonial de Vialidad no significa que los expedientes sean jurídicamente el mismo proceso.
El fallo de este jueves elimina, por ahora, una barrera procesal que Máximo y Florencia intentaban colocar frente al decomiso.
Pero la definición verdaderamente importante todavía no llegó.
La Corte Suprema deberá decidir si pueden ejecutarse bienes actualmente pertenecientes a los hijos de Cristina Kirchner para responder patrimonialmente por una condena de la que ellos no forman parte como condenados.
La respuesta tendrá consecuencias económicas enormes y puede establecer además un precedente relevante sobre cómo debe actuar la Justicia cuando bienes considerados producto de un delito son posteriormente heredados o transferidos.
Hasta entonces, el procedimiento puede seguir avanzando administrativamente, pero el remate de las propiedades más discutidas continúa condicionado por esa resolución.
Después de años dominados por debates sobre pruebas, responsabilidades penales, recursos y condenas, la causa Vialidad ingresó definitivamente en otra fase: recuperar los activos vinculados al perjuicio económico establecido por la sentencia.
La cifra es extraordinaria: casi $685.000 millones.
Y precisamente por eso la discusión sobre qué bienes pueden utilizarse para cubrirla adquirió tanta importancia como algunos de los debates anteriores del expediente.
El rechazo unánime de Casación representa un nuevo revés judicial para Máximo y Florencia Kirchner, pero no significa todavía que sus propiedades vayan inmediatamente a remate.
La batalla decisiva está ahora en la Corte Suprema: allí deberá resolverse si la Justicia puede avanzar definitivamente sobre bienes heredados por los hijos de Cristina Kirchner para ejecutar una condena de la causa Vialidad en la que ellos no fueron condenados.
