Francia entra en una nueva fase de la crisis: toques de queda, miles de detenidos y un Macron cada vez más debilitado

Las claves

• El Gobierno francés pidió a las autoridades locales aplicar toques de queda parciales y localizados en las zonas más afectadas por los disturbios.
• El primer ministro Sébastien Lecornu descartó por ahora un toque de queda generalizado en París, pero no cerró la puerta a declarar el estado de emergencia.
• Cerca de 2.400 personas fueron detenidas durante los episodios de violencia del fin de semana y casi 1.000 policías resultaron heridos, según el Ministerio del Interior.
• Las organizaciones comerciales calculan que aproximadamente 3.000 establecimientos fueron afectados por saqueos o destrozos.
• Francia había desplegado alrededor de 60.000 integrantes de las fuerzas de seguridad, pero el propio Gobierno reconoció que en algunos puntos el dispositivo resultó insuficiente.
• Macron rechazó la renuncia de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, y reclamó explicaciones por las fallas de inteligencia y previsión.
• Las protestas comenzaron semanas atrás alrededor de problemas educativos y terminaron incorporando reclamos sobre costo de vida, salarios, vivienda, gasto público y deterioro de los servicios del Estado.
• La crisis llega apenas seis meses antes de la elección presidencial de 2027 y aumenta la presión sobre todo el sistema político francés. 

Del reclamo estudiantil a una crisis de orden público

Francia lleva varias semanas atravesando una protesta que fue cambiando de dimensión. El movimiento comenzó con estudiantes y docentes reclamando por falta de recursos, condiciones educativas deficientes y dificultades crecientes para sostener el sistema público, pero rápidamente empezó a incorporar demandas más amplias vinculadas con el costo de vida, los salarios y la calidad de los servicios estatales.

La movilización creció hasta reunir a cientos de miles de personas en distintas ciudades y terminó incorporando sindicatos, organizaciones políticas, colectivos juveniles y algunos sectores vinculados históricamente con los Chalecos Amarillos. El deterioro se aceleró durante el último fin de semana, cuando las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios, saqueos y ataques contra comercios y edificios públicos. 

El cambio de escala obligó al Gobierno a modificar su respuesta. El problema ya no consiste únicamente en administrar una protesta social, sino en garantizar el funcionamiento de algunas de las principales ciudades francesas mientras continúan las manifestaciones.

El Gobierno empieza a recurrir a los toques de queda

El primer ministro Sébastien Lecornu pidió este lunes que las autoridades locales adopten toques de queda parciales y territorialmente limitados en aquellos lugares donde existe mayor riesgo de nuevos disturbios. Por el momento descartó una prohibición general para toda París, aunque dejó abierta la posibilidad de utilizar instrumentos más duros si la situación vuelve a deteriorarse.

Marsella, una de las ciudades más golpeadas por los saqueos, prohibió durante varias horas las concentraciones y manifestaciones. En París también comenzaron a aplicarse restricciones sobre algunos de los puntos que concentraron los incidentes, mientras las autoridades reforzaron la vigilancia sobre áreas comerciales y edificios públicos. 

El Gobierno intenta establecer una distinción entre quienes participan de las protestas y los grupos responsables de saqueos, incendios y ataques contra la policía. Lecornu responsabilizó a sectores de la extrema izquierda por parte de la violencia y sostuvo que existen organizaciones interesadas en profundizar la inestabilidad antes de las elecciones presidenciales.

Jean-Luc Mélenchon, uno de los principales referentes de la izquierda francesa, rechazó la acusación y exigió que el Gobierno presente pruebas antes de atribuir políticamente los disturbios. La discusión muestra hasta qué punto la crisis social ya ingresó de lleno en la campaña presidencial. 

2.400 detenidos y casi 1.000 policías heridos

Las cifras del fin de semana explican la preocupación del Gobierno.

Según el Ministerio del Interior, aproximadamente 2.400 personas fueron detenidas, mientras cerca de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Un manifestante murió después de sufrir un paro cardíaco durante las protestas del sábado.

El Gobierno había movilizado alrededor de 60.000 policías y miembros de otras fuerzas de seguridad, una cifra excepcional incluso para un país acostumbrado a grandes protestas. Sin embargo, el ministro del Interior reconoció que en algunos lugares el despliegue no alcanzó para controlar simultáneamente las manifestaciones y los grupos que aprovechaban la situación para saquear comercios. 

Los intendentes de París, Marsella y Lyon describieron posteriormente una situación inusual. Acostumbrados a gestionar manifestaciones multitudinarias, señalaron que durante varias horas tuvieron la percepción de que sectores completos de sus ciudades habían quedado sin protección suficiente.

Casi 3.000 comercios afectados

El impacto económico también empieza a adquirir dimensiones importantes. La Federación del Comercio y la Distribución aseguró que alrededor de 3.000 comercios sufrieron algún tipo de daño durante los disturbios.

Las imágenes más visibles llegaron desde París, donde locales de lujo de zonas como Place Vendôme aparecieron con vidrieras destruidas o protegidas por estructuras metálicas. Tiendas vinculadas con marcas como Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren y Gucci estuvieron entre las afectadas.

En Marsella fue saqueado incluso el local oficial del Olympique de Marseille sobre La Canebière, mientras Lille informó daños importantes sobre su propia tienda oficial. 

El Gobierno anunció medidas de asistencia temporal para los establecimientos perjudicados y comenzó a exigir a las plataformas digitales que eliminen publicaciones donde puedan estar ofreciéndose productos provenientes de saqueos.

La crisis social empieza así a generar una segunda consecuencia: más presión económica sobre ciudades y comercios que ya enfrentaban consumo débil, inflación acumulada y dificultades financieras.

Macron rechazó la renuncia de su ministro del Interior

La dimensión de los incidentes abrió además una crisis dentro del propio Gobierno.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia después de las críticas por el fracaso de los dispositivos de seguridad para anticipar la magnitud de los disturbios. Macron decidió rechazarla y le ordenó concentrarse en recuperar el orden público y explicar las fallas de inteligencia y previsión que permitieron que la violencia alcanzara semejante extensión.

La decisión intenta evitar la imagen de un Gobierno desorganizado en medio de la crisis, pero también deja expuesta una pregunta incómoda: cómo pudieron ser insuficientes 60.000 efectivos después de semanas en las que las protestas ya mostraban señales evidentes de crecimiento.

Ese cuestionamiento no proviene únicamente de la oposición. Exdirigentes del macronismo y figuras que hasta hace poco formaban parte del oficialismo comenzaron a cuestionar públicamente la capacidad del presidente para conducir la última etapa de su mandato. 

Macron enfrenta esta crisis con mucho menos margen que durante los Chalecos Amarillos

La comparación con las protestas de los Chalecos Amarillos de 2018 y 2019 aparece inevitablemente, pero las condiciones económicas son muy diferentes.

En aquel momento Macron podía responder a parte del malestar mediante aumentos del gasto, ayudas a los hogares y concesiones fiscales. El Gobierno terminó destinando miles de millones de euros a intentar contener la protesta.

Hoy ese margen es mucho más reducido.

Francia enfrenta una deuda elevada, un déficit fiscal difícil de controlar y costos financieros crecientes. El Gobierno necesita aprobar un presupuesto capaz de estabilizar las cuentas públicas precisamente cuando las protestas reclaman más recursos para educación, servicios y poder adquisitivo.

Ahí aparece uno de los principales problemas políticos de esta crisis: una parte importante de la sociedad exige más presencia estatal al mismo tiempo que el Estado francés dispone de menos capacidad financiera para responder con gasto público. 

La crisis ya llegó a los mercados

La situación dejó de ser únicamente política y social. Este lunes los activos franceses comenzaron a mostrar el impacto de la incertidumbre.

Las acciones francesas retrocedieron, el rendimiento de los bonos soberanos volvió a subir y el euro perdió terreno frente al dólar. El diferencial entre los bonos franceses y los alemanes, uno de los indicadores utilizados para medir la percepción de riesgo dentro de la zona euro, volvió a ampliarse.

El problema para los inversores no son únicamente los disturbios. Francia necesita simultáneamente reducir el déficit, financiar una deuda cada vez más cara y gestionar una crisis social que aumenta la presión para ampliar el gasto.

Cualquier respuesta política tiene costos. Un ajuste más fuerte puede aumentar el conflicto social, mientras nuevas concesiones fiscales pueden empeorar unas cuentas públicas que ya generan preocupación en los mercados.

El origen del conflicto sigue siendo social

La violencia del último fin de semana modificó inevitablemente la conversación pública. Saqueos, incendios y enfrentamientos ocuparon las portadas y desplazaron parcialmente las razones por las que las protestas comenzaron semanas atrás.

Sin embargo, el movimiento original no surgió como una revuelta dedicada al saqueo. Empezó alrededor de reclamos concretos sobre educación y posteriormente incorporó malestar por el costo de vida, los servicios públicos y la sensación de deterioro de las condiciones económicas.

Reuters señala que cientos de miles de franceses salieron a las calles durante el fin de semana para protestar contra lo que consideran servicios públicos cada vez más deteriorados, antes de que una parte de las movilizaciones derivara en violencia.

Separar ambas dimensiones resulta fundamental para comprender lo que está ocurriendo. Existe una protesta social masiva y, al mismo tiempo, existen grupos que participaron de saqueos y ataques contra las fuerzas de seguridad. Reducir todo el movimiento a cualquiera de esos dos componentes impide entender la dimensión real de la crisis.

Francia no está completamente aislada

El malestar tampoco aparece exclusivamente dentro de las fronteras francesas.

Durante los últimos días hubo movilizaciones y disturbios vinculados con costo de vida, educación y servicios públicos en otros países europeos. En Bruselas, por ejemplo, grupos de estudiantes protestaron contra el incremento de los costos educativos y reformas que consideran restrictivas para el acceso a la universidad. Algunos episodios terminaron en enfrentamientos con la policía. 

Italia también vivió protestas durante el fin de semana y episodios de saqueos en Milán, donde varios comercios cerraron preventivamente mientras el Gobierno de Giorgia Meloni analiza nuevas medidas de seguridad. 

No se trata de afirmar que todos estos movimientos tengan exactamente las mismas causas o que formen parte de una organización común. Lo relevante es que distintos países europeos están enfrentando tensiones relacionadas con servicios públicos, educación, ingresos, vivienda y costo de vida.

El problema para Macron es que ya no controla el tablero político

Macron atraviesa además una situación institucional mucho más débil que en crisis anteriores.

La decisión de disolver la Asamblea Nacional en 2024 terminó produciendo un Parlamento fragmentado y reduciendo considerablemente la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías estables. Desde entonces, Francia viene atravesando dificultades para formar gobiernos sólidos, aprobar presupuestos y sostener reformas estructurales.

El presidente ya no puede competir por un tercer mandato consecutivo en 2027, por lo que buena parte del sistema político comenzó a comportarse como si la sucesión ya estuviera en marcha.

Cada crisis tiene entonces una consecuencia adicional: debilita a Macron, pero fortalece o debilita también a quienes intentan heredar el poder el próximo año.

Marine Le Pen observa la crisis desde una posición favorable

El Reagrupamiento Nacional intenta utilizar dos componentes simultáneos del conflicto.

Por un lado, el deterioro del poder adquisitivo y de los servicios públicos alimenta su discurso contra las elites políticas tradicionales. Por otro, los saqueos y enfrentamientos permiten fortalecer su agenda alrededor de seguridad, autoridad estatal y orden público.

Marine Le Pen presentó durante el fin de semana la situación como una demostración de agotamiento del macronismo y volvió a defender la necesidad de una conducción política más firme.

Reuters señala que dirigentes provenientes incluso del antiguo espacio de Macron consideran que la crisis puede favorecer considerablemente al Reagrupamiento Nacional de cara a 2027. 

Sin embargo, la elección todavía está a seis meses de distancia y Francia mantiene un sistema político extremadamente fragmentado. Jean-Luc Mélenchon conserva una importante base electoral en la izquierda, mientras figuras como Édouard Philippe intentan construir una alternativa desde el centro.

Las vacaciones escolares pueden reducir temporalmente la presión

El inicio de las vacaciones escolares ofrece al Gobierno una posibilidad de descompresión inmediata porque buena parte del movimiento se originó precisamente entre estudiantes.

Pero las primeras señales indican que el conflicto no desapareció. Este lunes continuaron registrándose concentraciones y bloqueos en diferentes puntos, incluidos sectores cercanos al Louvre y Sciences Po en París.

Los sindicatos ya convocaron además a una nueva jornada de huelgas y movilizaciones para el 5 de noviembre.

Eso significa que incluso una reducción de los disturbios durante los próximos días no resolvería necesariamente el conflicto. Puede simplemente abrir una pausa antes de una nueva etapa de movilizaciones.

Francia pasó de discutir una protesta a discutir cómo recuperar el control

Ese es probablemente el cambio más importante de las últimas 48 horas.

Hasta la semana pasada la pregunta principal era cuánto podía crecer la protesta social.

Después del fin de semana, la discusión pasó a ser si el Estado francés tiene capacidad suficiente para controlar simultáneamente grandes movilizaciones, grupos violentos, saqueos y bloqueos sin recurrir a medidas excepcionales.

Los toques de queda localizados muestran hasta dónde cambió la situación.

Pero debajo del problema de seguridad siguen apareciendo las causas que hicieron crecer originalmente las protestas: servicios públicos deteriorados, educación, poder adquisitivo, vivienda, salarios y una percepción cada vez más extendida de que el Estado exige más mientras ofrece menos.

Macron llega así al final de su presidencia enfrentando dos desafíos al mismo tiempo. Necesita recuperar el orden en las calles y necesita hacerlo sin disponer del margen económico que utilizó durante crisis anteriores.

La forma en que Francia resuelva esa tensión probablemente no determine solamente cómo terminan estas protestas. También puede convertirse en uno de los grandes temas sobre los que se ordene la elección presidencial de 2027.