Declaración Jurada

El caso Manuel Adorni dejó de ser una discusión contable. Ya no se trata solamente de dólares, Bitcoin, anexos omitidos o formularios rectificados. El problema central es político: el jefe de Gabinete del Gobierno quedó atrapado en explicaciones contradictorias sobre su patrimonio y, en cualquier administración con estándares mínimos de responsabilidad pública, ya habría tenido que dar un paso al costado.

La declaración jurada de Manuel Adorni, lejos de cerrar la polémica, abrió nuevos interrogantes. El jefe de Gabinete confirmó que presentó la documentación patrimonial exigida por ley, reconoció que mantuvo ahorros en dólares fuera del sistema bancario y quedó envuelto en una controversia por aparentes contradicciones entre lo que declaró ahora y lo que había sostenido previamente ante el Congreso y en conferencias de prensa. Victoria Villarruel también se sumó a las críticas.

La polémica alrededor de Manuel Adorni por su inscripción en el nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias abrió una discusión más amplia dentro de la administración libertaria. Aunque el Gobierno asegura que el mecanismo es legal y que no existe incompatibilidad alguna para los funcionarios públicos, trascendió que otros integrantes del Estado también se encuentran adheridos al esquema que reduce controles y simplifica declaraciones.

El jefe de Gabinete tenía previsto presentar su declaración jurada patrimonial esta semana, pero en el Gobierno ahora admiten que lo haría recién la próxima. La demora llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cuestionamientos por propiedades, viajes, préstamos privados y una tensión política creciente: Milei sostiene a uno de sus funcionarios más cercanos, mientras la oposición exige explicaciones y el propio oficialismo queda incómodo frente a un caso que contradice su discurso de transparencia.