El presidente estadounidense redobló la presión sobre el Congreso y advirtió que podría suspender el pago a sectores del funcionariado durante el inminente cierre del Gobierno. La medida, que afectaría a cientos de miles de empleados públicos, busca forzar la aprobación del presupuesto federal y garantizar fondos para las operaciones de seguridad fronteriza. La amenaza abre una nueva fase de confrontación entre la Casa Blanca y el Capitolio, en medio de protestas y un clima de polarización extrema.
Estados Unidos08 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
Un cierre con sello político
El enfrentamiento comenzó cuando la Cámara de Representantes rechazó el paquete presupuestario impulsado por la Casa Blanca. Trump respondió endureciendo el discurso y responsabilizando directamente a los demócratas y a los republicanos moderados por “bloquear la voluntad del pueblo”. En un mensaje difundido desde la Oficina Oval, aseguró que “no habrá excepciones” si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento.
El presidente dejó entrever que algunos trabajadores considerados “no esenciales” podrían dejar de percibir su salario incluso después de reanudadas las operaciones. “Quienes no se alineen con el esfuerzo por proteger nuestra frontera no cobrarán por poner obstáculos”, afirmó, en referencia al aumento de partidas destinadas a seguridad migratoria y despliegue de la Guardia Nacional.
La Casa Blanca justifica la decisión como un “acto de disciplina fiscal” para evitar un gasto descontrolado durante el cierre, pero los sindicatos de empleados federales calificaron la amenaza como “una extorsión abierta contra el funcionariado civil”.
El contexto: un Gobierno al borde del parálisis
La falta de acuerdo presupuestario coloca al Estado federal al borde de un shutdown, un cierre temporal que suspende operaciones administrativas y deja sin financiamiento a agencias clave. Sectores como control aéreo, investigación sanitaria y servicios sociales podrían sufrir interrupciones inmediatas.
El Departamento del Tesoro advirtió que un cierre prolongado impactaría en los mercados financieros y en la confianza global hacia la economía estadounidense. Analistas estiman que cada semana de paralización podría costar hasta 0,1 puntos del PBI, una cifra que, en un año electoral, se vuelve políticamente sensible.
Trump, sin embargo, parece decidido a usar la amenaza como herramienta de presión. En declaraciones recientes, repitió que “los burócratas que sabotean la voluntad del pueblo no merecen cobrar con dinero de los contribuyentes”. La frase generó una ola de críticas entre legisladores demócratas y funcionarios de carrera.
La batalla del relato y las consecuencias internas
Mientras los servicios federales se preparan para funcionar con personal reducido, la Casa Blanca busca instalar la idea de que el cierre no es un fracaso sino una “depuración administrativa”. Desde los medios conservadores se sostiene que la crisis puede servir para “reordenar el Estado” y dejar sin efecto miles de contratos temporales.
En paralelo, los gobernadores de varios estados —entre ellos California, Nueva York e Illinois— advirtieron que el cierre federal pondrá en riesgo programas de salud y educación dependientes de fondos nacionales. Trump respondió acusándolos de “usar a los empleados como rehenes políticos”.
La Oficina de Gestión de Personal del Gobierno envió un memorando instruyendo a las agencias a clasificar a sus empleados como “esenciales” o “no esenciales” para determinar quiénes seguirán trabajando sin cobrar. Las agencias de seguridad nacional, control aéreo, defensa y migración se mantendrán operativas.
Efecto electoral y polarización
El conflicto ocurre en la antesala de un año electoral decisivo. Trump intenta mostrarse como el presidente que “enfrenta al Estado profundo”, mientras la oposición lo acusa de castigar a los trabajadores por motivos ideológicos. Las encuestas muestran una opinión pública dividida: una parte apoya su discurso de austeridad, otra teme las consecuencias sociales del cierre.
El riesgo político es alto. Si el shutdown se prolonga más de dos semanas, podrían acumularse efectos económicos inmediatos: retrasos en pagos de beneficios, caída del consumo público y nuevas tensiones en los mercados financieros.
En Washington, el clima recuerda al de 2019, cuando una pulseada similar dejó a más de 800 000 empleados sin salario durante 35 días. Hoy, la diferencia es que el presidente parece dispuesto a ir aún más lejos: no solo cerrar el Gobierno, sino redefinir quién merece cobrar dentro del propio Estado.
Un escenario de máxima tensión
La amenaza de suspender sueldos abre un debate constitucional sobre los límites del Poder Ejecutivo. Varios juristas sostienen que un presidente no puede discriminar el pago de salarios ya devengados ni condicionar su liquidación a lealtades políticas. Pero en la práctica, las decisiones administrativas del Tesoro durante un cierre otorgan al mandatario un margen discrecional importante.
Con los mercados atentos y las agencias federales en guardia, el cierre del Gobierno podría convertirse en la mayor prueba política del año. Trump busca mostrar fuerza; el Congreso, evitar el colapso. En ese pulso, miles de empleados públicos se preparan para atravesar nuevamente el vacío.
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