Alejandro Cabrera
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema y expresidente del máximo tribunal argentino, dio declaraciones contundentes en las que describe una etapa marcada por la tensión, la presión institucional y la ofensiva política contra su persona durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). Según relató, su vínculo con Macri fue "malo" y su situación se agravó cuando Elisa Carrió, entonces diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, lo atacó "todas las semanas durante dos años seguidos hasta que logró voltear la presidencia de la Corte".
El qué de la denuncia es claro: Lorenzetti acusa que fue objeto de perseguimiento institucional y político por parte del Gobierno de Macri y de la acción sistemática de Carrió. Manifiesta que la presión no sólo fue verbal sino que buscó alterar el funcionamiento autónomo del máximo tribunal. El cómo incluye la designación de jueces por decreto, la negativa de la Corte a tomarles juramento en un acto que consideraron irregular, y aquellas resoluciones de la Corte que molestaron al Ejecutivo, como los fallos de coparticipación que Lorenzetti y su equipo firmaron al inicio del mandato de Macri.
El cuándo se ubica en los primeros años del Gobierno de Macri, cuando los cambios institucionales se sucedían con rapidez: la designación de jueces por decreto en 2015-16, los fallos de la Corte sobre coparticipación y la creciente tensión entre el magistrado y la dirigencia oficialista. El dónde fue en el ámbito del poder judicial argentino, con los actos y las decisiones concentradas en la sede de la Corte Suprema y en el escenario político-parlamentario de Buenos Aires.
Lorenzetti explicó que su rechazo a tomar juramento a jueces designados por decreto motivó enfrentamientos con el Ejecutivo. En sus palabras, “nos negamos a tomarle juramento… dije que no correspondía porque es un mecanismo excepcional, porque es un mecanismo que va a afectar a la Corte”. Esa postura contribuyó a agravar el conflicto con Carrió y con miembros del oficialismo que pretendían generar mayor control político sobre el tribunal.
Por qué sus declaraciones reviven la tensión institucional y qué repercusiones generan
El por qué de estas declaraciones de Lorenzetti responde a varios factores: él plantea que la democracia argentina atraviesa un momento de desgaste, que las instituciones están bajo presión política y que el Poder Judicial sufre interferencias. En ese marco, al hacer público su testimonio —que incluye frases como “no es Milei, la sociedad está enojada” y “la democracia no está funcionando bien”— busca alertar sobre la gravedad institucional del presente y vincularla con lo ocurrido durante el macrismo.
Las repercusiones no tardaron: políticos de distintos espacios, analistas institucionales y medios de comunicación comenzaron a debatir el alcance de lo denunciado. El señalamiento de Carrió como artífice de su salida de la presidencia de la Corte reaviva conflictos internos de Cambiemos que creían superados. En el plano judicial, la acusación de Lorenzetti pone en el centro del debate la independencia del Poder Judicial, su relación con el Ejecutivo y el modo en que se designan los magistrados.
Al mismo tiempo, la expresión de Lorenzetti sobre que “la independencia judicial hay que replantearla” y su crítica directa al fallo del 2×1 —del que dijo fue “la peor crisis que tuvo la Corte en su historia”— generan un repaso de los episodios de tensión institucional de los años anteriores.
Dónde aparece este tema tiene peso: en los juzgados, en el Congreso, en los medios. La relevancia es alta porque involucra al poco menos que al ex presidente Macri, a una dirigente política de larga data y al ex titular del tribunal más alto del país. Las declaraciones abren la posibilidad de analizar decisiones pasadas, posibles vetos institucionales y el uso político de los resortes judiciales.
En términos prácticos, el impacto puede traducirse en: pedidos de explicaciones al Gobierno, cuestionamientos al modo de selección de jueces, fortalecimiento de análisis sobre la autonomía judicial y una nueva oleada de debates sobre el “lawfare” y la influencia del poder político sobre la justicia.
La sociedad, por su parte, recibe este mensaje como un reflejo de la fractura institucional que muchos sienten: Lorenzetti subrayó que los fenómenos electorales actuales no se explican sólo por figuras particulares sino por un enojo social acumulado, que exige autocrítica de los partidos y renovación institucional.
Este episodio tiene otro efecto secundario: reabre la memoria de decisiones que marcaron al sistema judicial en la última década —la negativa de juramento, los fallos de coparticipación, el 2×1— y fuerza a las partes políticas a posicionarse nuevamente. En los medios y en las redes sociales la repercusión fue inmediata: se multiplicaron los comentarios sobre el poder judicial, la separación de poderes y la legitimidad de la Corte.
