Alejandro Cabrera
Perú vuelve a transitar un momento crítico. El Congreso analiza avanzar con un proceso de vacancia presidencial contra José Jerí bajo la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”, una herramienta prevista en la Constitución pero que en los últimos años se convirtió en el mecanismo recurrente para remover presidentes.
La eventual destitución implicaría un nuevo giro abrupto en la conducción del país. Desde 2018, la secuencia presidencial fue vertiginosa: Pedro Pablo Kuczynski renunció en medio de acusaciones vinculadas al caso Odebrecht; Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso; Manuel Merino asumió brevemente y dejó el cargo tras masivas protestas; Francisco Sagasti completó la transición; Pedro Castillo fue destituido luego de intentar disolver el Parlamento; y Dina Boluarte asumió en medio de una profunda crisis social. Si el Congreso avanza ahora contra Jerí, el país sumaría otro capítulo a esa lista.
La dinámica institucional peruana permite que el Congreso declare la vacancia presidencial con una mayoría calificada. En teoría, se trata de un mecanismo de control constitucional. En la práctica, la figura de “incapacidad moral permanente” se convirtió en una herramienta política de altísima discrecionalidad. El concepto no está claramente definido y su interpretación quedó sujeta a la correlación de fuerzas parlamentarias.
El problema de fondo no es solo la figura jurídica, sino el contexto en el que se aplica. Perú atraviesa una fragmentación extrema del sistema de partidos. Ninguna fuerza política logró consolidar mayorías estables y los bloques parlamentarios se reconfiguran con frecuencia. Esa atomización convierte al Congreso en un escenario imprevisible, donde las alianzas son volátiles y los equilibrios se alteran rápidamente.
La confrontación entre Ejecutivo y Legislativo se transformó en una constante. Cada presidente debió gobernar bajo amenaza latente de destitución. El resultado es una inestabilidad estructural que erosiona la confianza pública. Las encuestas en los últimos años muestran niveles históricamente bajos de aprobación tanto del gobierno como del Congreso, reflejando una crisis de representación profunda.
La incertidumbre política impacta también en el plano económico. Perú fue durante años uno de los países más estables de la región en términos macroeconómicos, con disciplina fiscal y solidez monetaria. Sin embargo, la reiteración de crisis institucionales afecta las expectativas, frena decisiones de inversión y mantiene en tensión el clima de negocios. Aunque el país conserva fundamentos relativamente sólidos, el ruido político se convirtió en un factor permanente.
El eventual reemplazo presidencial no garantiza estabilidad. La experiencia reciente muestra que los cambios de mandatario no resolvieron el conflicto estructural entre poderes. Por el contrario, en varios casos lo profundizaron. La sucesión acelerada genera gobiernos con menor capital político y menor margen de maniobra, debilitando la capacidad de implementar reformas de largo plazo.
El trasfondo social tampoco es menor. Desde la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, Perú atravesó episodios de protestas masivas con saldo trágico. La polarización territorial y política dejó heridas abiertas. La posibilidad de otro cambio presidencial podría reactivar tensiones latentes, dependiendo de cómo se procese institucionalmente la crisis.
El Congreso se convirtió en el epicentro del poder real. En un sistema semipresidencial con rasgos parlamentarios, el Legislativo adquirió una capacidad decisiva para condicionar o remover al Ejecutivo. Sin embargo, esa centralidad no estuvo acompañada de una mejora en legitimidad. El Parlamento también enfrenta cuestionamientos ciudadanos y una percepción de desconexión con las demandas sociales.
La pregunta que atraviesa el escenario actual no es solo si José Jerí continuará en el cargo. El interrogante de fondo es si el sistema político peruano puede estabilizarse bajo estas reglas de juego. La reiteración de vacancias sugiere un desequilibrio institucional donde el mandato presidencial depende más de la correlación parlamentaria coyuntural que de la voluntad electoral expresada en las urnas.
En términos regionales, el caso peruano es singular. América Latina vive tensiones políticas intensas, pero ningún país registra una rotación presidencial tan acelerada en un período tan corto. Esa excepcionalidad coloca a Perú como un caso de estudio sobre los riesgos de una arquitectura constitucional que, sin consensos sólidos, deriva en crisis recurrentes.
El desenlace dependerá de los votos en el Congreso y de la capacidad de los actores políticos para administrar el conflicto sin desbordes sociales. Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de un presidente, sino la credibilidad de un sistema que parece atrapado en un ciclo de reemplazos permanentes.
