Alejandro CabreraEl sueño húmedo de todo totalitarismo es un Estado donde no haya espacio para el periodismo libre. No importa si ese totalitarismo se viste de revolución, de orden, de patria, de justicia social, de seguridad nacional, de moral pública o de batalla cultural. Siempre necesita lo mismo: que la sociedad deje de creer en cualquier voz independiente y solo acepte como verdad aquello que el poder decide comunicar.
Por eso el ataque sistemático a la prensa no debe leerse como una pelea menor entre políticos y periodistas. Tampoco como una reacción temperamental de un funcionario molesto por una tapa, una investigación o una pregunta incómoda. Cuando un gobierno convierte a la prensa en enemiga, cuando descalifica de manera permanente a los periodistas, cuando intenta presentarlos como conspiradores, corruptos, desestabilizadores o agentes de intereses oscuros, está avanzando sobre una de las defensas centrales de cualquier democracia.
La prensa libre no existe para agradarle al poder. Existe precisamente para incomodarlo. Existe para preguntar donde el poder quiere silencio, para investigar donde el poder quiere opacidad, para contrastar donde el poder exige obediencia y para narrar lo que el poder preferiría esconder. Por eso todos los gobiernos con pulsión autoritaria, incluso aquellos que llegaron al poder por vías electorales, empiezan tarde o temprano una guerra contra el periodismo independiente.
La historia del siglo XX ofrece una lección brutal: ningún régimen totalitario toleró una prensa libre. El nazismo entendió desde el comienzo que no podía consolidar su poder si existían medios capaces de denunciar sus crímenes, sus mentiras y su maquinaria de persecución. Por eso construyó un aparato de propaganda bajo la conducción de Joseph Goebbels, sometió a la prensa, censuró libros, persiguió periodistas y convirtió la comunicación pública en una extensión del partido.
En la Alemania nazi, la verdad dejó de ser una búsqueda y pasó a ser una orden. Los medios no debían informar: debían movilizar emocionalmente a la población, construir enemigos, glorificar al líder y repetir la narrativa oficial. El periodista independiente era incompatible con ese sistema porque cualquier dato que contradijera al régimen podía romper el hechizo colectivo. El totalitarismo no teme solo a las armas. Teme, sobre todo, a los hechos.
El fascismo italiano operó con una lógica similar. Mussolini, que conocía muy bien el poder de la prensa porque él mismo había sido periodista, comprendió que dominar el relato era dominar la política. El régimen fascista clausuró periódicos opositores, impuso controles, persiguió voces críticas y transformó el espacio público en una escenografía de obediencia. La prensa debía celebrar al Duce, no fiscalizarlo.
La Unión Soviética llevó ese mecanismo a una escala todavía más profunda. En el régimen soviético, especialmente bajo Stalin, la prensa fue absorbida por el Estado y por el Partido Comunista. No había periodismo como contrapeso: había prensa oficial como instrumento de pedagogía ideológica. El diario, la radio, la literatura y el cine debían construir el relato del socialismo victorioso, aun cuando la realidad mostrara hambre, purgas, campos de trabajo, persecución y miedo.
La mentira no era un error del sistema. Era parte del sistema. El poder no necesitaba que la gente creyera completamente cada frase oficial. Necesitaba algo todavía más eficaz: que la gente no tuviera dónde encontrar una versión alternativa. Cuando todas las fuentes independientes son destruidas, la sociedad deja de discutir la verdad y empieza a discutir cuánto conviene callar para sobrevivir.
El ataque a la prensa no pertenece a una sola ideología. Esa es una trampa habitual. Los gobiernos autoritarios de derecha suelen perseguir periodistas en nombre del orden, la patria, la seguridad o la lucha contra el enemigo interno. Los gobiernos autoritarios de izquierda suelen hacerlo en nombre del pueblo, la revolución, la justicia social o la defensa frente al imperialismo. Pero el mecanismo es el mismo: el poder necesita deslegitimar a quien puede controlarlo.
Las dictaduras militares latinoamericanas censuraron, clausuraron, amenazaron, secuestraron y asesinaron periodistas. Lo hicieron bajo el argumento de la “seguridad nacional” y de la lucha contra la subversión. Para esos regímenes, una investigación periodística podía ser presentada como colaboración con el enemigo. Una denuncia sobre desapariciones, torturas o corrupción podía ser considerada propaganda antipatriótica. El periodista dejaba de ser un ciudadano ejerciendo un derecho y pasaba a ser tratado como un peligro.
Los regímenes comunistas o de partido único actuaron con una lógica equivalente. En Cuba, por ejemplo, la prensa independiente fue sistemáticamente bloqueada, perseguida o empujada a la clandestinidad bajo el argumento de que todo cuestionamiento al gobierno beneficiaba al enemigo externo. En Venezuela, el chavismo avanzó durante años sobre medios críticos mediante presiones regulatorias, cierres, compra indirecta de líneas editoriales, persecución judicial y asfixia económica. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega llevó esa lógica a niveles extremos con confiscaciones, cárcel, exilio y persecución directa a periodistas.
El argumento siempre cambia de forma, pero no de fondo. A veces el periodista es “vendepatria”. A veces es “golpista”. A veces es “mercenario”. A veces es “ensobrado”. A veces es “agente extranjero”. A veces es “casta”. A veces es “enemigo del pueblo”. Lo importante no es la palabra elegida. Lo importante es la operación política: separar al periodista de su función democrática y convertirlo en un objeto de odio público.
Cuando eso ocurre, el poder consigue dos objetivos. Primero, debilita la credibilidad de las investigaciones que pueden incomodarlo. Segundo, habilita socialmente futuras medidas de censura, espionaje, persecución fiscal, judicialización o violencia. Ningún gobierno empieza diciendo “vamos a destruir la libertad de prensa”. Primero dice: “ellos no son periodistas, son operadores”.
Todo proyecto totalitario necesita un líder sin fisuras. Puede ser un caudillo militar, un jefe revolucionario, un presidente mesiánico, un conductor popular o un administrador tecnocrático con pretensión de infalibilidad. Pero el patrón se repite: el líder debe aparecer como intérprete exclusivo de la voluntad nacional. Para eso, cualquier intermediario que discuta su palabra se vuelve intolerable.
El periodismo libre rompe el culto al líder porque introduce preguntas. Pregunta cuánto cuesta una obra, quién firmó un contrato, por qué aumentó un patrimonio, qué funcionario mintió, qué dato fue manipulado, qué promesa no se cumplió, qué minoría fue atropellada o qué decisión se tomó en secreto. El periodista no necesita tener más poder que el Presidente para incomodarlo. Le alcanza con tener una pregunta que el Presidente no quiere responder.
Por eso los autoritarios odian la repregunta. Toleran mejor la propaganda, la entrevista complaciente, el show de adhesión o el diálogo con seguidores. Lo que no toleran es la escena básica del periodismo: alguien con un micrófono que no está ahí para aplaudir, sino para exigir precisión. Esa escena, mínima y civilizada, es insoportable para quien confunde gobierno con obediencia.
En las democracias sanas, un presidente puede enojarse con la prensa, discutir con periodistas, cuestionar errores, pedir rectificaciones o incluso iniciar acciones legales si fue injuriado. Todo eso forma parte del juego institucional. El problema aparece cuando el ataque deja de ser puntual y se vuelve método. Cuando ya no se discute una nota, sino la legitimidad misma del periodismo. Cuando se intenta instalar que toda crítica es operación y que toda investigación es conspiración.
Uno de los recursos más peligrosos de los gobiernos con deriva autoritaria es disfrazar el ataque a la prensa como exigencia de transparencia. El poder dice: “si los periodistas investigan, que también sean investigados”. Dicho así, puede sonar razonable ante una sociedad cansada de privilegios, operaciones y medios opacos. Pero el razonamiento es tramposo cuando busca equiparar a un periodista con un funcionario público.
Un funcionario administra recursos del Estado, toma decisiones obligatorias para la sociedad, firma decretos, maneja presupuestos, designa cargos y ejerce poder institucional. Por eso debe tener obligaciones especiales de transparencia. Un periodista, en cambio, no gobierna. Puede influir, puede equivocarse, puede tener intereses, puede ser criticado y puede responder judicialmente si calumnia o injuria. Pero no puede ser tratado como si fuera parte del aparato estatal por el solo hecho de incomodar al poder.
Esa confusión no es inocente. Cuando un gobierno intenta poner a periodistas bajo categorías pensadas para funcionarios, no está ampliando la transparencia: está expandiendo el control estatal sobre la crítica. Y cuando el Estado empieza a decidir qué periodista merece sospecha, qué medio es legítimo, qué pregunta es aceptable o qué investigación constituye un ataque, la libertad de prensa empieza a convertirse en una concesión del poder, no en un derecho democrático.
La prensa debe ser criticada. Debe ser exigida. Debe corregir errores. Debe transparentar conflictos de interés. Debe evitar operaciones. Debe distinguir información de opinión. Debe responder ante la Justicia cuando daña con mala fe. Pero una cosa es exigir responsabilidad periodística y otra muy distinta es usar esa exigencia como excusa para disciplinar a quienes investigan al Gobierno.
La función más profunda del periodismo libre no es defender a periodistas. Es defender a la sociedad. Cuando una investigación revela corrupción, abuso policial, espionaje ilegal, negligencia sanitaria, manipulación de datos, enriquecimiento inexplicable o pactos ocultos, el beneficiario no es el periodista: es el ciudadano.
Por eso los autoritarios quieren destruir la confianza en la prensa. No porque todos los periodistas sean impecables, que no lo son. No porque todos los medios sean independientes, que tampoco lo son. Sino porque incluso una prensa imperfecta es un obstáculo para el poder absoluto. Un ecosistema mediático plural, ruidoso, conflictivo y a veces injusto sigue siendo preferible a un país donde solo habla el Gobierno.
El totalitarismo no necesita que desaparezcan todos los medios. Necesita que desaparezca el periodismo. Puede haber canales, diarios, radios, portales, influencers y comunicadores. Puede haber miles de voces hablando todo el día. Pero si esas voces dependen del poder, temen al poder o repiten al poder, ya no hay libertad de prensa. Hay ruido administrado.
Esa es una diferencia clave. Un régimen autoritario moderno no siempre clausura todos los medios de un día para el otro. A veces los compra, los ahoga económicamente, los demanda, los intimida, los desprestigia, los divide, los reemplaza por propaganda disfrazada de comunicación espontánea. La censura del siglo XXI muchas veces no llega con un militar cerrando una redacción. Llega con campañas de hostigamiento, carpetazos, persecución fiscal, trolls, pauta selectiva, juicios intimidatorios y amenazas veladas.
Una democracia no se demuestra solamente votando cada cuatro años. También se demuestra tolerando preguntas incómodas todos los días. Un gobierno democrático puede ser criticado sin acusar automáticamente de traición. Puede ser investigado sin denunciar un golpe. Puede perder una discusión pública sin intentar destruir al mensajero. Puede admitir errores sin convertir al periodista en enemigo.
El poder siempre preferirá una prensa dócil. Eso es natural. Lo peligroso es cuando decide que tiene derecho a imponerla. La diferencia entre un gobierno democrático y uno autoritario no está en que al primero le guste la crítica. A ningún poder le gusta demasiado. La diferencia está en que el poder democrático la soporta porque entiende que no le pertenece la verdad.
El periodismo libre es incómodo, imperfecto, contradictorio y muchas veces injusto. Pero su ausencia es mucho peor. Donde no hay prensa libre, el ciudadano se entera tarde. Se entera mal. Se entera por rumores. Se entera cuando ya no puede defenderse. Se entera cuando el abuso ya ocurrió, cuando el dinero ya desapareció, cuando el derecho ya fue recortado, cuando el expediente ya fue cerrado o cuando el miedo ya hizo su trabajo.
Por eso atacar sistemáticamente a la prensa independiente bajo argumentos falaces es un síntoma muy claro de autoritarismo. No porque todo conflicto con periodistas sea totalitario, sino porque todos los totalitarismos empezaron, crecieron o se consolidaron destruyendo la posibilidad de una verdad externa al poder.
La derecha autoritaria lo hizo en nombre del orden.
La izquierda autoritaria lo hizo en nombre del pueblo.
Las dictaduras militares lo hicieron en nombre de la patria.
Los populismos autoritarios lo hacen en nombre de la voluntad popular.
Los tecnócratas con pulsión despótica lo hacen en nombre de la eficiencia.
Pero todos terminan en el mismo lugar: un Estado que no quiere testigos, un líder que no quiere preguntas y una sociedad obligada a escuchar una sola versión de la realidad.
El periodismo libre no es enemigo de la democracia.
Es una de sus últimas defensas.
Y cuando un gobierno empieza a tratarlo como enemigo, conviene prestar atención: no está discutiendo con periodistas. Está ensayando hasta dónde puede avanzar sobre todos los demás.
