Alejandro CabreraHamás anunció la disolución de su gobierno en Gaza y dijo que se prepara para transferir el poder a un comité técnico respaldado por Naciones Unidas, como parte del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos. La medida fue presentada como una señal de compromiso con la reconstrucción del enclave, devastado tras años de guerra.
El anuncio, sin embargo, abre más preguntas que certezas. Hamás no aclaró si está dispuesto a desarmarse ni si entregará el control de la seguridad a una fuerza internacional, dos condiciones centrales para que el nuevo esquema de gobierno pueda funcionar realmente sobre el terreno.
La decisión fue comunicada en Deir al-Balah por Ismail al-Thawabta, director de la oficina de prensa del gobierno administrado por Hamás. Según explicó, solo permanecerá en funciones el personal técnico y profesional encargado de sostener los servicios cotidianos en Gaza, para evitar un vacío administrativo.
En la práctica, Hamás busca mostrar que está dispuesto a abandonar la gestión civil del enclave, que controla desde 2007, cuando desplazó por la fuerza a Fatah y consolidó su dominio político y militar sobre Gaza. La nueva administración quedaría en manos del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo de tecnócratas palestinos con sede en El Cairo.
Ese comité está encabezado por Ali Shaath, un ingeniero nacido en Gaza y exfuncionario de la Autoridad Palestina. Su mandato sería restablecer los servicios esenciales, coordinar la reconstrucción y administrar los asuntos civiles bajo supervisión de Naciones Unidas y de la llamada Junta de Paz, encabezada por Donald Trump dentro del esquema de posguerra.
Shaath respondió que el comité está listo para asumir sus responsabilidades, pero marcó una condición clave: debe existir una sola autoridad de gobierno, un único marco legal y un aparato de seguridad unificado que responda ante esa autoridad. Esa frase apunta directamente al problema central de Gaza: no alcanza con transferir ministerios si las armas y la fuerza siguen en manos de Hamás.
Israel rechazó el anuncio y lo consideró una maniobra propagandística. Para el gobierno israelí, si los funcionarios de Hamás permanecen en la estructura administrativa y el grupo conserva su poder armado, la disolución formal del gobierno no tendría impacto real.
La reacción israelí muestra el corazón del conflicto. Hamás puede abandonar la administración civil, pero mientras mantenga su brazo armado, Israel y Estados Unidos difícilmente acepten que el cambio sea suficiente. La Junta de Paz también advirtió que evaluará a Hamás por “acciones, no promesas”, y remarcó que el comité tecnocrático debe controlar todas las armas dentro de Gaza.
Nueve meses después de firmado el alto el fuego, las negociaciones siguen trabadas justamente en esa segunda fase: el desarme de Hamás, la reconstrucción de Gaza, el ingreso pleno del comité administrativo y el diseño de una fuerza de seguridad capaz de reemplazar al grupo en el control del territorio.
Hamás insiste en que primero debe implementarse la primera etapa del acuerdo antes de discutir sus armas. Israel, en cambio, sostiene que no puede haber reconstrucción ni nuevo gobierno si el grupo conserva capacidad militar dentro del enclave. Así, el anuncio queda atrapado entre dos lecturas: para Hamás, es una concesión política; para Israel, es una puesta en escena sin desarme.
La situación humanitaria sigue siendo crítica. La guerra comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en Israel y secuestraron a 251. La ofensiva israelí posterior dejó más de 73.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuya metodología es considerada confiable por agencias de la ONU y expertos independientes, aunque no distingue entre civiles y combatientes.
Aunque los ataques israelíes bajaron desde la entrada en vigor del cese de fuego del 10 de octubre, no cesaron por completo. Según reportes citados por Associated Press, el lunes murieron al menos cinco personas en Gaza por ataques israelíes, mientras Israel afirmó que sus objetivos eran operativos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina.
El problema de fondo es que Gaza necesita al mismo tiempo gobierno, seguridad, reconstrucción, ayuda humanitaria y legitimidad política. Pero cada una de esas piezas está bloqueada por una disputa distinta: Israel no quiere que Hamás sobreviva como poder armado; Hamás no quiere entregar sus armas sin garantías; la Autoridad Palestina busca recuperar influencia; y la comunidad internacional intenta instalar una administración técnica que todavía no controla el territorio.
Por eso, la disolución del gobierno de Hamás puede ser leída como un movimiento importante, pero no definitivo. Si se traduce en una transferencia real de poder, podría abrir una nueva etapa para Gaza. Si queda limitada a un cambio administrativo sin desarme ni control efectivo de seguridad, será apenas otro capítulo de una negociación estancada.
La clave estará en los próximos pasos: si el comité logra entrar y operar en Gaza, si Israel permite la reconstrucción, si Hamás cede poder real y si la fuerza internacional prevista en el acuerdo puede reemplazar al grupo armado sin desatar una nueva guerra interna. El anuncio existe; ahora falta saber si cambia el poder o solo cambia el lenguaje.
