El Gobierno mandó al Congreso el “Súper RIGI”: más beneficios para atraer inversiones gigantes y una nueva discusión sobre el modelo económico

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto del llamado “Súper RIGI”, una iniciativa que busca profundizar el esquema de incentivos para grandes inversiones y convertirlo en una de las piezas centrales del programa económico de Javier Milei. La propuesta apunta a proyectos de más de US$ 1.000 millones y ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros más agresivos que los previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original, aprobado dentro de la Ley Bases.

La decisión llega en un momento clave para el oficialismo. Milei necesita mostrar que el orden fiscal y la baja de la inflación pueden transformarse en inversión real, dólares frescos, empleo y expansión productiva. El Gobierno ya no quiere que el debate económico gire solamente alrededor del ajuste, la recesión o la deuda, sino también alrededor de una promesa de crecimiento basada en la llegada de capitales privados de gran escala. El “Súper RIGI” aparece, en ese sentido, como una apuesta política y económica: convencer a empresas globales de que Argentina puede ofrecer reglas estables, impuestos más bajos y condiciones especiales para proyectos de largo plazo.

Qué propone el “Súper RIGI”

El punto más fuerte del proyecto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para los proyectos alcanzados. Según el texto difundido por medios que accedieron a la iniciativa, el régimen propone una alícuota del 15% para las empresas que ingresen al esquema. Esa cifra marca una diferencia importante frente al RIGI original, donde la alícuota prevista es del 25%. También baja la carga sobre dividendos y utilidades: el nuevo régimen plantea una tasa del 3,5%, mientras que en el RIGI inicial la alícuota es del 7%, con reducción al 3,5% recién después de siete años.

El proyecto también incluye amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal, devolución de IVA mediante certificados fiscales, estabilidad tributaria y beneficios aduaneros. Ámbito Financiero detalló que el corazón de la propuesta está puesto en un esquema de reducción impositiva y estabilidad regulatoria de largo plazo, con ventajas que buscan mejorar la rentabilidad esperada de inversiones muy grandes y reducir la incertidumbre para empresas que deben decidir desembolsos multimillonarios.

La diferencia central con el RIGI original está en la escala y en la profundidad de los incentivos. El RIGI aprobado en la Ley Bases fija una inversión mínima de US$ 200 millones. El “Súper RIGI” eleva el piso a US$ 1.000 millones, lo que deja afuera a proyectos medianos o grandes comunes y concentra el régimen en inversiones realmente gigantescas. El Gobierno apunta a sectores capaces de mover la aguja macroeconómica: energía, minería, infraestructura, economía del conocimiento, inteligencia artificial, industria pesada y proyectos exportadores con potencial para generar divisas.

Esa definición revela la estrategia de fondo. El oficialismo no busca solamente incentivar inversiones aisladas, sino atraer proyectos que puedan convertirse en nuevas fuentes de dólares estructurales. Argentina tiene un problema histórico de escasez de divisas: cuando la economía crece, importa más, demanda dólares y suele chocar contra restricciones externas. El Gobierno cree que la única forma de romper ese ciclo es abrir sectores con capacidad exportadora fuerte, especialmente minería, hidrocarburos, energía y tecnología.

La promesa oficial: reglas estables para capitales de largo plazo

El argumento del Gobierno es simple: Argentina no logra atraer inversiones de escala porque cambia reglas, sube impuestos, impone cepos, restringe importaciones, altera contratos y transforma cada proyecto de largo plazo en una apuesta de riesgo político. Frente a ese historial, el “Súper RIGI” intenta construir una isla de estabilidad normativa y fiscal para empresas dispuestas a invertir más de US$ 1.000 millones.

La Casa Rosada ya había anunciado semanas atrás que impulsaría un régimen más ambicioso para acelerar la llegada de inversiones y la creación de empleo. En la comunicación oficial, el Gobierno sostuvo que el nuevo esquema busca ampliar la capacidad del país para captar capitales en sectores estratégicos y potenciar una etapa de crecimiento basada en inversión privada.

La estabilidad fiscal es uno de los atractivos centrales. Para una empresa que proyecta una inversión minera, energética o industrial, el horizonte no se mide en meses, sino en décadas. Un proyecto de litio, cobre, gas, petróleo, infraestructura portuaria o data centers exige años de preparación, permisos, construcción, importación de maquinaria, financiamiento internacional y recuperación de capital. Si las reglas cambian a mitad de camino, el proyecto puede dejar de ser rentable. Por eso el Gobierno ofrece beneficios de largo plazo como forma de compensar el riesgo argentino.

El oficialismo también intenta enviar una señal internacional: Argentina quiere competir por capitales globales frente a otros países de la región. Chile, Perú, Brasil, México, Canadá, Australia y Estados Unidos compiten por inversiones mineras, energéticas y tecnológicas. En ese escenario, Milei busca diferenciarse con una oferta agresiva: menos impuestos, más estabilidad, menos intervención estatal y garantías especiales para empresas grandes.

La crítica: un régimen de privilegio para megacorporaciones

La contracara del proyecto es evidente. El “Súper RIGI” abre una discusión política muy fuerte sobre el modelo de desarrollo. Para el Gobierno, se trata de atraer inversiones que de otro modo no llegarían. Para sus críticos, es un régimen de privilegio para grandes empresas que pagarán menos impuestos, tendrán más estabilidad que el resto de la economía y accederán a beneficios que no están disponibles para pymes, comercios, industrias locales o trabajadores independientes.

Página/12 ya había planteado una lectura crítica del anuncio original al definirlo como un esquema de “súper beneficios a megaempresas”, orientado a sectores de nuevas tecnologías y grandes capitales. Esa crítica apunta a una cuestión distributiva: mientras el ajuste recae sobre jubilados, universidades, obra pública, provincias y sectores medios, el Gobierno ofrece rebajas tributarias y garantías extraordinarias a compañías con capacidad de invertir más de US$ 1.000 millones.

El debate no es menor. El oficialismo sostiene que sin grandes inversiones no habrá crecimiento, empleo ni dólares suficientes para estabilizar la economía. La oposición puede responder que un país no puede construir desarrollo otorgando ventajas extremas a pocos actores mientras el resto del tejido productivo enfrenta costos altos, crédito caro, caída de consumo y presión impositiva. La discusión de fondo será si el “Súper RIGI” crea un motor de crecimiento o si profundiza una economía dual: condiciones excepcionales para grandes jugadores y reglas duras para el resto.

También aparece una pregunta sobre la soberanía regulatoria. Los regímenes de estabilidad fiscal y arbitraje internacional suelen ser defendidos por las empresas como garantías necesarias frente a países inestables, pero también son cuestionados por quienes creen que limitan la capacidad futura del Estado para modificar políticas tributarias, ambientales, laborales o productivas. En sectores como minería, hidrocarburos o infraestructura, esa tensión será especialmente sensible.

Minería, energía y tecnología: los sectores que pueden quedar en el centro

El “Súper RIGI” llega después de que el RIGI original empezara a concentrar proyectos principalmente vinculados a minería, energía e industria. Reuters informó en 2025 que Argentina aprobó proyectos bajo el RIGI vinculados al litio y que el régimen ya acumulaba compromisos de inversión por miles de millones de dólares. También hubo proyectos siderúrgicos y mineros aprobados o en evaluación, lo que muestra que el esquema se convirtió en una herramienta relevante para el Ministerio de Economía.

La minería aparece como uno de los sectores más beneficiados. El País señaló en febrero de 2026 que la minería se transformó en una punta de lanza de la transformación productiva impulsada por Milei, con fuerte interés en litio, oro, cobre y minerales críticos, aunque también con cuestionamientos ambientales y sociales por el uso del agua, la protección de glaciares y el impacto territorial de los proyectos.

La energía también puede ser protagonista. Vaca Muerta, gasoductos, plantas de licuefacción, infraestructura portuaria, petróleo no convencional y proyectos de exportación energética encajan con la lógica del régimen. Son inversiones intensivas en capital, con plazos largos y necesidad de reglas estables. Para el Gobierno, ese sector puede convertirse en una fuente decisiva de dólares en los próximos años.

La novedad más fuerte podría estar en tecnología, inteligencia artificial y data centers. Milei ya había anticipado que quería un régimen especial para sectores de la economía “que nunca han existido en la Argentina”, según reconstrucciones periodísticas del anuncio original. La apuesta es captar proyectos vinculados a infraestructura digital, procesamiento de datos, servicios tecnológicos avanzados y nuevas industrias globales.

El Congreso como primer obstáculo

El envío del proyecto al Congreso abre una nueva prueba política para el oficialismo. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y necesita negociar con aliados, bloques dialoguistas, gobernadores y sectores de la oposición. El “Súper RIGI” puede atraer el apoyo de provincias mineras, energéticas o interesadas en grandes inversiones, pero también puede generar resistencia en bloques que cuestionen el nivel de beneficios tributarios o el impacto fiscal del régimen.

El Gobierno intentará vender la iniciativa como una ley de crecimiento. Dirá que no hay desarrollo sin inversión, que el Estado argentino no tiene recursos para financiar grandes obras y que el capital privado necesita condiciones excepcionales para animarse a entrar en un país con antecedentes de default, cepo, inflación, cambios regulatorios y conflictos judiciales. La oposición más dura lo presentará como una entrega de recursos estratégicos y como una transferencia de beneficios a corporaciones.

Los gobernadores serán actores importantes. Provincias con litio, cobre, oro, petróleo, gas o potencial energético pueden ver en el “Súper RIGI” una oportunidad concreta de atraer inversiones, regalías, empleo y actividad económica. Pero también reclamarán participación, control ambiental, infraestructura asociada y garantías de que los beneficios no queden solo en manos de Nación y empresas.

El debate parlamentario probablemente gire alrededor de algunos puntos clave: el piso de US$ 1.000 millones, la alícuota de Ganancias del 15%, la duración de la estabilidad fiscal, los beneficios sobre dividendos, el tratamiento del IVA, las exenciones aduaneras, los mecanismos de resolución de controversias y el impacto sobre la recaudación futura.

El dilema económico: resignar impuestos hoy para conseguir dólares mañana

El “Súper RIGI” expresa una apuesta clásica de política económica: resignar recaudación potencial en el corto plazo para atraer inversiones que, en teoría, generarán más producción, empleo, exportaciones y dólares en el futuro. El Gobierno cree que el costo fiscal inicial se justifica si el régimen permite destrabar proyectos que de otra manera no existirían. La crítica es que esos beneficios pueden terminar premiando inversiones que igual se hubieran hecho o reduciendo demasiado la participación del Estado en negocios altamente rentables.

Ese dilema no tiene una respuesta automática. Depende de cada proyecto, de cada sector y de la capacidad del Estado para negociar bien. Si el régimen atrae inversiones nuevas, exportadoras y de alto impacto, puede ayudar a cambiar la estructura productiva. Si solo mejora la rentabilidad de proyectos ya decididos o genera enclaves con poca integración local, el beneficio para la economía general será más limitado.

También será clave la exigencia de proveedores nacionales, empleo local, encadenamientos productivos, infraestructura compartida y control ambiental. Una megainversión puede generar dólares, pero no necesariamente desarrollo territorial si opera desconectada del resto de la economía. El desafío para Argentina será evitar que el “Súper RIGI” se convierta en una suma de enclaves con beneficios excepcionales y poco derrame.

La historia económica argentina está llena de promesas de inversión que no siempre se concretaron. Por eso, más allá del anuncio, el punto decisivo será la ejecución: qué empresas aplican, qué proyectos se aprueban, cuánto dinero entra efectivamente, cuántos empleos se crean, qué exportaciones se generan y qué controles se mantienen.

Una apuesta central del modelo Milei

El “Súper RIGI” permite entender hacia dónde quiere ir el Gobierno. Milei no imagina la recuperación argentina como un proceso liderado por obra pública, consumo interno o expansión del gasto estatal. Su modelo se apoya en equilibrio fiscal, desregulación, apertura, baja de impuestos para grandes proyectos, inversión privada y sectores exportadores. El Estado debe dejar de ser constructor directo y transformarse, según esta visión, en garante de reglas para que inviertan los privados.

Esa estrategia puede ser potente si logra atraer capitales de escala, pero también es riesgosa porque depende de factores externos: precios internacionales, confianza global, estabilidad política, financiamiento, conflictividad social y aprobación legislativa. El Gobierno necesita que el mundo crea que Argentina cambió de manera duradera. Esa es la parte más difícil. Un régimen legal puede prometer estabilidad, pero la credibilidad se construye con años de cumplimiento.

El proyecto también llega en un momento en el que Milei necesita mostrar futuro. Después de meses de ajuste, caída de ingresos y tensión social, el oficialismo necesita una narrativa de salida. El “Súper RIGI” cumple esa función: dice que el sacrificio presente puede transformarse en inversiones, empleo y dólares. La pregunta es si esa promesa llegará a tiempo a la vida real de la economía o si quedará como una apuesta de largo plazo mientras el presente sigue atravesado por restricciones.

El Congreso tendrá ahora la primera palabra. Si el proyecto avanza, el Gobierno podrá mostrar una nueva herramienta para captar capitales y reforzar su agenda promercado. Si se demora o se bloquea, Milei volverá a usar la resistencia legislativa como argumento contra la política tradicional. En cualquiera de los dos casos, el debate ya quedó planteado: Argentina discute si su salida económica vendrá de un régimen excepcional para megainversiones o si necesita una estrategia más amplia que también incluya pymes, mercado interno, infraestructura pública y desarrollo productivo territorial.

El “Súper RIGI” no es solo una ley de beneficios empresarios. Es una definición de modelo. Milei apuesta a que las grandes inversiones sean el motor que ordene la macroeconomía, genere dólares y cambie el perfil productivo del país. Sus críticos advierten que puede consolidar privilegios, reducir recaudación y entregar poder regulatorio a corporaciones. Entre esas dos lecturas se jugará una de las discusiones económicas más importantes del año: qué tipo de crecimiento busca Argentina y quiénes serán los principales beneficiarios de esa nueva etapa.