Alejandro CabreraEl Gobierno dio marcha atrás con el punto más polémico de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Después de intentar liberar la compra de campos por extranjeros y, posteriormente, proponer que el límite aumentara del 15% al 25%, el oficialismo decidió retirar completamente ese capítulo de la sesión que se realizará este jueves 6 de agosto en el Senado.
La decisión fue adoptada durante una reunión entre Patricia Bullrich y representantes de los bloques dialoguistas. La Libertad Avanza había perdido durante las últimas horas varios votos que consideraba necesarios y corría el riesgo de sufrir una derrota en el recinto o de tener que suspender nuevamente el tratamiento del proyecto.
Esto cambia sustancialmente el escenario informado hasta el martes.
El Senado ya no votará si los extranjeros pueden controlar hasta el 25% de las tierras rurales de cada provincia. Tampoco votará la propuesta original de Federico Sturzenegger, que eliminaba prácticamente todos los límites para personas y empresas privadas extranjeras.
La Ley de Tierras vigente desde 2011 continuará exactamente como está, al menos durante este debate parlamentario.
El martes, Bullrich había anunciado un último intento de acuerdo.
El Gobierno aceptaba abandonar la apertura total y proponía establecer un techo del 25% de las tierras rurales de cada provincia en manos extranjeras. Era una concesión frente al proyecto original, pero seguía elevando en diez puntos el límite vigente y eliminaba el control específico sobre cada departamento o municipio.
La propuesta tampoco consiguió los votos.
Las senadoras Flavia Royón, Beatriz Ávila y Julieta Corroza, vinculadas con los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén, respectivamente, anticiparon que no acompañarían el capítulo. También mantenían fuertes objeciones varios radicales, entre ellos Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Una representante del PRO también tomó distancia.
El oficialismo quedó entonces frente a tres posibilidades: insistir y perder la votación, suspender nuevamente toda la sesión o retirar la parte de las tierras para intentar aprobar el resto.
Eligió la tercera.
La decisión se tomó antes de las 15 de este miércoles, durante una reunión realizada en las oficinas del bloque radical. Bullrich logró que los aliados aceptaran mantener la sesión prevista para el jueves a las 14, pero tuvo que ceder el capítulo completo sobre extranjerización.
Al quedar excluido el capítulo, seguirá vigente la Ley 26.737.
Esa norma permite que ciudadanos y empresas extranjeras compren campos, pero impone diferentes límites para evitar una concentración excesiva.
El total de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 15% de la superficie nacional. Ese mismo porcentaje se aplica dentro de cada provincia y de cada municipio, departamento o unidad administrativa equivalente.
Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden controlar más del 30% del cupo habilitado para todos los extranjeros.
Esto significa que, dentro de ese máximo general del 15%, una sola nacionalidad no puede concentrar más del 4,5% del territorio rural considerado.
Un mismo propietario extranjero tampoco puede poseer más de 1.000 hectáreas dentro de la zona núcleo agropecuaria o la superficie equivalente determinada para otras regiones del país.
La legislación también restringe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua importantes y permanentes. Para las operaciones ubicadas en zonas de seguridad fronteriza se necesita una autorización estatal previa.
Todas estas condiciones permanecerán vigentes.
Por lo tanto, la sesión del jueves no abrirá nuevas posibilidades para comprar lagos, grandes extensiones fronterizas o campos que actualmente superen los límites permitidos.
Oficialmente, no.
El comunicado difundido por el bloque oficialista afirmó que el capítulo fue “postergado” y no eliminado definitivamente. La explicación es que el Gobierno pretende continuar negociando para alcanzar un consenso y volver a presentar el tema más adelante.
Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, la marcha atrás es importante.
Si el Senado aprueba este jueves el proyecto sin el capítulo de tierras y lo envía a Diputados, la reforma de la Ley 26.737 ya no formará parte de la media sanción.
Diputados podría intentar reincorporarla mediante modificaciones, pero en ese caso el texto tendría que volver al Senado. La otra alternativa sería presentar un nuevo proyecto específico sobre tierras rurales.
Por eso, aunque la Casa Rosada no renuncia políticamente al objetivo, perdió la posibilidad de obtener ahora una media sanción sobre el tema.
El proyecto continúa siendo relevante incluso después de retirar la reforma de las tierras.
El Senado debatirá modificaciones al régimen de expropiaciones, a los procesos de desalojo, a la Ley de Manejo del Fuego y a los procedimientos de registración inmobiliaria.
La iniciativa propone que toda declaración de utilidad pública identifique de manera concreta el objetivo de la expropiación y demuestre que la medida es necesaria, idónea y proporcional.
Actualmente, el Estado debe indemnizar el valor del bien y los daños directos. El nuevo régimen permitiría incorporar el lucro cesante cuando sea una consecuencia inmediata de la expropiación, es decir, parte de las ganancias que el propietario deje de obtener.
El monto también se actualizaría por inflación, sumaría intereses y el inmueble no pasaría definitivamente al Estado hasta que la indemnización estuviera completamente pagada.
Para el Gobierno, estas modificaciones brindan seguridad jurídica y evitan que el Estado tome propiedades pagando tarde o por debajo de su valor.
El efecto práctico será que las expropiaciones necesarias para rutas, obras energéticas, hospitales, escuelas o proyectos de urbanización tendrán más requisitos y podrán resultar más costosas para el sector público.
No quedarán prohibidas, pero el Estado deberá justificar con mayor precisión la decisión y contar con los recursos necesarios para pagar antes de adquirir completamente el bien.
El segundo capítulo modifica el Código Procesal Civil y Comercial para que los desalojos se tramiten mediante el procedimiento sumarísimo, la vía judicial más breve.
También facilita la restitución anticipada del inmueble antes de que exista una sentencia definitiva.
Actualmente, un propietario puede tener que ofrecer una garantía económica para conseguir la entrega anticipada. El proyecto permite reemplazar esa caución real por una declaración jurada, reduciendo los requisitos necesarios para recuperar el inmueble.
En los casos de alquileres habitacionales con falta de pago, el proyecto original exigía intimar al inquilino con tres días de anticipación antes de iniciar la demanda. Los senadores ampliaron ese período a diez días.
Los defensores de la reforma sostienen que el sistema actual permite que ocupantes, intrusos o inquilinos morosos permanezcan durante meses o años dentro de una propiedad.
Los críticos advierten que la ejecución anticipada puede producir desalojos antes de que se determine completamente quién tiene razón, especialmente cuando existen contratos informales, boletos de compraventa, sucesiones, ocupaciones antiguas o conflictos sobre la titularidad.
El proyecto original también pretendía modificar el régimen de barrios populares e impedir algunas expropiaciones destinadas a la regularización de villas y asentamientos.
Ese capítulo ya había sido retirado durante el debate en comisiones.
Por lo tanto, se mantiene la Ley de Integración Socio Urbana y la suspensión de los desalojos en los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares hasta octubre de 2032.
Esto significa que la aceleración general de los desalojos no debería eliminar automáticamente la protección específica de los barrios registrados.
El Gobierno ya perdió, así, dos capítulos importantes del proyecto original: primero el relacionado con los barrios populares y ahora el referido a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La Ley de Manejo del Fuego busca evitar que un incendio sea utilizado para cambiar el destino de una propiedad, lotearla o venderla rápidamente.
La legislación vigente establece restricciones de hasta 60 años para bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años para determinados terrenos rurales productivos.
La última versión negociada conserva las restricciones de 60 años sobre bosques nativos y áreas especialmente protegidas, pero elimina el período de 30 años que se aplica a la venta o al cambio de uso de tierras rurales productivas incendiadas.
El Gobierno argumenta que no corresponde castigar durante tres décadas al propietario de un campo cuando el incendio fue accidental o provocado por terceros.
Las organizaciones ambientales responden que la prohibición funciona como un elemento disuasorio: si después del fuego se puede vender, lotear o cambiar rápidamente la actividad, aumenta el incentivo económico para los incendios intencionales.
La eliminación del capítulo representa una derrota para Federico Sturzenegger, principal impulsor de la reforma, y para Patricia Bullrich, que durante meses negoció distintas versiones del articulado.
El proyecto acumuló al menos quince borradores y fue postergado varias veces porque el oficialismo no conseguía asegurar una mayoría. El 16 de julio, el Senado aprobó pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar que la iniciativa fuera rechazada.
La última concesión —elevar el límite del 15% al 25% en lugar de eliminarlo— duró menos de un día.
Los gobernadores aliados no quisieron asumir el costo político de habilitar una mayor extranjerización de campos, particularmente en provincias con minerales, agua, bosques, áreas fronterizas o grandes extensiones fiscales.
La presión no provino solamente del kirchnerismo. También participaron dirigentes radicales, representantes provinciales, sectores de la Iglesia, organizaciones ambientales y la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, que había manifestado su rechazo a flexibilizar la normativa.
El resultado demuestra un límite político para la estrategia de desregulación: el Gobierno puede defender que el capital extranjero aumentará las inversiones, pero no logró convencer a sus propios aliados de que la compra permanente de tierras debe ser tratada como cualquier otra operación económica.
Retirar la Ley de Tierras reduce la tensión, pero no convierte el resto del proyecto en una iniciativa menor.
Los cambios sobre desalojos pueden afectar a propietarios, inquilinos, ocupantes y personas involucradas en conflictos sucesorios o dominiales.
Las modificaciones sobre expropiaciones limitan una herramienta utilizada para construir infraestructura y ejecutar políticas públicas.
La reforma de la Ley de Manejo del Fuego puede modificar el valor y el destino de miles de hectáreas después de un incendio.
El Senado retomará este jueves a las 14 la sesión que había quedado en cuarto intermedio. Por tratarse de una continuación, no se necesita reunir quórum para abrirla, aunque sí será necesario alcanzar el número reglamentario en el momento de votar.
La principal conclusión es clara: este jueves no se votará la venta de una mayor cantidad de tierras argentinas a extranjeros.
La Ley 26.737, con su límite general del 15%, sus controles departamentales, el máximo por nacionalidad y las restricciones sobre agua y zonas fronterizas, seguirá vigente.
El Gobierno salvó el tratamiento del resto de su proyecto, pero lo hizo sacrificando el capítulo que había convertido la sesión en una discusión nacional sobre soberanía y territorio.
