Alejandro CabreraVenezuela intenta recuperar una normalidad que parece alejarse cada vez que aparece una nueva emergencia. En La Guaira, uno de los principales destinos de playa del país y tradicional lugar de escapada para los habitantes de Caracas, comerciantes, pescadores, transportistas y trabajadores turísticos esperan desesperadamente el regreso de los visitantes después del terremoto del 24 de junio. A pocos kilómetros y en buena parte del resto del territorio venezolano, otra crisis de larga duración vuelve a hacerse insoportable: los apagones.
Las dos situaciones parecen diferentes, pero terminan confluyendo en el mismo problema. Venezuela necesita poner nuevamente en funcionamiento su economía cotidiana, desde un pequeño kiosco frente al Caribe hasta un campo petrolero, pero la fragilidad acumulada de la infraestructura, la falta de inversiones de años anteriores y las consecuencias de las últimas catástrofes dificultan cualquier recuperación.
En La Guaira, las casi 70 playas que antes recibían miles de visitantes cada fin de semana permanecen prácticamente desiertas. El terremoto no solamente destruyó viviendas y comercios: alteró la actividad de toda una economía regional construida alrededor del turismo. Cerca de 5.000 trabajadores vinculados directamente con las playas llevan casi dos meses con enormes dificultades para generar ingresos.
La tragedia también dejó una marca psicológica. Incluso en los sectores donde los establecimientos consiguieron reabrir, los visitantes son pocos. El miedo a volver, la presencia todavía visible de edificios afectados y el duelo de miles de familias mantienen alejados a muchos de los turistas que históricamente bajaban desde Caracas hacia el litoral.
La contradicción es particularmente difícil para quienes viven del turismo. Las autoridades mantienen restricciones en varios balnearios por razones de seguridad y por la situación creada después del terremoto, mientras trabajadores y comerciantes sostienen que permanecer cerrados también amenaza directamente su subsistencia.
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, reiteró el 11 de agosto que varias playas continuaban restringidas porque algunas de las zonas más afectadas todavía no estaban en condiciones de funcionar normalmente. El Ministerio de Turismo, por su parte, comenzó a trabajar en un programa para identificar qué establecimientos pueden reabrir inmediatamente y cuáles necesitan asistencia para hacerlo.
Los números muestran la dimensión del golpe económico. Antes de los terremotos había unos 615 establecimientos comerciales relevados en La Guaira; al menos 285 fueron afectados y 16 colapsaron. Además del turismo, la economía regional depende fuertemente del puerto de La Guaira, el aeropuerto internacional de Maiquetía y el empleo público.
Según datos de la Cámara de Comercio citados por El País, aproximadamente el 75% de los comerciantes tiene capacidad financiera para mantener sus nóminas solamente durante los primeros tres meses de emergencia. Aunque gran parte de los negocios que no sufrieron daños estructurales comenzaron nuevamente a funcionar, la actividad continúa muy lejos de los niveles anteriores.
Por eso existe una discusión cada vez más fuerte sobre el momento de reabrir las playas. Las autoridades prometieron subsidios para algunos prestadores, pero los trabajadores insisten en que la verdadera recuperación dependerá de volver a recibir turistas. Para un vendedor de empanadas, un pescador, un mesonero o un propietario de toldos, varios meses sin actividad pueden significar directamente la desaparición del negocio.
A ese deterioro se suma un fenómeno difícil de medir exclusivamente en términos económicos: La Guaira todavía está de duelo. El terremoto causó miles de muertos en Venezuela y la región fue una de las más golpeadas. Escuelas, viviendas y establecimientos comerciales quedaron destruidos o seriamente afectados, mientras una parte de la población continúa desplazada.
La actividad turística comienza a mostrar pequeños signos de regreso. Algunos autobuses volvieron a trasladar pasajeros entre Caracas y la costa, los pescadores retomaron parcialmente su actividad y aparecen nuevamente pequeños grupos de visitantes. Pero es todavía una fracción mínima de lo que históricamente representaba un fin de semana en las playas venezolanas.
Mientras La Guaira busca volver a encender su economía, gran parte de Venezuela enfrenta literalmente el problema contrario.
Los racionamientos eléctricos se extendieron nuevamente durante 2026 y en numerosas regiones los cortes diarios oscilan actualmente entre seis y once horas. La situación llevó al Gobierno a reducir horarios en organismos públicos y establecer planes especiales de consumo para centros comerciales y otras actividades económicas.
Maracaibo se convirtió otra vez en uno de los símbolos de la crisis. La capital del estado Zulia, una de las regiones petroleras más importantes del país y también una de las ciudades más calurosas de América Latina, lleva años sufriendo interrupciones eléctricas. Los cortes afectan aires acondicionados, heladeras, sistemas de bombeo de agua, pequeños negocios y prácticamente cualquier actividad productiva.
Una encuesta sobre las condiciones de vida de los venezolanos realizada en 2025 encontró que solamente alrededor del 10% de la población podía afirmar que vivía sin cortes eléctricos. En varias regiones el problema dejó de ser excepcional y pasó a formar parte de la rutina cotidiana.
Las consecuencias sobre el comercio son particularmente importantes. La Cámara de Comercio de Maracaibo sostiene que cerca del 40% de los establecimientos de la ciudad cerraron durante este año, en un contexto donde a la crisis económica se agregan los costos de mantener generadores eléctricos, conseguir combustible y conservar alimentos o mercadería refrigerada.
El problema alcanza incluso al corazón de la economía venezolana: el petróleo. La producción necesita electricidad para mantener operativos los pozos, equipos de bombeo y plantas. Cada interrupción significa detener procesos que después deben ser puestos nuevamente en funcionamiento, con pérdida de tiempo y dinero. Incluso Chevron ha reconocido las complicaciones que genera la inestabilidad eléctrica en las operaciones petroleras.
Venezuela no carece formalmente de capacidad eléctrica. El problema es cuánto de esa capacidad está efectivamente disponible.
El sistema tiene aproximadamente 30.000 megavatios de capacidad instalada, pero actualmente produce menos de la mitad. Reuters ubicó recientemente la generación disponible en torno a los 13.000 MW frente a una infraestructura instalada considerablemente superior.
La dependencia de la generación hidroeléctrica agrava además el problema. La represa de Guri continúa siendo una pieza fundamental del sistema y el Gobierno responsabiliza parcialmente a El Niño, las elevadas temperaturas y la reducción de lluvias por el deterioro reciente de la oferta eléctrica.
Pero atribuir toda la crisis al clima dejaría afuera un problema mucho más profundo. Venezuela lleva más de una década acumulando fallas en centrales termoeléctricas, redes de transmisión y distribución, además de denuncias de corrupción, proyectos inconclusos y falta de mantenimiento.
La experiencia de 2009 es uno de los antecedentes más importantes. Durante otra severa emergencia eléctrica, el Gobierno de Hugo Chávez realizó grandes compras de generación termoeléctrica. Parte de aquellas operaciones terminó posteriormente cuestionada por sobreprecios y por equipos que dejaron de funcionar correctamente poco tiempo después.
Ahora el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez intenta recuperar parte de esa capacidad. En junio firmó un acuerdo con la estadounidense General Electric para incorporar o recuperar alrededor de 1.000 MW durante los próximos dos años y otros 5.000 MW en un período de cuatro años. También alcanzó un convenio con la argentina IMPSA para intentar completar la central hidroeléctrica de Tocoma, cuya construcción comenzó en 2007 y quedó inconclusa durante años.
El problema es que ninguna de esas soluciones será inmediata.
Mientras esas inversiones se transforman eventualmente en energía disponible, Corpoelec comenzó a enviar mensajes de texto para informar los horarios de los cortes. En algunos casos los usuarios reciben las advertencias cuando la electricidad ya fue interrumpida.
Las dos imágenes que ofrece hoy Venezuela parecen resumir buena parte de sus dificultades estructurales.
Por un lado está La Guaira: un litoral de enorme potencial turístico, ubicado a pocos kilómetros de una capital de millones de habitantes, con trabajadores que necesitan que las playas vuelvan a llenarse para recuperar sus ingresos después de una tragedia extraordinaria.
Por otro está un país con gigantescos recursos petroleros, grandes represas hidroeléctricas y decenas de miles de megavatios de capacidad instalada que, sin embargo, debe organizar su vida cotidiana alrededor de extensos cronogramas de cortes eléctricos.
El terremoto de junio profundizó una fragilidad que ya existía. Los cortes de electricidad complican además la reconstrucción, el funcionamiento de hospitales, comercios y servicios públicos, mientras miles de personas afectadas por el sismo continúan dependiendo de infraestructuras precarias. Reuters informó que algunas familias desplazadas en zonas golpeadas como La Guaira todavía enfrentan dificultades de acceso tanto a electricidad como a agua.
Por eso el regreso del turismo a La Guaira es mucho más que una discusión sobre vacaciones o recreación. Es una cuestión económica de supervivencia para miles de familias. Pero para que esa recuperación pueda sostenerse necesita algo más profundo: carreteras funcionando, agua, electricidad estable, comercios operativos, seguridad edilicia y capacidad de inversión.
Venezuela intenta reconstruir simultáneamente sus ciudades después del terremoto y una infraestructura energética deteriorada durante años. La paradoja es enorme: La Guaira necesita que vuelvan las personas para encender su economía mientras millones de venezolanos continúan esperando, literalmente, que vuelva la luz.
