Venezuela acumula más de 1.100 protestas en un mes: los apagones ponen bajo presión a Delcy Rodríguez

Diez meses después de la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, Venezuela atraviesa una nueva etapa de conflictividad social. Las expectativas de recuperación económica conviven con un deterioro de los servicios públicos que afecta diariamente a millones de ciudadanos y aumenta la presión sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La electricidad se convirtió en el principal motivo de protesta. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante septiembre se registraron 1.101 manifestaciones en todo el país, el número más alto para ese mes desde que la organización comenzó a elaborar sus registros en 2008.

De ellas, 531 estuvieron relacionadas con apagones, interrupciones imprevistas y deficiencias del servicio eléctrico. Los datos representan un crecimiento del 489% en el total de protestas respecto de septiembre de 2025.

Una investigación publicada este jueves por The Washington Post documenta cómo las interrupciones del suministro están modificando la vida cotidiana de los venezolanos y alimentando nuevas movilizaciones, incluso en comunidades que durante años evitaron manifestarse por temor a represalias.

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Apagones de hasta 24 horas y protestas nocturnas

En varias regiones venezolanas, los cortes eléctricos duran habitualmente entre ocho y dieciséis horas, según testimonios y estimaciones de especialistas. En localidades de los estados de Cojedes y Aragua también se denunciaron interrupciones que alcanzaron las 24 horas.

La situación afecta especialmente a las comunidades donde el acceso al agua depende de bombas eléctricas y donde los hogares no cuentan con sistemas alternativos de generación.

Sin electricidad, también se interrumpen las conexiones a internet, se deterioran alimentos refrigerados y se dificulta el funcionamiento de comercios y pequeños emprendimientos.

El problema provocó un fenómeno creciente de protestas nocturnas. El OVCS contabilizó 376 manifestaciones durante la noche en septiembre, muchas de ellas protagonizadas por familias que cortaron calles o realizaron cacerolazos para reclamar respuestas.

A diferencia de las grandes movilizaciones organizadas por partidos políticos, numerosas protestas recientes surgieron de iniciativas vecinales vinculadas con necesidades básicas.

Una crisis energética que se arrastra desde hace años

Venezuela dispone de una importante infraestructura de generación eléctrica, pero una parte considerable se encuentra fuera de servicio.

De acuerdo con estimaciones de especialistas citadas en la investigación, el país posee aproximadamente 35 gigavatios de capacidad instalada, aunque solo alrededor de 12 estarían disponibles.

La demanda nacional se ubicaría cerca de los 16 gigavatios, lo que deja un déficit estimado de cuatro gigavatios.

El deterioro responde a problemas acumulados durante años. Expertos y dirigentes opositores señalan la falta de mantenimiento, las dificultades de inversión y la gestión del sistema como factores fundamentales.

El Gobierno, por su parte, también atribuye las fallas al aumento de la demanda, las altas temperaturas, las sanciones internacionales y los daños ocasionados por fenómenos naturales.

La combinación de infraestructura deteriorada y generación insuficiente dificulta tanto el abastecimiento doméstico como cualquier intento de ampliar la producción industrial.

Delcy Rodríguez abrió el sistema eléctrico a la inversión privada

Frente al aumento de los reclamos, el Gobierno venezolano comenzó a modificar su estrategia.

El martes 10 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma de la legislación eléctrica que permite una mayor participación de empresas privadas y mixtas en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.

La reforma contempla autorizaciones y concesiones que pueden extenderse hasta 25 años. Sin embargo, su aprobación parlamentaria no significa que las inversiones ya se hayan realizado ni que los cortes vayan a desaparecer inmediatamente.

La administración de Rodríguez también anunció un acuerdo para incorporar 200 megavatios mediante unidades flotantes de generación eléctrica destinadas al estado Zulia.

El proyecto podría aportar capacidad adicional, pero todavía existen interrogantes sobre los plazos de implementación y la magnitud de las inversiones necesarias para recuperar el sistema nacional.

El problema eléctrico amenaza la recuperación petrolera

La crisis también representa un obstáculo para uno de los principales objetivos económicos de la administración venezolana y de Estados Unidos: aumentar la producción petrolera.

Después de la intervención estadounidense que terminó con la captura de Maduro, Washington impulsó acuerdos para facilitar la comercialización del crudo venezolano y atraer capitales hacia el sector energético.

Sin embargo, la producción de petróleo necesita electricidad para operar equipos, refinerías, sistemas de bombeo y otras instalaciones industriales.

Si la infraestructura eléctrica no consigue cubrir las necesidades de los hogares, también tendrá dificultades para acompañar una expansión de la actividad petrolera.

Este escenario plantea una contradicción económica importante: el país posee enormes reservas de petróleo, pero necesita reconstruir parte de su sistema eléctrico para aprovecharlas plenamente.

El malestar social se combina con la presión por elecciones

La nueva ola de protestas no se limita al funcionamiento de los servicios públicos.

Los bajos ingresos, las dificultades para comprar alimentos y la falta de una fecha confirmada para las elecciones presidenciales también alimentan el descontento.

Durante octubre, sectores opositores retomaron las movilizaciones para reclamar un calendario electoral y mayores garantías institucionales. El regreso al país de María Corina Machado reactivó además las demandas políticas de quienes cuestionan la continuidad del chavismo en el poder.

Rodríguez ha prometido avanzar hacia una nueva etapa electoral, pero todavía no confirmó cuándo se celebrarán los comicios presidenciales.

La situación coloca a su gobierno frente a dos exigencias simultáneas: mejorar las condiciones materiales de la población y ofrecer respuestas sobre la transición política.

Un desafío para la continuidad de la transición venezolana

El aumento de las protestas no demuestra por sí solo que Delcy Rodríguez esté a punto de abandonar la presidencia. Sin embargo, revela la persistencia de una crisis social que no desapareció con la salida de Maduro del poder.

Para los habitantes de las regiones afectadas, el debate político convive con necesidades inmediatas: tener electricidad, conseguir agua, preservar alimentos y sostener sus ingresos.

La reforma del sistema eléctrico podría abrir una nueva etapa de inversiones, pero sus resultados dependerán de los recursos disponibles, la capacidad de ejecución y la recuperación de una infraestructura profundamente deteriorada.

El desafío de Rodríguez ya no consiste solamente en negociar la transición política con Washington: también debe demostrar que esa transición puede traducirse en mejoras concretas para la población venezolana.