Cuba vuelve a clases en medio del derrumbe: faltan 21.000 maestros, uniformes, comida y hasta luz para estudiar

Hay pocas imágenes capaces de explicar mejor la dimensión de la crisis cubana que la de un adolescente entrando a una de las escuelas emblemáticas de la Revolución con una lámpara recargable dentro de la mochila. No para una excursión, ni para enfrentar una emergencia excepcional, sino para poder estudiar cuando vuelva a cortarse la electricidad. Es una escena pequeña, casi doméstica, pero representa algo mucho mayor: el deterioro alcanzó finalmente a uno de los pilares que durante más de seis décadas el Gobierno cubano utilizó para defender su modelo político incluso frente a sus críticos más duros.

El curso escolar comenzó el 1° de septiembre con aproximadamente 1,4 millones de estudiantes regresando a más de 10.000 centros educativos, pero detrás de los actos patrióticos, los uniformes que todavía pudieron conseguirse y los mensajes de resistencia lanzados desde el Partido Comunista aparece un sistema educativo sometido a una presión extraordinaria. Faltan docentes, materiales, transporte, alimentos, combustible y electricidad. Algunas familias están optando directamente por no enviar a sus hijos determinados días porque no consiguen garantizarles descanso, desayuno o condiciones mínimas para llegar a clases después de noches enteras sin corriente.

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La dimensión histórica vuelve especialmente potente esa fotografía. En septiembre de 1959, pocos meses después del triunfo revolucionario, Fidel Castro convirtió el antiguo Campamento de Columbia —uno de los símbolos del poder militar de Fulgencio Batista— en la escuela Ciudad Libertad. La educación se transformaría durante los años siguientes en uno de los proyectos centrales del nuevo Estado. Cuba redujo drásticamente el analfabetismo, expandió escuelas por zonas rurales, formó grandes contingentes de docentes y desarrolló un sistema de enseñanza gratuita que se convirtió durante décadas en uno de los principales argumentos de legitimidad de la Revolución, incluso para observadores que rechazaban su sistema político. Más de sesenta años después, la crisis económica amenaza justamente aquella promesa.

El País reconstruyó el comienzo de clases a partir de testimonios de madres cubanas que permiten observar cómo las grandes variables económicas terminan entrando directamente en un aula. Una mujer de Regla, La Habana, contó que su casa llevaba más de 30 horas sin electricidad y que decidió no despertar a su hijo de nueve años para enviarlo agotado a cuarto grado. El problema no era solamente la oscuridad: sin corriente tampoco podía enfriar agua, conservar alimentos, utilizar la lavadora o garantizar que el niño descansara durante una noche de calor. A eso se sumaba otra carencia todavía más elemental: aquella mañana tampoco había pan en la panadería.

El uniforme, históricamente uno de los símbolos de igualdad dentro de las escuelas cubanas, se convirtió además en un gasto que muchas familias ya no pueden afrontar. El propio Gobierno reconoció que no consiguió producir las cantidades necesarias porque los talleres dependen de electricidad, combustible, transporte e insumos importados que hoy escasean. Associated Press informó que la producción oficial alcanzó apenas alrededor del 12% de las necesidades del nivel primario, razón por la cual las autoridades flexibilizaron la obligación de utilizar uniforme. En el mercado informal, una camisa o blusa puede costar entre 1.000 y 2.000 pesos cubanos y determinados pantalones o faldas entre 2.000 y 4.000, cifras considerables en un país donde los salarios estatales perdieron una enorme cantidad de poder adquisitivo.

La paradoja es evidente: un sistema que históricamente intentó evitar que la capacidad económica de una familia determinara las condiciones de educación de sus hijos está transfiriendo cada vez más costos hacia esas mismas familias. Cuando el Estado no entrega uniformes, los padres los buscan en el mercado informal; cuando faltan libros, aparecen negocios que los reimprimen; cuando no existe transporte adecuado, las familias improvisan alternativas; cuando la escuela no puede asegurar electricidad, los alumnos llevan lámparas; y cuando la alimentación deja de estar garantizada, la posibilidad de comenzar la jornada escolar con hambre depende directamente del ingreso del hogar.

21.000 maestros menos y una de las escuelas símbolo pidiendo lámparas

El problema más estructural probablemente sea la falta de docentes. La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció que Cuba necesita aproximadamente 21.000 profesores adicionales y que la cobertura actual alcanza apenas el 73% de la demanda. El déficit tiene varias explicaciones y ninguna comenzó con las sanciones anunciadas este año. Durante mucho tiempo los maestros abandonaron la profesión para trabajar en actividades mejor remuneradas, especialmente aquellas conectadas con turismo, sector privado o ingresos en divisas. A eso se sumó la enorme emigración cubana de los últimos años, que vació escuelas, hospitales y distintas áreas del Estado de trabajadores calificados.

La respuesta oficial muestra hasta qué punto se encuentra tensionado el sistema. Unos 3.000 docentes fueron trasladados desde provincias orientales hacia La Habana, mientras en determinadas zonas se incorporan jubilados, universitarios y profesionales provenientes de otros sectores para cubrir cursos que de otra manera quedarían sin profesor. El problema puede ser todavía mayor en algunas provincias: cifras oficiales mencionadas por El País hablan de déficits cercanos a 3.000 maestros solamente en territorios como Camagüey u Holguín. Los bajos salarios y la dificultad para transportarse hasta las escuelas funcionan como obstáculos adicionales para conservar personal.

La situación de la prestigiosa escuela preuniversitaria Vladímir Ilich Lenin resume casi todas las contradicciones del momento. Creada como uno de los grandes proyectos educativos de la Revolución y destinada históricamente a formar estudiantes destacados en ciencias, este año tuvo que retrasar una semana la recepción de alumnos internados debido a problemas con el abastecimiento de agua. Padres denunciaron además la falta de alrededor de 400 colchones y la dirección pidió que cada estudiante llevara una lámpara recargable para estudiar durante los cortes eléctricos. Según una madre citada por El País, el establecimiento atraviesa apagones de entre 20 y 22 horas, semejantes a los que afectan a otras partes de la isla.

Es difícil encontrar una metáfora más poderosa. Una escuela construida para formar a la élite científica de un proyecto que durante décadas hizo de la educación y la ciencia dos de sus mayores banderas necesita que los propios alumnos aporten una fuente individual de iluminación porque el sistema eléctrico nacional no consigue garantizarla.

Los apagones tampoco son una dificultad aislada del ámbito educativo. Cuba atravesó durante 2026 repetidos colapsos del Sistema Eléctrico Nacional, además de cortes programados y no programados que en determinados territorios duran gran parte de la jornada. La falta de combustible dificulta simultáneamente generación eléctrica y transporte; el deterioro de plantas termoeléctricas envejecidas aumenta las averías; y la escasez de divisas restringe la capacidad de importar repuestos y petróleo. Las autoridades cubanas señalan particularmente al bloqueo petrolero estadounidense impulsado por Trump desde comienzos de año, mientras especialistas también remarcan décadas de inversión insuficiente y mantenimiento postergado dentro del propio sistema energético.

Esta distinción es importante porque la crisis cubana suele explicarse desde dos relatos completamente enfrentados y ambos, tomados de manera absoluta, resultan insuficientes. El Gobierno de La Habana atribuye buena parte de sus dificultades al embargo estadounidense y ahora al fuerte endurecimiento de las sanciones de Trump. Washington responde que el verdadero problema es un sistema económico centralizado que destruyó productividad, inversión y capacidad de generar riqueza. La realidad permite reconocer simultáneamente efectos provenientes de ambos lados: seis décadas de restricciones estadounidenses tienen costos económicos reales, y el cerco energético actual los profundiza; pero Cuba ya llegaba a esta etapa con graves problemas de productividad, distorsiones monetarias, emigración masiva, infraestructura degradada y salarios estatales incapaces de retener profesionales.

Las sanciones anunciadas este jueves añaden presión sobre una estructura que ya funcionaba al límite. Estados Unidos incluyó en su lista de restricciones al Banco Exterior de Cuba y a compañías vinculadas con petróleo, energía, níquel y cobalto, además de Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro. Washington sostiene que busca cortar fuentes de financiamiento de la estructura gobernante; La Habana denuncia que esas medidas terminan castigando colectivamente a la población al dificultar transacciones, importaciones y acceso a combustible. Independientemente de la discusión política, el nuevo paquete llega precisamente cuando el sistema educativo muestra hasta qué punto una crisis energética puede convertirse después en una crisis social.

Cuando el gran logro de la Revolución empieza a depender del mercado

El deterioro educativo tiene además una consecuencia especialmente incómoda para el Gobierno cubano porque amenaza con quebrar uno de los principios que diferenciaron históricamente al sistema: la universalidad. No significa que Cuba haya dejado de tener educación pública gratuita ni que sus escuelas hayan desaparecido. Más de un millón de alumnos siguen asistiendo y decenas de miles de profesores continúan sosteniendo el sistema en condiciones extraordinariamente difíciles. Pero la igualdad formal empieza a convivir con desigualdades materiales cada vez más visibles.

Una familia que recibe remesas desde Estados Unidos puede comprar un uniforme en el mercado privado, una batería externa, alimentos, una lámpara recargable, zapatos nuevos o materiales escolares importados. Otra que depende únicamente de un salario estatal puede no conseguirlos. Una puede pagar transporte alternativo durante una crisis de combustible y otra depender de un servicio público irregular. La educación continúa oficialmente siendo gratuita, pero alrededor del aula aparecen costos privados que determinan crecientemente quién estudia en mejores condiciones.

La socióloga Elaine Acosta González, consultada por El País, relaciona este proceso con una transferencia progresiva hacia las familias de responsabilidades que anteriormente asumía el Estado. Alimentación, vestimenta, materiales y otras condiciones básicas para estudiar comienzan a resolverse fuera del sistema público, mientras el mercado informal ocupa espacios que las instituciones no consiguen cubrir. En una sociedad donde la igualdad educativa fue durante décadas una fuente central de legitimidad, ese desplazamiento tiene consecuencias que van más allá de una dificultad coyuntural.

También existe un impacto psicológico difícil de medir. Las madres entrevistadas describen agotamiento, frustración y desesperación por no poder garantizar necesidades básicas a sus hijos. Los estudiantes duermen mal por los apagones, atraviesan cambios de rutina, escuchan permanentemente conversaciones familiares sobre comida, dinero y electricidad y después deben mantener el rendimiento académico. Acosta advierte que esa presión está afectando tanto a niños y adolescentes como a quienes sostienen las tareas de cuidado, mayoritariamente mujeres.

El dato de pobreza que utiliza El País requiere, además, una aclaración. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización crítica del Gobierno cubano, estimó recientemente que el 94% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, que 68% de los consultados tiene ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos y que ocho de cada diez personas dijeron haber omitido alguna comida por falta de alimentos o dinero. No es una estadística oficial cubana ni debe presentarse como si tuviera el mismo carácter que una medición producida por un instituto público independiente; Cuba tampoco publica regularmente una línea de pobreza comparable con la de otros países. Pero, aun tomando con precaución la cifra concreta, múltiples fuentes coinciden en describir un deterioro extraordinariamente profundo de las condiciones de vida.

Ese deterioro explica por qué el comienzo del curso produjo dos relatos prácticamente opuestos. Desde el Gobierno, el regreso a clases fue presentado como otro acto de resistencia nacional frente a Washington. El Partido Comunista habló de “heroísmo” y Miguel Díaz-Canel sostuvo que los estudiantes comenzaron el curso pese al intento estadounidense de asfixiar al país. En muchas escuelas hubo actos, banderas, canciones y ceremonias celebrando la continuidad de la enseñanza. Desde las familias entrevistadas por medios independientes, en cambio, el regreso estuvo marcado por una pregunta bastante más elemental: cómo mandar a un niño a estudiar después de una noche sin dormir, sin desayuno, sin transporte o sin los materiales que necesita.

Las dos imágenes pueden coexistir. El sistema educativo cubano continúa funcionando gracias a una enorme movilización institucional, de docentes y de familias, y el acceso universal a la escuela sigue siendo una realidad que diferencia a Cuba de países donde millones de niños permanecen fuera de las aulas. Pero la capacidad de mantener formalmente abiertas las escuelas no resuelve el deterioro de las condiciones en que se aprende.

Y ese es posiblemente el aspecto políticamente más importante de esta crisis. El Gobierno cubano sobrevivió durante décadas a enormes dificultades económicas porque podía señalar logros sociales concretos. Salud, educación, alfabetización, formación universitaria y determinados indicadores sanitarios funcionaron como contrapeso frente a las críticas por ausencia de pluralismo político, bajos ingresos o restricciones económicas. Cuando la crisis comienza a erosionar precisamente esos servicios, la discusión deja de ser solamente cuánto crece o cae el PBI.

Pasa a ser qué queda del contrato social construido después de 1959.

La situación educativa también muestra por qué Washington enfrenta una pregunta incómoda respecto de su estrategia. Si el objetivo de las sanciones es debilitar a la estructura política que gobierna Cuba, el endurecimiento puede efectivamente reducir los recursos disponibles para el Estado. Pero una escuela sin electricidad no distingue entre un dirigente comunista y un alumno de nueve años. Un embargo energético capaz de aumentar la presión sobre el Gobierno puede simultáneamente agravar las condiciones que atraviesan ciudadanos que no tienen capacidad de modificar la política exterior de su país.

Eso no exonera al Gobierno cubano de sus responsabilidades. Después de más de seis décadas, atribuir cada deficiencia exclusivamente a Estados Unidos tampoco explica por qué maestros altamente formados abandonan la profesión por salarios incapaces de sostener una familia, por qué la infraestructura energética llegó a semejante nivel de deterioro o por qué el sistema económico genera tan pocas divisas para mantener servicios públicos que el propio Estado considera prioritarios.

El desafío cubano es justamente que ya no parece poder elegir entre resolver primero la economía o proteger primero sus conquistas sociales. Ambas cosas están empezando a depender una de la otra.

El Gobierno anunció recientemente una serie de reformas destinadas a ampliar espacios para iniciativa privada e inversión extranjera, probablemente consciente de que el modelo necesita urgentemente capital y productividad. Si esa apertura consigue generar actividad y recursos, una parte podría terminar reconstruyendo aquello que el Estado ya no logra financiar. Si fracasa, la educación podría continuar avanzando hacia una estructura formalmente pública pero sostenida cada vez más por los recursos particulares de cada familia.

Ésa sería una transformación mucho más profunda de Cuba que cualquier discurso.

En 1959 Fidel Castro les decía a los niños que estudiar era una obligación revolucionaria. En 2026 hay familias que quieren que sus hijos estudien pero deben preguntarse primero si consiguieron pan, si habrá agua, si el maestro llegará y si la lámpara recargable tiene batería.

La escuela todavía abre.

El problema es todo lo que los cubanos deben resolver antes de poder entrar.