Trump endurece el cerco sobre Cuba: sanciona al nieto de Raúl Castro y golpea al petróleo, el níquel y la banca en plena crisis de la isla

Donald Trump volvió a apretar este jueves una de las piezas centrales de su política latinoamericana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y esta vez no se limitó a funcionarios o instituciones políticas: avanzó directamente sobre algunas de las estructuras que permiten al Estado cubano conseguir dólares, importar combustible y mantener funcionando sectores estratégicos de una economía que atraviesa una de sus crisis más profundas desde la desaparición de la Unión Soviética. La medida alcanza a Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años y nieto del expresidente Raúl Castro, pero también al Banco Exterior de Cuba y a empresas vinculadas con hidrocarburos, níquel y cobalto. En conjunto, el movimiento confirma que Washington pretende elevar el costo económico del régimen de Miguel Díaz-Canel hasta obligarlo a introducir transformaciones políticas que hasta ahora La Habana se niega a aceptar.

El caso de Castro Calis es particularmente significativo por el apellido, aunque conviene precisar exactamente por qué fue sancionado. Estados Unidos no anunció una acusación penal contra él ni presentó públicamente pruebas de un delito cometido personalmente por el joven. La designación se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 por ser familiar adulto de Alejandro Castro Espín, su padre, una figura históricamente relacionada con los servicios de inteligencia cubanos que ya estaba sancionada por Washington. El secretario de Estado Marco Rubio incluyó la medida dentro de una ofensiva contra lo que describe como estructuras familiares y económicas que permiten a la élite cubana conservar privilegios mientras la población enfrenta privaciones. Esa es la posición estadounidense; La Habana rechaza esa caracterización y sostiene que Washington utiliza los vínculos familiares como instrumento para ampliar indiscriminadamente las sanciones.

La mayor importancia económica del paquete está, de todos modos, fuera de la familia Castro. El Banco Exterior de Cuba quedó incorporado a la lista estadounidense porque desempeña un papel central en la financiación del comercio exterior y en operaciones internacionales del sector estatal. También fueron alcanzadas Comercial Cupet y Abapet, vinculadas con Cuba Petróleo y con la importación de insumos, equipamiento y servicios esenciales para la deteriorada industria energética. En minería quedaron sancionadas Nicarotec y Cexni, empresas relacionadas con servicios técnicos, maquinaria y procesamiento de níquel y cobalto. Son áreas sensibles porque el níquel continúa siendo una de las principales exportaciones cubanas y porque la falta de combustible y repuestos constituye hoy una de las mayores restricciones para el funcionamiento cotidiano de la isla.

Las consecuencias jurídicas son amplias. Los activos que esas personas o entidades posean bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados y ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar determinadas operaciones con ellas. Pero el efecto puede extenderse mucho más allá del territorio norteamericano: Washington advirtió también a instituciones financieras internacionales sobre el riesgo de realizar transacciones con actores sancionados. En la práctica, esa amenaza de sanciones secundarias puede provocar que bancos, navieras, aseguradoras o proveedores de terceros países decidan evitar negocios con Cuba incluso cuando una operación determinada no esté expresamente prohibida, simplemente porque el costo potencial de perder acceso al sistema financiero norteamericano resulta demasiado elevado.

De sancionar funcionarios a golpear directamente la capacidad económica de Cuba

La medida forma parte de una estrategia considerablemente más amplia que Trump aceleró desde comienzos de 2026. Washington impuso restricciones sobre el suministro de petróleo a Cuba y amenazó con penalizar a países o empresas que continúen proporcionando combustible a la isla. Posteriormente extendió sanciones a GAESA, el poderoso conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, alcanzó al Ministerio de Turismo, sancionó compañías vinculadas con minería, metalurgia, construcción y comercio exterior y apuntó contra dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El mensaje político de Rubio es que Estados Unidos ya no pretende solamente aislar diplomáticamente a La Habana, sino impedir que las instituciones controladas por el Partido Comunista dispongan de los recursos necesarios para financiarse y sostener su aparato estatal.

La estrategia estadounidense tiene, sin embargo, una consecuencia imposible de separar del objetivo político: cuanto más se restringe el ingreso de combustible, divisas y equipamiento, mayor es también el impacto sobre la población. Cuba ya llegaba a 2026 con una infraestructura eléctrica envejecida, muy poca inversión, caída de la producción interna, escasez de divisas y una fuerte contracción de sus antiguas fuentes de financiamiento. El cerco petrolero estadounidense agravó esas condiciones. Reuters documentó apagones prolongados, dificultades para bombear agua, conservar alimentos y medicamentos, transportar personas y mantener servicios básicos; Naciones Unidas advirtió que la combinación de falta de combustible y deterioro económico podría derivar en una crisis humanitaria todavía mayor. Eso no significa que las sanciones expliquen por sí solas el colapso cubano: la baja productividad, la centralización económica, décadas de insuficiente inversión, distorsiones monetarias y errores de gestión del propio Gobierno son componentes esenciales. Pero tampoco puede afirmarse seriamente que un bloqueo energético de esta magnitud carezca de consecuencias materiales sobre los ciudadanos.

La reapertura de las escuelas esta semana ofreció una fotografía concreta. Aproximadamente 1,4 millones de estudiantes regresaron a clases en medio de falta de transporte, escasez de materiales, problemas con uniformes, apagones y déficit de docentes. En algunas zonas los alumnos dependen de lámparas recargables o las familias deben resolver por su cuenta recursos que anteriormente proporcionaba el Estado. La crisis energética también dificulta el funcionamiento de hospitales y cadenas de frío. Es precisamente por ese efecto que especialistas críticos de la política norteamericana consideran que la estrategia intenta elevar deliberadamente la presión social hasta que el propio deterioro interno obligue al Gobierno cubano a negociar o desencadene una crisis política. La administración Trump rechaza que su objetivo sea castigar a la población y sostiene que la responsabilidad última pertenece a un sistema que durante décadas concentró recursos y bloqueó libertades económicas y políticas.

Cuba responde con el argumento opuesto. El canciller Bruno Rodríguez calificó el cerco estadounidense como un “castigo colectivo” y aseguró que las restricciones impiden o encarecen la llegada de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y combustible. También afirmó que miles de contenedores permanecen afectados por el temor de empresas de transporte a sufrir represalias financieras estadounidenses. La Habana sostiene que está dispuesta a mantener un diálogo con Washington siempre que se realice bajo condiciones de igualdad soberana, sin exigencias previas ni intervención sobre su sistema político. Es importante diferenciar aquí dato de discurso: algunas cifras difundidas por el Gobierno cubano sobre el costo del embargo son objeto de controversia y no pueden atribuirse automáticamente en su totalidad a Estados Unidos, pero las dificultades generadas por las restricciones financieras y energéticas están ampliamente documentadas por organizaciones internacionales y agencias independientes.

Existe además un endurecimiento político que va bastante más allá de las sanciones económicas. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente a Raúl Castro por una presunta conspiración vinculada con el derribo en 1996 de dos aeronaves de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. Una imputación no equivale a una condena y Castro no fue juzgado en Estados Unidos por esos cargos, pero la decisión resulta extraordinaria por tratarse de uno de los últimos líderes históricos vivos de la revolución cubana y demuestra hasta qué punto la administración Trump pretende aumentar simultáneamente la presión económica, judicial y política sobre la vieja estructura castrista.

La paradoja: mientras Trump aprieta, Cuba comienza a abrir su economía

La ofensiva estadounidense ocurre además en un momento particularmente llamativo porque La Habana está haciendo algo que durante décadas evitó: acelerar una apertura hacia mecanismos de mercado. Este mismo jueves entraron en vigencia nuevas regulaciones destinadas a atraer inversión extranjera, facilitar operaciones privadas y reducir algunas de las barreras burocráticas que caracterizaron históricamente al sistema cubano. Las modificaciones permiten, entre otras cosas, mayor participación privada en turismo, agencias de viaje independientes, guías autónomos, procedimientos más simples para abrir cuentas bancarias extranjeras y contratación de trabajadores sin necesidad de pasar siempre por agencias estatales.

El paquete se suma a 176 reformas económicas anunciadas en junio, que Reuters describió como la transformación más amplia de la economía socialista cubana desde la revolución de 1959. El Gobierno no está abandonando el control político del Partido Comunista ni privatizando masivamente las grandes empresas estatales, pero necesita capital, productividad, inversión y divisas y parece haber llegado a la conclusión de que el modelo tradicional ya no puede proporcionarlos por sí solo. Esto produce una ironía difícil de ignorar: algunas de las reformas que Estados Unidos reclamó durante décadas empiezan a aplicarse precisamente cuando Washington adopta una de las estrategias de presión más agresivas de los últimos tiempos.

Esa contradicción abre una discusión sobre qué busca realmente Trump. Si el objetivo inmediato es conseguir que Cuba liberalice su economía, parte de ese proceso ya comenzó. Si la meta es mucho más profunda —forzar una apertura política, elecciones competitivas, desmontar la hegemonía del Partido Comunista y debilitar definitivamente la estructura vinculada con los Castro— las reformas económicas probablemente resulten insuficientes para Washington. Rubio habla explícitamente de una “Cuba libre” y de desmantelar las redes económicas y represivas del viejo sistema, un lenguaje que señala que la administración estadounidense está pensando en una transformación política y no simplemente en conseguir cambios comerciales.

El problema histórico es que seis décadas de embargo tampoco consiguieron producir esa transición. Cuba atravesó el aislamiento estadounidense, la desaparición de la Unión Soviética, el denominado Período Especial, la muerte de Fidel Castro y múltiples ciclos de endurecimiento y distensión sin abandonar el sistema de partido único. Barack Obama intentó el camino inverso mediante normalización diplomática, apertura y restablecimiento de relaciones, bajo la idea de que décadas de aislamiento habían fracasado. Trump volvió primero a revertir buena parte de aquella política y en su segundo mandato llevó la coerción económica todavía más lejos. Ahora la crisis venezolana, la pérdida de suministros energéticos, el deterioro interno cubano y una administración estadounidense mucho más dispuesta a emplear sanciones secundarias crean condiciones diferentes de las existentes hace diez o veinte años.

Por eso las sanciones de este jueves deben observarse como algo más que la inclusión de otro apellido Castro en una lista del Tesoro. Washington está intentando cortar simultáneamente dinero, energía, exportaciones y conexiones financieras mientras incrementa el costo para terceros países de ayudar a La Habana. Cuba, al mismo tiempo, flexibiliza parte de su economía para conseguir justamente los dólares y las inversiones que esa presión intenta restringir. Las dos estrategias chocarán durante los próximos meses y el resultado determinará no solamente cuánto puede resistir el Gobierno de Díaz-Canel, sino también cuánto deterioro adicional puede soportar una población que ya atraviesa apagones, escasez y una fuerte pérdida de calidad de vida.

La pregunta central, entonces, ya no es si Trump endureció las sanciones. Lo hizo y cada nuevo paquete confirma que piensa continuar.

La cuestión es otra: si la máxima presión conseguirá finalmente cambios políticos en Cuba o si, como ocurrió durante buena parte de los últimos sesenta años, terminará debilitando mucho más la economía y la vida cotidiana de los cubanos que la capacidad del régimen para permanecer en el poder.