A 25 años del 11-S, documentos ocultos revelan que Nueva York conocía el riesgo del aire tóxico y abren una guerra entre Mamdani y Giuliani

Durante casi un cuarto de siglo, una segunda tragedia creció silenciosamente detrás de las imágenes del 11 de septiembre de 2001. No ocurrió aquella mañana, sino durante los días, meses y años posteriores, cuando bomberos, policías, trabajadores de la construcción, empleados, estudiantes y vecinos de Manhattan respiraron una nube compuesta por cemento pulverizado, asbestos, fibras de vidrio, metales, productos de combustión y miles de sustancias liberadas por el derrumbe del World Trade Center. Muchos escucharon entonces un mensaje tranquilizador de las autoridades: podían volver a sus casas, sus oficinas y sus escuelas porque el aire era seguro. Veinticinco años después, Nueva York acaba de publicar más de 170.000 páginas de documentos municipales que muestran que dentro del propio Estado existían advertencias mucho más preocupantes que las que se transmitían públicamente.

La documentación fue liberada este martes por la administración del alcalde Zohran Mamdani después de años de reclamos judiciales de sobrevivientes y organizaciones vinculadas con las víctimas. Los archivos incluyen informes sobre calidad del aire, contaminación, decisiones de funcionarios, correspondencia jurídica y el denominado “Harding Memo”, uno de los documentos más comprometidos políticamente porque muestra que apenas semanas después de los atentados funcionarios municipales ya analizaban la posibilidad de afrontar miles de demandas derivadas de la exposición a sustancias peligrosas y de la falta de equipos de protección adecuados. El memo no prueba por sí solo que Rudy Giuliani o cada integrante de su administración supieran exactamente qué consecuencias sanitarias aparecerían décadas después, pero demuestra que dentro del gobierno de la ciudad se evaluaba muy tempranamente un riesgo que públicamente era minimizado.

El volumen de información es extraordinario. Parte de los registros procede de 68 cajas de documentación que recién fueron localizadas en 2025, a pesar de que durante años habían existido pedidos formales de acceso a esos materiales mediante la legislación de libertad de información. También existen documentos sobre el edificio World Trade Center 7 y sobre la respuesta ambiental de las autoridades municipales. La ciudad anunció que esta primera publicación no será la última: los equipos jurídicos continuarán revisando material durante los próximos doce meses antes de incorporarlo al nuevo portal público, eliminando únicamente información personal o aquella que legalmente deba mantenerse protegida.

Eso obliga también a precisar qué significa hablar de “documentos secretos”. No se trata en todos los casos de archivos formalmente clasificados como secretos de Estado. Buena parte eran registros municipales que nunca habían sido puestos a disposición del público, permanecieron archivados, fueron objeto de pedidos de acceso rechazados o incompletos y terminaron apareciendo a partir de litigios y nuevas búsquedas. La administración Mamdani llegó finalmente a un acuerdo con 9/11 Health Watch en dos causas judiciales y destinó US$34 millones en el presupuesto de 2027 para desarrollar y mantener el sistema que permitirá digitalizar y divulgar la documentación.

La revelación tampoco significa que recién en 2026 se descubra que las comunicaciones oficiales posteriores al 11-S fueron problemáticas. Ya en 2003, la propia Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concluyó que cuando la EPA aseguró el 18 de septiembre de 2001 que el aire era “seguro para respirar” no disponía de datos suficientes para hacer una afirmación tan amplia. El informe estableció además que la Casa Blanca había influido sobre algunos comunicados iniciales de la agencia, incorporando expresiones tranquilizadoras y eliminando determinadas advertencias. Lo nuevo ahora es que los archivos permiten observar con mucho mayor detalle qué ocurría simultáneamente dentro del gobierno municipal de Nueva York.

El “segundo 11-S”: cáncer, enfermedades respiratorias y una pregunta sobre quién sabía qué

La tragedia sanitaria acumulada durante estos 25 años terminó modificando incluso la manera en que Estados Unidos recuerda los atentados. Cerca de 3.000 personas murieron directamente el 11 de septiembre de 2001, pero con el paso del tiempo miles de rescatistas, trabajadores y habitantes de las zonas expuestas desarrollaron cáncer, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos y distintas patologías reconocidas oficialmente como relacionadas con la exposición al World Trade Center. El programa federal creado para monitorear y tratar a las víctimas cuenta actualmente con más de 140.000 personas inscriptas, mientras decenas de miles recibieron certificaciones por cánceres vinculados con la exposición.

Al comienzo, incluso el cáncer no formaba parte de las enfermedades cubiertas cuando el Congreso creó el World Trade Center Health Program mediante la Ley Zadroga. La evidencia acumulada y la presión de organizaciones de sobrevivientes obligaron posteriormente a ampliar el reconocimiento de patologías. Hoy el programa cubre distintos tipos de cáncer bajo criterios específicos de exposición y períodos de latencia, además de afecciones respiratorias, digestivas y de salud mental. El proceso muestra cuánto cambió el conocimiento científico respecto de aquella nube que, durante los primeros días posteriores al atentado, muchos funcionarios presentaban como una amenaza fundamentalmente temporaria.

Mamdani aprovechó políticamente la publicación para formular una acusación muy fuerte contra las administraciones anteriores. Dijo que muchas personas se enfermaron porque confiaron en dirigentes que aseguraron que podían respirar un aire que en realidad contenía sustancias peligrosas y sostuvo que durante años distintas gestiones municipales se resistieron a liberar los documentos. Lo acompañó Jon Stewart, uno de los defensores más visibles de los programas sanitarios y de compensación para los rescatistas, sobrevivientes y familiares. El alcalde también ordenó que funcionarios municipales ayuden a quienes necesiten documentación para demostrar que estuvieron dentro de las zonas de exposición y puedan así acceder a los programas federales de salud y compensación.

La responsabilidad histórica de la administración Giuliani aparece inevitablemente en el centro de la discusión porque era quien gobernaba Nueva York durante los atentados y durante las primeras etapas de limpieza y reconstrucción. El congresista demócrata Jerry Nadler, que representaba entonces parte de Manhattan, fue mucho más lejos que Mamdani y acusó directamente a Giuliani de haber ocultado información sobre los riesgos. Esa afirmación pertenece a Nadler y no constituye todavía una conclusión judicial. Los nuevos archivos deberán ser estudiados con mucha mayor profundidad para determinar quién recibió cada advertencia, cuándo la recibió, qué información poseía y qué decisiones tomó a partir de ella.

Ahí está probablemente el aspecto más explosivo de la documentación. El problema no consiste únicamente en establecer si después del derrumbe existían partículas peligrosas, algo ampliamente demostrado desde hace años, sino en reconstruir la diferencia entre lo que las autoridades sabían internamente y aquello que decidieron comunicarle a la población. Si los funcionarios analizaban simultáneamente posibles demandas por contaminación mientras estimulaban el regreso de personas a oficinas, escuelas y viviendas sin comunicar adecuadamente las incertidumbres existentes, la discusión deja de ser exclusivamente científica y se convierte en un problema de responsabilidad política y administrativa.

La lógica de aquellos días ayuda a comprender, aunque no necesariamente justifica, algunas decisiones. Nueva York acababa de sufrir el peor atentado terrorista de su historia. Wall Street había cerrado, Lower Manhattan estaba devastado, miles de empresas no podían funcionar y la administración enfrentaba una presión gigantesca para normalizar la vida económica y demostrar que la ciudad continuaba en pie. Declarar una extensa zona de Manhattan potencialmente inhabitable habría tenido consecuencias económicas y sociales enormes. Precisamente por eso resulta tan importante conocer si la necesidad política de recuperar la ciudad terminó influyendo sobre la comunicación de riesgos sanitarios.

Las consecuencias pueden ser también jurídicas. El Harding Memo muestra que desde las primeras semanas los abogados municipales analizaban potenciales reclamos y mecanismos para limitar la responsabilidad de la ciudad. La publicación de nuevos documentos puede ayudar a víctimas que todavía necesitan probar dónde trabajaban, vivían o estudiaban y también puede alimentar investigaciones históricas o nuevos reclamos legales, aunque existen fuertes limitaciones derivadas de prescripción, inmunidades y programas de compensación creados posteriormente. La verdadera dimensión judicial de los archivos dependerá de qué aparezca en las cientos de miles de páginas que todavía deben ser examinadas.

El aniversario del próximo viernes incorporará por primera vez una modificación simbólica destinada justamente a reconocer a esas víctimas tardías. Tradicionalmente se realizaban seis momentos de silencio para recordar los impactos de los aviones, el derrumbe de ambas torres, el ataque contra el Pentágono y la caída del vuelo 93 en Pensilvania. Este año habrá un séptimo, dedicado a quienes murieron durante estos 25 años debido a lesiones y enfermedades relacionadas con los atentados.

Mamdani contra Giuliani: el 11-S vuelve a quedar atrapado en la política estadounidense

La publicación de los archivos llega además en el peor momento posible para Rudy Giuliani. Durante los días previos al aniversario, el exalcalde había iniciado una ofensiva pública para pedir que Mamdani no participara de la ceremonia del Ground Zero. “Me ofende que venga”, afirmó en Newsmax, después de recordar a los amigos que perdió durante los ataques y su relación con familiares de las víctimas. Giuliani también sostuvo que el actual alcalde no reconocería adecuadamente el carácter terrorista e islamista de los atentados, una acusación que no coincide con las declaraciones públicas de Mamdani, quien ha descrito explícitamente el 11-S como un acto terrorista y ha homenajeado a sus víctimas.

El componente religioso resulta imposible de separar de la controversia. Mamdani es el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York y será también el primero en participar como jefe de la ciudad en la ceremonia central del aniversario. Giuliani llevó su crítica mucho más lejos que una discusión política convencional y vinculó la religión de Mamdani con los terroristas de Al Qaeda, realizando comparaciones para las que no presentó evidencia. El alcalde evitó entrar directamente en la confrontación y respondió que está orgulloso de gobernar Nueva York, que ama a la ciudad y al país y que su prioridad durante la semana es acompañar a las familias y a los rescatistas.

Giuliani no está solo. Una petición impulsada por familiares de víctimas y respaldada por sectores conservadores superó las 100.000 firmas para exigir que Mamdani no participe del acto. El exgobernador republicano George Pataki también cuestionó su presencia. Las críticas se extendieron a Ramzi Kassem, principal asesor jurídico del alcalde, porque en su etapa como abogado representó a Ahmed al-Darbi, un saudita condenado por terrorismo. Ese dato es utilizado políticamente contra Mamdani, aunque representar jurídicamente a un acusado —incluso a uno acusado de terrorismo— no implica compartir sus posiciones ni convierte al abogado en responsable de sus delitos.

El choque contiene una paradoja histórica difícil de ignorar. Giuliani construyó gran parte de su imagen nacional sobre su actuación después del 11-S y durante años fue recordado como “el alcalde de Estados Unidos” por su liderazgo en las horas posteriores a los ataques. Mamdani, que representa prácticamente el extremo opuesto del espectro político neoyorquino, llega al 25° aniversario publicando documentos que vuelven a poner bajo análisis precisamente cómo funcionó el gobierno de Giuliani durante la etapa posterior al atentado. Mientras el exalcalde cuestiona la legitimidad moral del actual jefe municipal para presentarse en Ground Zero, la administración de ese mismo alcalde está abriendo archivos que podrían profundizar los cuestionamientos sobre la gestión sanitaria de quien gobernaba en 2001.

Eso no borra el papel de Giuliani durante la jornada del ataque ni permite convertir automáticamente cada decisión posterior en un encubrimiento deliberado. Tampoco puede responsabilizarse únicamente a Nueva York por los mensajes tranquilizadores: la EPA federal tuvo un papel central y la investigación de su Inspector General ya había mostrado en 2003 que algunas de las primeras garantías públicas excedían la evidencia científica disponible. La historia que emerge de los archivos parece bastante más amplia: varias capas del Estado estadounidense priorizaron durante aquellos días la recuperación de la normalidad mientras todavía existían enormes incertidumbres sobre las consecuencias ambientales de la catástrofe.

Mamdani llega así al aniversario con dos dimensiones completamente diferentes de su figura en disputa. Para sus adversarios conservadores, su identidad musulmana y algunas de sus posiciones políticas lo vuelven incompatible con una ceremonia cuya herida fundamental fue causada por el terrorismo islamista. Para sus defensores, justamente excluir al alcalde de una ciudad donde viven cientos de miles de musulmanes equivaldría a reproducir el clima de sospecha colectiva que afectó a esa comunidad después de los atentados. El propio Mamdani recordó en otras oportunidades que el 11-S fue simultáneamente el día de una tragedia nacional y el comienzo de años de discriminación para muchos estadounidenses musulmanes.

Donald Trump intentará construir su propia narrativa del aniversario desde Washington. Este martes encabezó un acto frente a la Casa Blanca alrededor de una enorme viga recuperada de la Torre Sur y el viernes participará de las conmemoraciones en el Pentágono, mientras el vicepresidente J.D. Vance representará a la administración en Nueva York. El 25° aniversario, que en otras épocas funcionaba como uno de los pocos momentos capaces de suspender las divisiones partidarias estadounidenses, encuentra ahora al país atravesado por enfrentamientos políticos incluso alrededor de quién tiene derecho a estar presente en la ceremonia.

Y allí aparece el verdadero peso de los documentos publicados esta semana. El 11 de septiembre dejó de ser hace mucho tiempo solamente la historia de 19 terroristas, cuatro aviones secuestrados y casi 3.000 personas asesinadas. Existe también una historia posterior: la de quienes trabajaron durante meses entre los escombros, la de quienes regresaron a escuelas y edificios porque confiaron en que podían hacerlo, la de los cánceres que aparecieron años más tarde y la de una batalla de décadas para conseguir atención sanitaria y compensaciones.

A 25 años de los ataques, Nueva York acaba de admitir que todavía conserva respuestas pendientes sobre qué sabía su propio gobierno cuando les decía a sus habitantes que podían volver a respirar normalmente. Y la ironía política es enorme: esas respuestas empiezan a aparecer bajo el primer alcalde musulmán de la ciudad, justo cuando el hombre que gobernaba Nueva York el día del atentado intenta convencer a los estadounidenses de que ese alcalde no debería siquiera participar del homenaje.