Un financista de JD Vance, en el centro de un negocio millonario con el petróleo de Venezuela
Una investigación periodística publicada este miércoles 11 de noviembre abrió nuevos interrogantes sobre los vínculos entre el poder político estadounidense y los negocios petroleros en Venezuela. John Addison, un operador financiero de la multinacional Vitol y uno de los primeros aportantes de la carrera política de JD Vance, desempeñó un papel relevante en las conversaciones que precedieron a la autorización para comercializar crudo venezolano tras la operación militar estadounidense de enero de 2026.
La investigación reconstruye una secuencia de contactos entre Addison, Vance y el secretario de Energía, Chris Wright, en un contexto en el que Washington comenzaba a reorganizar la comercialización internacional del petróleo venezolano después de la captura de Nicolás Maduro.
La revelación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y favoritismo, aunque hasta el momento no se ha demostrado que Vance haya intervenido irregularmente en la adjudicación ni que las empresas beneficiadas conocieran anticipadamente la operación militar.
Una reunión controvertida antes de la captura de Maduro
El 27 de diciembre de 2025, una semana antes de la intervención estadounidense en Venezuela, los aviones privados utilizados por JD Vance y John Addison coincidieron en el aeropuerto de Bozeman, Montana, cerca del exclusivo complejo Yellowstone Club.
De acuerdo con una persona familiarizada con los acontecimientos consultada por Reuters, ambos mantuvieron una conversación sobre Venezuela y sobre la rapidez con la que podría comercializarse su petróleo si Estados Unidos llegaba a controlar esos recursos.
Sin embargo, tanto la oficina del vicepresidente como Addison negaron que ese encuentro hubiera tenido lugar. Los registros de vuelo permiten acreditar la coincidencia de las aeronaves, pero no demuestran por sí mismos que se haya celebrado la reunión ni cuál habría sido su contenido.
Lo que sí está confirmado es que el 5 de enero de 2026, apenas dos días después de la captura de Maduro, el secretario de Energía Chris Wright llamó personalmente a Addison para consultar si Vitol estaba interesada en participar en la comercialización del petróleo venezolano.
La llamada resulta especialmente significativa porque Addison se especializaba en el comercio de gasolina estadounidense y no era el principal responsable de los negocios de crudo latinoamericano dentro de la compañía.
Los millones aportados a Vance y el contrato petrolero
John Addison había aportado 300.000 dólares en 2022 a un comité político que respaldó la campaña de JD Vance para llegar al Senado por Ohio. Posteriormente, Addison y su esposa contribuyeron con aproximadamente siete millones de dólares a distintos comités republicanos durante 2024, incluidos cinco millones destinados a apoyar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La relación adquirió una nueva dimensión cuando trascendió que Vance había transmitido a Chris Wright una evaluación favorable sobre la confiabilidad de Addison como empresario del sector energético.
Un funcionario estadounidense confirmó esa recomendación, aunque aclaró que se había producido al menos un año antes de las conversaciones sobre Venezuela. El Departamento de Energía aseguró que Vance y Wright nunca discutieron la venta del petróleo venezolano.
Pocos días después de la llamada del 5 de enero, Vitol y su competidora Trafigura recibieron licencias especiales para comercializar el crudo. Las autorizaciones fueron otorgadas sin un procedimiento competitivo de selección, una decisión que la administración Trump justificó por la necesidad de actuar rápidamente para estabilizar la economía venezolana.
Desde entonces, ambas compañías han obtenido importantes ingresos por las operaciones petroleras. Los beneficios comerciales se estiman en cientos de millones de dólares, aunque sus ganancias netas específicas no han sido divulgadas públicamente.
El Congreso demócrata pone la lupa sobre los negocios de Trump
La investigación llega en un momento especialmente delicado para la Casa Blanca, después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Robert Garcia, dirigente demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, ya había solicitado explicaciones sobre las licencias concedidas a Vitol y Trafigura y sobre la posibilidad de que operadores privados hubieran tenido acceso anticipado a información relacionada con la intervención militar en Venezuela.
Las dos compañías niegan haber recibido información previa sobre la operación estadounidense.
La administración Trump sostiene que Vitol fue seleccionada por su capacidad para comercializar grandes volúmenes de energía y por su posición dentro del mercado internacional. También defiende que la rápida venta del petróleo resultaba necesaria para financiar la transición económica venezolana.
La cuestión política de fondo es determinar si los contactos personales y las contribuciones electorales influyeron sobre decisiones comerciales del Gobierno estadounidense o si las autorizaciones respondieron exclusivamente a criterios económicos y operativos.
Con el nuevo Congreso demócrata que asumirá en enero, el caso podría adquirir mayor relevancia dentro de las investigaciones sobre las relaciones entre la Casa Blanca, sus financistas y las empresas beneficiadas por decisiones de la administración.
La investigación no demuestra que JD Vance haya cometido una irregularidad, pero plantea una pregunta institucional que Washington deberá responder: qué garantías de transparencia existieron cuando el Gobierno eligió a las empresas encargadas de comercializar uno de los recursos más valiosos de Venezuela.
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