Harvard cambió el guion de Pedro Sánchez: preguntas sobre corrupción, su familia, Pegasus y Venezuela marcaron su visita

Pedro Sánchez llegó a Harvard para advertir sobre el poder de las grandes tecnológicas y los riesgos de una “tecnooligarquía”, pero el turno de preguntas llevó la conversación hacia la política española. Estudiantes le consultaron por las causas judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, el espionaje con Pegasus, la relación con Marruecos, el Sáhara Occidental y la posición de España sobre Venezuela. El presidente defendió su actuación y rechazó que los procesos contra su familia puedan presentarse como una prueba de corrupción propia. 
25 de septiembre de 2026Alejandro CabreraAlejandro Cabrera

Pedro Sánchez viajó a la Universidad de Harvard con un objetivo definido: presentar su visión sobre el impacto de las grandes compañías tecnológicas, la inteligencia artificial y la concentración de poder sobre las democracias occidentales. El encuentro del jueves 24 de septiembre en la Harvard Kennedy School llevaba incluso un título explícito: “The Technoligarch Threat to Democracy”. Pero cuando comenzó el intercambio con los estudiantes, buena parte del programa inicial quedó desplazado por asuntos mucho más incómodos para el jefe del Gobierno español.

Las preguntas llevaron la discusión desde Silicon Valley hasta Madrid. Aparecieron las causas judiciales de Begoña Gómez, esposa del presidente; la condena contra su hermano David Sánchez; los casos de corrupción que afectaron al PSOE; el espionaje del programa Pegasus contra teléfonos del Gobierno; el giro español sobre el Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos. Incluso la política española hacia Venezuela terminó formando parte del interrogatorio universitario.

La escena resultó especialmente significativa por el momento político en el que ocurrió. Sánchez había llegado a Estados Unidos en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas y apenas unos días después de que un juez decidiera enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía reclama su absolución y el Gobierno sostiene que la investigación forma parte de una persecución política; Gómez niega haber cometido delitos.

LAS CLAVES DEL CRUCE EN HARVARD

  • Sánchez había sido invitado para hablar sobre inteligencia artificial y concentración del poder tecnológico.
  • Un estudiante le preguntó por los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano.
  • El presidente admitió que hubo episodios de corrupción vinculados con su partido y su Gobierno, pero diferenció esos casos de las investigaciones contra su familia.
  • Otra pregunta vinculó el espionaje Pegasus sufrido por Sánchez con el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental.
  • El presidente sostuvo que no existe evidencia de que Marruecos estuviera detrás del hackeo y negó que sus decisiones estén condicionadas por ese episodio.
  • También tuvo que responder sobre Venezuela y la relación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Caracas.

De la “tecnooligarquía” a las causas judiciales

El planteo inicial de Sánchez estaba centrado en una cuestión que viene incorporando cada vez con mayor fuerza a su discurso internacional: la concentración del poder tecnológico.

El mandatario español sostiene que la inteligencia artificial y las grandes plataformas digitales no pueden quedar sometidas exclusivamente a mecanismos de autorregulación empresarial. Durante los últimos días había defendido públicamente una mayor intervención de los gobiernos frente a problemas vinculados con privacidad, desinformación, empleo y concentración económica.

La presentación en Harvard continuó esa línea. Pero la primera gran modificación del guion llegó cuando un alumno introdujo directamente la corrupción española y mencionó las investigaciones y procesos judiciales que involucran a personas próximas al presidente.

Sánchez reconoció que durante sus gobiernos y dentro de su partido existieron casos de corrupción que considera reales, y sostuvo que la obligación de cualquier Ejecutivo es responder frente a ellos. Sin embargo, estableció una diferencia tajante cuando la pregunta se trasladó hacia su familia.

El presidente afirmó que las causas de su esposa y de su hermano no deben ser presentadas automáticamente como escándalos de corrupción y sostuvo que determinadas organizaciones y dirigentes opositores habían cruzado “líneas rojas”. También cuestionó al estudiante por partir de la idea de que sus familiares eran culpables antes de una resolución judicial definitiva en todos los procesos.

El episodio dejó planteada una cuestión particularmente delicada para Sánchez: la separación entre las responsabilidades judiciales individuales de personas de su entorno y la responsabilidad política que sus adversarios intentan atribuir al presidente.

Begoña Gómez acaba de ser enviada a juicio

La pregunta de Harvard llegó en el peor momento posible para el Ejecutivo español.

El juez Juan Carlos Peinado decidió esta semana abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También será juzgada su asistente Cristina Álvarez por el segundo de esos delitos.

La causa comenzó en 2024 y atravesó durante más de dos años distintas modificaciones. La Audiencia Provincial de Madrid anuló algunos de los delitos que habían sido incorporados durante la instrucción, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo o la absolución y cuestionó distintos aspectos del procedimiento. Finalmente permanecieron los cargos de tráfico de influencias y malversación contra Gómez.

La investigación se concentra, entre otros puntos, en su actividad vinculada con la Universidad Complutense de Madrid y en el papel que habría desempeñado su asistente de La Moncloa en tareas relacionadas con esa actividad.

La defensa rechaza las acusaciones.

Desde el Gobierno y el PSOE sostienen que el procedimiento estuvo impulsado por organizaciones vinculadas con sectores de derecha y extrema derecha y califican la investigación como una persecución política. Esa interpretación es rechazada por los acusadores y por los adversarios del Ejecutivo, que reclaman responsabilidades políticas.

El juicio todavía no tiene fecha definitiva, y la nueva etapa quedará en manos de la Audiencia Provincial de Madrid después de la jubilación del juez Peinado.

El hermano de Sánchez ya recibió una condena

El segundo nombre mencionado durante el intercambio fue el de David Sánchez, hermano del presidente.

La Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó en julio a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.

El tribunal consideró que existieron irregularidades alrededor de la creación y adjudicación del puesto que ocupó desde 2017. Sin embargo, lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

La defensa anunció que recurriría el fallo, por lo que la sentencia todavía puede atravesar nuevas instancias judiciales.

El caso tiene una dimensión política inevitable por el parentesco con el presidente, pero la sentencia no estableció responsabilidad penal de Pedro Sánchez en la contratación de su hermano.

Ese contexto explica parte de la reacción del jefe del Gobierno en Harvard: para Sánchez, la utilización conjunta de los casos de su esposa y de su hermano busca construir una acusación política contra él a partir de procedimientos judiciales diferentes.

Pegasus y la pregunta que vuelve desde 2022

El segundo momento particularmente sensible del encuentro apareció con el caso Pegasus.

El teléfono de Pedro Sánchez y los de otros integrantes del Gobierno español fueron infectados mediante el sofisticado programa de espionaje israelí Pegasus. Las investigaciones confirmaron el acceso ilegal a los dispositivos, pero no permitieron atribuir públicamente de manera concluyente la autoría a Marruecos.

Sin embargo, el episodio quedó políticamente vinculado con Rabat porque ocurrió alrededor de un período de fuertes tensiones entre ambos países y antes del cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental.

Uno de los estudiantes planteó directamente esa conexión: si el espionaje pudo haber condicionado posteriormente la política española.

Sánchez lo negó.

El presidente reconoció nuevamente que su teléfono fue hackeado, pero señaló que no existe una prueba concluyente sobre quién ordenó la operación y rechazó la idea de que su política exterior responda a presiones derivadas del espionaje.

La cuestión continúa siendo políticamente explosiva porque en 2022 el Gobierno español abandonó parte de su tradicional ambigüedad sobre el Sáhara y respaldó el plan marroquí que propone una autonomía del territorio bajo soberanía de Marruecos como base para una solución al conflicto.

Sáhara y Marruecos: una relación bajo sospecha política

Sánchez defendió en Harvard esa posición y sostuvo que España respalda una salida enmarcada dentro de las Naciones Unidas.

El conflicto del Sáhara Occidental tiene décadas de historia. Marruecos controla la mayor parte del territorio, mientras el Frente Polisario reclama la autodeterminación y busca constituir un Estado independiente.

La modificación de la postura española provocó fuertes críticas internas y deterioró temporalmente las relaciones con Argelia, principal apoyo regional del Polisario.

La relación con Marruecos volvió además al centro de la política española este año debido a la crisis migratoria de Ceuta, cuando decenas de miles de personas cruzaron irregularmente hacia territorio español. El Gobierno afirmó que no tenía pruebas sólidas de que Rabat hubiera organizado esos movimientos y posteriormente destacó la cooperación marroquí para controlar nuevos intentos de cruces.

Para la oposición española, sin embargo, la acumulación de Pegasus, el Sáhara y las crisis migratorias mantiene abiertas preguntas sobre el verdadero equilibrio de la relación entre Madrid y Rabat.

Sánchez insiste en que su política responde a razones estratégicas y al interés nacional español, no a chantajes ni condicionamientos externos.

Venezuela también apareció en Harvard

Otro estudiante trasladó la discusión hacia América Latina.

La pregunta hizo referencia a Venezuela y al papel del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene desde hace años relaciones políticas y funciones de mediación vinculadas con Caracas.

Sánchez respondió que España no había reconocido como legítimos determinados resultados electorales del régimen venezolano y defendió la celebración de elecciones libres, al mismo tiempo que sostuvo que el futuro político del país debe ser determinado por los propios venezolanos.

La cuestión también tiene hoy una dimensión judicial doméstica: Zapatero aparece involucrado en una investigación española sobre presunto lavado de dinero y tráfico de influencias vinculada con la aerolínea Plus Ultra. El expresidente niega cualquier irregularidad y Sánchez mantiene públicamente su confianza en él, apelando a la presunción de inocencia.

Una escena que resume el problema político de Sánchez

El episodio de Harvard terminó funcionando como una pequeña representación de la situación que atraviesa actualmente el presidente español.

Sánchez intenta proyectarse internacionalmente alrededor de cuestiones como inteligencia artificial, regulación tecnológica, cambio climático, multilateralismo y derechos sociales, pero una parte significativa de la discusión política española continúa girando alrededor de los tribunales, los casos que afectan a figuras socialistas y los procedimientos judiciales que involucran a personas de su círculo familiar.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en Cambridge.

El mandatario comenzó hablando sobre cómo limitar el poder de los gigantes tecnológicos y terminó explicando por qué considera inocente a su esposa, defendiendo a su hermano, negando cualquier relación entre Pegasus y su política hacia Marruecos y respondiendo sobre Venezuela.

No significa que todas las causas puedan colocarse dentro de una misma categoría. Algunas involucran condenas, otras todavía deben llegar a juicio y otras son controversias políticas sin una responsabilidad penal atribuida directamente al presidente.

Pero políticamente confluyen.

Y ese es probablemente el dato más importante que dejó la visita: incluso a miles de kilómetros de Madrid y en una conferencia dedicada al futuro de la tecnología, Sánchez no consiguió escapar de las cuestiones judiciales y políticas que condicionan el tramo final de su mandato.

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