Alejandro CabreraEspaña volverá a votar antes de lo previsto. Pedro Sánchez decidió terminar una legislatura marcada por pactos difíciles, falta de presupuestos, conflictos con sus propios socios parlamentarios y una creciente presión política alrededor de la vivienda, la inmigración y distintos casos judiciales que afectaron al entorno socialista. Su argumento es que el actual Congreso dejó de ofrecerle una mayoría suficiente para continuar desarrollando su programa y que corresponde devolver la decisión a los ciudadanos.
La jugada tiene un precedente inevitable. En 2023, después de una fuerte derrota socialista en las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez sorprendió adelantando los comicios y terminó conservando el Gobierno mediante una compleja mayoría parlamentaria. Esta vez, sin embargo, el escenario aparece más difícil: los sondeos privados sitúan al PP como primera fuerza y muestran un crecimiento significativo de Vox, mientras el espacio ubicado a la izquierda del PSOE llega dividido y todavía intenta reorganizarse.
LAS CLAVES DEL ADELANTO ELECTORAL
El adelanto electoral no nació exclusivamente de la derrota parlamentaria del viernes, aunque ese episodio terminó acelerando la decisión. La legislatura llevaba meses mostrando señales de agotamiento: Sánchez dependía de una combinación muy heterogénea de partidos nacionalistas, independentistas y fuerzas de izquierda que habían permitido su investidura, pero que dejaron de actuar como una mayoría estable a medida que avanzó el mandato.
El punto de ruptura fueron dos decretos elaborados para responder a la creciente crisis habitacional. El Gobierno pretendía aprobar nuevas medidas después de una oleada de movilizaciones y del impacto político provocado por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. PP, Vox y Junts terminaron coincidiendo en el rechazo de las iniciativas, dejando al Ejecutivo sin los votos necesarios para aprobar una de sus principales respuestas sociales.
La derrota fue especialmente significativa porque mostró que el problema ya no era conseguir apoyo para una reforma ambiciosa, sino garantizar mayorías incluso alrededor de medidas que el Gobierno consideraba urgentes. Sánchez interpretó esa situación como una evidencia de que la legislatura había agotado su capacidad política.
En su declaración institucional, Sánchez sostuvo que necesita una mayoría parlamentaria mayor para continuar aplicando su programa y reconoció que su Gobierno cometió errores y dejó objetivos pendientes, particularmente en vivienda, desigualdad y servicios públicos. Al mismo tiempo, reivindicó la evolución económica, la expansión de derechos sociales, la transición energética y el posicionamiento internacional de España.
El presidente intentó plantear desde el primer día una elección entre dos proyectos claramente diferenciados. Su estrategia será presentar al PSOE como el núcleo de una mayoría progresista capaz de contener un eventual Gobierno PP-Vox, mientras la oposición intentará transformar los comicios en un plebiscito sobre ocho años de gestión de Sánchez.
Esa polarización probablemente domine las próximas siete semanas. La elección tendrá componentes económicos y sociales importantes, pero también girará alrededor de la continuidad o final de un ciclo político que comenzó en 2018, cuando Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy.
La vivienda puede explicar por qué el presidente decidió convocar elecciones ahora y no esperar algunos meses más. Los altos precios de compra y alquiler se transformaron en una de las principales preocupaciones de los españoles, particularmente entre jóvenes y residentes de las grandes ciudades.
España combina un crecimiento económico superior al de buena parte de la zona euro con un problema cada vez más evidente para acceder a una vivienda. La fuerte creación de empleo, el aumento de población y la llegada de nuevos hogares impulsaron la demanda, mientras la oferta residencial no creció al mismo ritmo. Los precios de las viviendas aumentaron alrededor de 26% en dos años, profundizando una brecha que golpea especialmente a quienes todavía no son propietarios.
El PSOE buscará convertir esa tensión en una discusión sobre intervención estatal, protección de inquilinos y limitaciones al mercado. El PP, en cambio, plantea aumentar de manera significativa la oferta: Feijóo prometió llevar la construcción de viviendas hacia unas 200.000 unidades anuales y acompañar esa expansión con rebajas tributarias.
Las encuestas previas a la convocatoria colocan al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como primera fuerza. El problema para el PP es que su crecimiento durante los últimos años fue relativamente limitado, mientras Vox consiguió ampliar considerablemente su intención de voto.
Los últimos estudios sitúan al PSOE alrededor del 28% y a Vox cerca del 18%, mientras el PP permanece en torno al 30% o ligeramente por encima. Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE reúnen alrededor del 8%, aunque todavía deben definir cómo concurrirán a las elecciones.
Un sondeo publicado el mismo día del anuncio estimó 203 escaños para una eventual suma de PP y Vox, ampliamente por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta del Congreso, mientras PSOE y Sumar alcanzarían conjuntamente 112. Se trata de una fotografía demoscópica y no de una predicción: todavía quedan casi dos meses de campaña, candidaturas por definir y una campaña que puede modificar el comportamiento del electorado.
Para Feijóo aparece además una paradoja. Cuanto más crece Vox, mayores pueden ser las posibilidades del bloque de derecha de alcanzar una mayoría parlamentaria, pero también aumenta el peso que Santiago Abascal podría exigir en una eventual negociación de Gobierno.
Durante buena parte de la legislatura, el PP mantuvo una intención de voto relativamente estable. El movimiento más significativo se produjo en Vox, que consiguió crecer especialmente entre hombres jóvenes y sectores preocupados por inmigración, seguridad e identidad nacional.
Su avance puede cambiar la composición de un eventual Gobierno conservador. España nunca tuvo a Vox dentro del Gobierno central desde la restauración democrática, aunque el partido sí participó en ejecutivos autonómicos y acuerdos regionales.
La propia dirección de Vox evita considerar cerrado el resultado. Abascal señaló después de conocerse el adelanto que la elección sigue siendo imprevisible, pese a que las encuestas actuales resultan favorables para el bloque de derecha.
Si el crecimiento de Vox es uno de los principales activos del bloque opositor, la fragmentación de la izquierda aparece como una de las mayores dificultades del oficialismo.
El antiguo espacio de Sumar se encuentra en proceso de reorganización alrededor de un nuevo Frente Amplio, pero el adelanto electoral llegó antes de que estuvieran resueltos el liderazgo, las listas y las alianzas. Podemos, además, mantiene diferencias profundas con otros sectores y todavía existe la posibilidad de que distintas fuerzas concurran separadas.
En el sistema electoral español esta división puede tener consecuencias mayores que la simple suma nacional de porcentajes. Los diputados se reparten por provincias mediante un sistema proporcional que perjudica a fuerzas pequeñas cuando compiten separadas, especialmente en circunscripciones que eligen pocos representantes.
Por eso Sánchez necesita algo más que mejorar la votación del PSOE. También necesita que los votos ubicados a su izquierda se traduzcan en suficientes diputados para poder construir una mayoría parlamentaria después del 29 de noviembre.
La relación con Junts resume buena parte de las dificultades que atravesó Sánchez. El partido de Carles Puigdemont fue fundamental para permitir su investidura después de las elecciones de 2023 y obtuvo a cambio, entre otros compromisos, la controvertida ley de amnistía vinculada con el proceso independentista catalán.
Con el tiempo, esa alianza comenzó a deteriorarse. Junts votó cada vez con mayor frecuencia contra las iniciativas del Gobierno y terminó sumándose a PP y Vox para rechazar los decretos de vivienda que precipitaron el adelanto electoral.
La paradoja política es evidente: uno de los partidos que resultó indispensable para que Sánchez continuara en La Moncloa terminó contribuyendo, tres años después, a demostrar que esa mayoría ya no existía.
Otro dato resume la debilidad parlamentaria del Gobierno: la legislatura termina sin que el Ejecutivo haya conseguido aprobar un nuevo presupuesto.
España continuó funcionando mediante prórrogas presupuestarias y modificaciones parciales, algo legalmente posible, pero políticamente excepcional durante un período tan prolongado. La incapacidad para construir una mayoría suficiente alrededor de las cuentas públicas se convirtió en una de las principales críticas de la oposición y en una demostración de los límites de la coalición parlamentaria.
La contradicción es que esa fragilidad política convivió con una economía que mostró un comportamiento relativamente fuerte frente a otros países europeos. España creció más que buena parte de la zona euro y redujo el desempleo hasta niveles que no registraba desde hacía casi dos décadas, pero el crecimiento económico no eliminó problemas como vivienda, salarios, precariedad juvenil o percepción de deterioro de determinados servicios públicos.
Una de las principales batallas de la campaña estará precisamente allí. El Gobierno mostrará crecimiento, empleo, energías renovables y políticas sociales como evidencia de que España mejoró durante sus años en el poder.
La oposición argumentará que esos datos no reflejan suficientemente la experiencia cotidiana de muchos hogares, especialmente quienes tienen dificultades para alquilar o comprar una vivienda. También colocará en primer plano corrupción, inmigración, pactos con independentistas y estabilidad institucional.
Ambas narrativas pueden coexistir parcialmente. Un país puede tener buenos datos agregados de crecimiento y empleo mientras determinados grupos sociales experimentan una pérdida de accesibilidad a la vivienda o un aumento de la sensación de inseguridad económica.
Sánchez llega además a las elecciones después de una legislatura marcada por investigaciones y procesos judiciales relacionados con personas de su entorno político y personal. Algunos terminaron con condenas o prisión para antiguos dirigentes socialistas, mientras otros continúan abiertos y son objeto de fuertes disputas políticas.
La oposición utilizará estos casos como argumento contra la continuidad del PSOE. Sánchez, por su parte, ha denunciado reiteradamente que parte de las investigaciones fueron utilizadas políticamente para intentar erosionar a su Gobierno.
La campaña deberá distinguir entre causas con hechos judicialmente acreditados, investigaciones todavía abiertas y acusaciones estrictamente políticas. Esa diferencia será especialmente importante en un clima de elevada polarización.
El decreto electoral activa inmediatamente una serie de plazos. Las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras la campaña formal comenzará el 13 de noviembre y terminará a medianoche del día 27. El sábado 28 será jornada de reflexión y el domingo 29 España elegirá un nuevo Congreso y Senado.
Las nuevas Cortes deberán constituirse como máximo el 24 de diciembre. A partir de ese momento comenzará nuevamente el proceso para elegir presidente del Gobierno, algo que puede prolongarse si ningún bloque consigue una mayoría clara.
Por eso el 29 de noviembre puede resolver quién obtiene más votos y escaños sin garantizar automáticamente quién terminará gobernando. España continuará siendo una democracia parlamentaria: para llegar a La Moncloa será necesario disponer de los apoyos suficientes dentro del Congreso.
El antecedente explica buena parte de la cautela con la que incluso sus adversarios observan la convocatoria. Sánchez ya tomó una decisión similar en 2023 cuando las encuestas y los resultados de las elecciones locales parecían anticipar una derrota mucho mayor.
El PSOE no ganó aquellas elecciones generales, pero consiguió suficientes diputados y aliados para impedir una investidura de Feijóo y construir posteriormente una mayoría propia.
Ese precedente no permite trasladar automáticamente el resultado a 2026. La composición política es diferente, Vox tiene actualmente mayor apoyo, el espacio de izquierda está más fragmentado y Sánchez acumula ocho años en el Gobierno. Las encuestas son útiles para describir el punto de partida, pero no permiten considerar decidido un proceso electoral que acaba de comenzar.
La elección tendrá finalmente una pregunta mucho más sencilla que toda la complejidad parlamentaria de los últimos años: si España quiere continuar con un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez o iniciar una nueva etapa liderada por Alberto Núñez Feijóo y apoyada, eventualmente, por Vox.
El PSOE intentará movilizar a una izquierda que llega cansada y fragmentada utilizando vivienda, derechos sociales y temor a una mayoría PP-Vox como principales motores. El PP buscará convertir los comicios en una evaluación global de los ocho años de Sánchez y ofrecer alternancia después de una legislatura caracterizada por la inestabilidad parlamentaria.
Lo que ocurra con Vox será igualmente decisivo. Su crecimiento puede facilitar una mayoría del bloque conservador, pero también modificará las condiciones políticas que deberá aceptar Feijóo si necesita sus votos para gobernar.
Sánchez decidió no esperar a que la legislatura terminara lentamente por falta de mayorías y transformó el bloqueo del Congreso en una elección nacional. La apuesta es de máximo riesgo: puede conseguir el respaldo que dice necesitar para reconstruir una mayoría progresista o entregar el Gobierno a una derecha que llega al comienzo de la campaña con mejores números que en 2023.
España decidirá el 29 de noviembre cuál de esos dos escenarios abre la próxima etapa política.
