Alejandro CabreraLo que está ocurriendo en Francia empieza a resultar difícil de analizar como un fenómeno exclusivamente francés. Durante las últimas semanas aparecieron protestas por motivos diferentes en Italia, España, Portugal, Bélgica y Albania, mientras Alemania atraviesa una fuerte discusión alrededor del costo de la energía y el futuro de sus relaciones con Rusia.
No existe una coordinación continental detrás de las manifestaciones ni todas responden a las mismas organizaciones políticas. Pero sí comparten un contexto: una parte importante de la sociedad europea percibe que vivir cuesta cada vez más mientras vivienda, educación, transporte y otros servicios fundamentales ofrecen cada vez menos margen de seguridad económica.
Ese malestar está empezando a tener consecuencias electorales.
Las claves
La protesta francesa comenzó a fines de septiembre en escuelas secundarias de los suburbios de París. Los estudiantes reclamaban docentes, mejores instalaciones y cambios en un sistema educativo que describían como cada vez más deteriorado.
En pocas semanas el movimiento se amplió. Se sumaron sindicatos, trabajadores, universitarios, jubilados y sectores vinculados con los antiguos Chalecos Amarillos, mientras las reivindicaciones empezaron a incluir salarios, costo de vida, vivienda y especialmente el precio del combustible.
El sábado 17 de octubre cientos de miles de personas participaron de las movilizaciones. La enorme mayoría lo hizo pacíficamente, pero sectores de las protestas derivaron en saqueos, incendios y violentos enfrentamientos con la policía. Hubo unas 2.400 detenciones, importantes daños comerciales y cientos de heridos.
El Gobierno respondió inicialmente con toques de queda localizados y ahora prepara un despliegue todavía mayor para las próximas manifestaciones. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que policías y militares participarán del operativo del sábado y reconoció fallas de inteligencia y errores en el despliegue de las fuerzas durante el fin de semana anterior.
Francia consiguió recuperar cierta calma durante las últimas noches, pero las organizaciones estudiantiles y los Chalecos Amarillos ya convocaron nuevas movilizaciones.
El problema dejó de ser únicamente controlar los disturbios. El Gobierno necesita impedir una nueva escalada sin conseguir todavía una respuesta política capaz de reducir las causas originales del conflicto.
Hay un elemento que diferencia esta crisis de muchas de las protestas europeas de los últimos años: el regreso del precio de la energía al centro de la conversación cotidiana.
La guerra entre Estados Unidos e Irán iniciada en febrero alteró nuevamente los mercados energéticos internacionales. Europa, enormemente dependiente de las importaciones, recibió buena parte del impacto.
Según estimaciones de la Comisión Europea recogidas por Reuters, las alteraciones comerciales y energéticas vinculadas con el conflicto ya representan un costo aproximado de 100.000 millones de euros para Europa. Los precios del gas aumentaron alrededor del 140% y los del diésel se duplicaron.
Esto tiene efectos que van mucho más allá de llenar el tanque de un automóvil.
El combustible interviene en prácticamente todas las cadenas productivas: transporte de alimentos, agricultura, industria, logística y comercio. Cuando el precio del diésel aumenta, parte de ese incremento termina trasladándose hacia otros bienes y servicios.
Ahí aparece la relación entre geopolítica y vida cotidiana.
Una guerra que ocurre a miles de kilómetros puede terminar aumentando el precio de transportar verduras desde una zona agrícola hasta un supermercado europeo.
En Sicilia, agricultores comenzaron a ingresar con tractores en ciudades como Gela para protestar contra el incremento de sus costos operativos.
El combustible necesario para utilizar maquinaria agrícola aumentó hasta niveles que algunos productores consideran difíciles de sostener. A las movilizaciones se sumaron camioneros y trabajadores de otros sectores, mientras los bloqueos en el sur italiano comenzaron a generar problemas de abastecimiento local.
En Milán, otro tipo de protesta por costo de vida y servicios públicos terminó durante el fin de semana con enfrentamientos entre manifestantes y policías, barricadas incendiadas y saqueos.
El Gobierno de Giorgia Meloni analiza nuevas medidas de seguridad y observa con atención la aparición de una competencia política a su derecha. El exgeneral Roberto Vannacci encabeza una nueva fuerza nacionalista que plantea, entre otras cuestiones, reconstruir vínculos energéticos con Rusia para reducir los costos.
La situación introduce una paradoja interesante dentro de la propia derecha europea.
Gobiernos conservadores como el de Meloni pueden terminar siendo cuestionados desde fuerzas todavía más duras que prometen romper con consensos europeos que esos mismos gobiernos terminaron aceptando una vez en el poder.
En España el combustible no es el único detonante. Allí el problema más explosivo está relacionado con el acceso a la vivienda.
Durante semanas se instalaron campamentos y movilizaciones en Madrid y otras ciudades para reclamar límites a los alquileres, protección frente a desalojos y regulaciones más estrictas sobre alquileres temporarios y habitaciones.
Uno de los episodios que aceleró las protestas fue el desalojo de una mujer de 87 años después de un fuerte incremento del alquiler. Su posterior fallecimiento convirtió el caso en símbolo de una discusión mucho más amplia sobre fondos de inversión, propietarios, alquileres y capacidad de los jóvenes para acceder a una vivienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez intentó aprobar un paquete de emergencia que incluía restricciones sobre determinados desalojos y alquileres, pero perdió la votación parlamentaria.
La derrota llevó al presidente a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La vivienda será uno de los temas centrales de una campaña en la que también competirán fuerzas de derecha y extrema derecha que cuestionan partes importantes de la estrategia gubernamental.
En Lisboa, decenas de miles de personas participaron de manifestaciones durante el fin de semana para reclamar mejores salarios y soluciones frente al costo creciente de la vivienda.
Portugal experimentó durante la última década uno de los incrementos inmobiliarios más fuertes de Europa. Entre 2015 y 2024, los precios de la vivienda prácticamente se duplicaron, con un crecimiento aproximadamente dos veces superior al promedio de la Unión Europea.
El fenómeno tiene múltiples causas: turismo, inversión extranjera, oferta insuficiente de propiedades y salarios que crecieron mucho más lentamente que los precios inmobiliarios.
El resultado político es parecido al español: sectores jóvenes y trabajadores que no necesariamente comparten una misma ideología empiezan a coincidir alrededor de una percepción común de deterioro económico.
Esta es una de las claves para comprender el momento político.
Durante décadas, cuestiones como salarios, costo de vida, vivienda o calidad de los servicios públicos estuvieron asociadas fundamentalmente con partidos socialdemócratas y movimientos sindicales.
Pero el mapa político cambió.
Fuerzas nacionalistas y de derecha radical comenzaron a incorporar muchas de esas preocupaciones dentro de su propio discurso, combinándolas con inmigración, soberanía, energía y críticas hacia la Unión Europea.
Marine Le Pen es probablemente el ejemplo más avanzado.
En Francia convirtió el precio del combustible en uno de los ejes centrales de su campaña y propone una reducción significativa del IVA aplicado a la energía. La medida encuentra particular respaldo en zonas rurales y semirrurales donde utilizar un automóvil no es una elección, sino una necesidad cotidiana.
La cuestión del combustible tiene una historia especialmente sensible en Francia.
Los Chalecos Amarillos surgieron en 2018 precisamente como reacción a un incremento de impuestos sobre los carburantes. Lo que comenzó como una protesta fiscal terminó transformándose en una enorme rebelión contra Macron y el costo de vida.
El movimiento perdió fuerza con el tiempo, pero nunca desapareció completamente.
Ahora vuelve a aparecer.
El Gobierno se enfrenta además a una dificultad que no tenía en 2018: Francia posee mucho menos margen fiscal para realizar concesiones.
El déficit es elevado, la deuda aumentó y los mercados comenzaron a exigir rendimientos mayores para financiar al Estado. Esta semana el rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó su mayor nivel en 24 años en medio de la incertidumbre política y social.
Reducir impuestos al combustible puede resultar popular, pero implica renunciar a ingresos en un momento en que el Gobierno necesita reducir el déficit.
El precio de la energía está produciendo otro fenómeno político en Alemania.
La AfD, clasificada habitualmente dentro de la derecha radical alemana, aparece encabezando sondeos nacionales después de fuertes avances electorales locales. Al mismo tiempo, el costo de vida volvió a aparecer por quinto año consecutivo como la principal preocupación de los alemanes en una encuesta difundida este mes.
La inflación energética alcanzó el 14,9% interanual en septiembre, mientras sectores industriales intensivos en energía enfrentan dificultades para competir con empresas instaladas en regiones donde el gas y la electricidad son más baratos.
La AfD propone una solución políticamente explosiva: reconstruir los vínculos energéticos con Rusia.
Su argumento es que Alemania está pagando un costo económico demasiado alto por una política exterior que redujo drásticamente su acceso a energía rusa barata después de la invasión de Ucrania.
Durante los primeros años posteriores a la invasión de Ucrania, buena parte de Europa aceptó pagar un costo económico considerable para disminuir su dependencia de la energía rusa.
El consenso sigue existiendo entre los principales gobiernos europeos.
Pero comienza a mostrar fisuras.
En Alemania, Italia y Polonia aparecieron fuerzas políticas que plantean abiertamente restablecer importaciones de petróleo o gas ruso para reducir el precio de la energía. Algunas provienen de la extrema derecha y otras de sectores de la izquierda radical.
Esto no significa que Europa esté a punto de modificar inmediatamente su estrategia frente a Moscú.
Sí significa que el precio de sostener determinadas decisiones geopolíticas comienza a formar parte de campañas electorales nacionales.
Y eso puede resultar mucho más relevante a largo plazo que una discusión diplomática entre gobiernos.
Europa lleva más de cuatro años financiando ayuda militar, económica y humanitaria para Ucrania.
Durante buena parte de ese período existió un consenso relativamente amplio entre los principales partidos políticos del continente.
La combinación de inflación, energía cara y bajo crecimiento empieza a permitir que fuerzas opositoras formulen una pregunta política distinta: cuánto debe seguir pagando cada sociedad europea por sostener esa estrategia.
Es una discusión incómoda para los gobiernos porque mezcla dos planos diferentes.
La seguridad europea puede requerir apoyar a Ucrania.
Pero un trabajador alemán, francés o italiano puede observar simultáneamente que su factura energética aumenta.
Explicar esa relación resulta políticamente mucho más complejo que convertir el costo en una consigna sencilla.
Francia celebrará elecciones presidenciales en abril.
Italia tendrá también una discusión electoral importante durante el próximo año.
Polonia atraviesa un crecimiento de fuerzas nacionalistas que cuestionan algunos consensos europeos.
España votará anticipadamente en noviembre.
Y Alemania, aunque no se encuentre inmediatamente frente a unas elecciones federales, ya observa cómo la AfD transforma el precio de la energía en uno de sus principales argumentos contra el Gobierno.
No todas esas elecciones producirán el mismo resultado y las encuestas actuales no permiten anticipar de manera fiable cómo terminarán.
Lo que sí puede observarse es una transformación de la agenda.
Durante años, inmigración y seguridad fueron los temas que más beneficiaron a muchos partidos nacionalistas europeos.
Ahora aparece otro: el bolsillo.
Este cambio puede ser políticamente importante porque amplía el público potencial de esos movimientos.
Un ciudadano puede no considerar la inmigración como su principal preocupación y, sin embargo, estar preocupado por cuánto cuesta llenar el tanque, pagar el alquiler o calefaccionar su casa.
Cuando partidos nacionalistas consiguen conectar esas preocupaciones económicas con cuestiones de soberanía, comienzan a competir en un terreno que tradicionalmente pertenecía a la izquierda.
El argumento suele ser relativamente sencillo: la energía es cara porque Europa tomó malas decisiones; la vivienda es inaccesible porque los gobiernos perdieron el control; los servicios públicos empeoran porque las prioridades políticas están equivocadas.
La eficacia electoral de esas explicaciones dependerá de cada país, pero el patrón empieza a repetirse.
Sería incorrecto afirmar que todas las protestas actuales forman parte de una misma rebelión europea.
En Francia comenzaron por educación y costo de vida.
En España la vivienda tiene un peso mucho mayor.
En Italia aparecen combustible, salarios y servicios.
En Portugal predominan alquileres y poder adquisitivo.
En Albania la corrupción y el funcionamiento del Estado ocupan un lugar central.
Sin embargo, estos movimientos sí comparten un escenario económico y generacional.
Para amplios sectores europeos, especialmente jóvenes, acceder a determinados elementos que antes formaban parte de una vida de clase media —una vivienda, estabilidad laboral, capacidad de ahorro— se volvió considerablemente más difícil.
Esa percepción empieza a trasladarse desde las calles hacia las urnas.
Reducir el precio de la energía cuesta dinero.
Aumentar salarios públicos cuesta dinero.
Construir vivienda social cuesta dinero.
Mejorar educación y transporte cuesta dinero.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos europeos intentan controlar déficits elevados, financiar sistemas de jubilaciones cada vez más caros y aumentar el gasto militar ante el deterioro del escenario internacional.
Francia representa probablemente el ejemplo más evidente de esta contradicción: enfrenta una sociedad que reclama mayor protección estatal mientras los mercados exigen precisamente mayor disciplina fiscal.
Ese choque entre expectativas sociales y restricciones presupuestarias probablemente sea uno de los grandes conflictos políticos europeos de los próximos años.
Las imágenes de incendios y saqueos franceses concentran la atención, pero debajo de ellas existe una transformación política más amplia.
Europa enfrenta simultáneamente energía cara, crecimiento débil, vivienda inaccesible en muchas ciudades, presión fiscal y servicios públicos tensionados.
Los partidos tradicionales necesitan explicar por qué esos problemas requieren soluciones graduales, negociaciones internacionales y presupuestos complejos.
Sus adversarios ofrecen respuestas más inmediatas: bajar impuestos, recuperar energía rusa, cerrar fronteras, abandonar determinados compromisos internacionales o priorizar exclusivamente a los ciudadanos nacionales.
La batalla política europea de los próximos meses probablemente se desarrolle alrededor de esa diferencia.
Las protestas actuales no anuncian necesariamente un único giro ideológico del continente, pero sí muestran que el costo de vida dejó de ser solamente un problema económico. Se está convirtiendo en una de las principales fuerzas capaces de reorganizar la política europea.
