Alejandro CabreraLa crisis institucional de Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre, después de que el Congreso no pudiera aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña y decidiera continuar con el juicio político iniciado en su contra por el escándalo financiero de ueno bank.
Aunque el mandatario presentó su dimisión el jueves, permanece legalmente al frente del Poder Ejecutivo debido a que la sesión parlamentaria convocada para tratar su salida quedó sin quórum. La situación dejó abierta una disputa sobre el procedimiento institucional que deberá seguirse para concretar una eventual transición presidencial.
Mientras tanto, el Senado reanudó el juicio político y comenzó a evaluar el pedido de Peña para disponer de 72 horas adicionales antes de presentar su defensa, una solicitud que dividió las posiciones de los legisladores.
El jueves 5 de noviembre, Peña anunció su renuncia en medio de la presión política generada por la intervención de ueno bank y la pérdida del respaldo de sectores del oficialista Partido Colorado.
Sin embargo, la dimisión presidencial necesita ser considerada por el Congreso para producir sus efectos institucionales.
La sesión conjunta convocada para tratarla quedó sin quórum después de que legisladores colorados abandonaran el recinto, impidiendo que se realizara la votación correspondiente.
La renuncia no fue rechazada mediante una votación, sino que quedó sin resolución parlamentaria, una diferencia importante porque permite que el Congreso pueda volver a convocar una sesión para tratarla.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, reconoció que algunos legisladores consideran esa posibilidad como una salida para resolver la incertidumbre institucional.
No obstante, otros sectores parlamentarios prefieren continuar con el juicio político y determinar si existieron responsabilidades que justifiquen la destitución.
La nueva controversia surgió después de que el mandatario recibiera la notificación formal de las acusaciones presentadas en su contra.
Según explicó Peña, el expediente llegó a sus manos el jueves a las 22:15 e incluía una acusación de 15 páginas y aproximadamente 300 páginas de documentación complementaria.
El Senado había convocado al presidente para presentar su defensa este viernes a las 10 de la mañana, por lo que disponía de menos de doce horas para analizar el contenido de las denuncias.
Peña sostuvo que ese plazo resulta insuficiente para garantizar su derecho a la defensa y solicitó una postergación de 72 horas para preparar sus argumentos.
La solicitud generó diferencias entre los senadores. Algunos consideran necesario otorgarle un plazo razonable para evitar cuestionamientos posteriores sobre la legalidad del procedimiento, mientras otros sostienen que la situación política exige una resolución inmediata.
Durante la mañana del viernes, el Senado declaró sucesivos cuartos intermedios sin resolver inicialmente el pedido presidencial.
El mandatario también anticipó que expondrá públicamente sus argumentos y defenderá su actuación frente a las acusaciones.
El conflicto comenzó cuando el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución de ueno bank, después de detectar problemas de solvencia que comprometieron la continuidad de sus operaciones.
La decisión afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes y provocó incertidumbre sobre el acceso a depósitos particulares y recursos de organismos públicos.
Entre los fondos involucrados aparecen inversiones pertenecientes al Instituto de Previsión Social, encargado de administrar prestaciones jubilatorias y sanitarias.
La crisis alcanzó directamente al Gobierno por los vínculos empresariales anteriores de Santiago Peña con el grupo propietario del banco y por los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos de supervisión financiera.
La Cámara de Diputados aprobó con 78 votos favorables la acusación para someter al mandatario a juicio político, al considerar que existen elementos que justifican investigar su actuación institucional.
Las acusaciones se encuentran bajo evaluación parlamentaria y judicial, por lo que todavía no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad personal.
La continuidad de Peña en la Presidencia también mantiene abierta la situación del vicepresidente Pedro Alliana, quien aparece como su sucesor constitucional.
Alliana había sido incluido en una propuesta de juicio político, pero la Cámara de Diputados rechazó avanzar con ese procedimiento.
De esta manera, el vicepresidente continúa en condiciones de asumir la Presidencia si se produce la salida definitiva de Peña, ya sea mediante la aceptación de su renuncia o una destitución aprobada por el Senado.
La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe completar el período presidencial cuando se produce una vacancia definitiva del cargo.
Por ahora, el futuro político del país depende de las decisiones parlamentarias. El Senado deberá resolver el pedido de prórroga y determinar cómo continúa el proceso de juicio político, mientras permanece abierta la posibilidad de volver a tratar la renuncia.
La crisis de Paraguay pasó de ser un conflicto financiero a convertirse en una disputa por la continuidad presidencial, en un escenario donde las decisiones del Congreso serán fundamentales para definir la transición política y la estabilidad institucional.
