Manuel Adorni

El Gobierno puso en marcha una oficina destinada a combatir las “fake news” y la desinformación. Su nacimiento, más comunicacional que institucional, se materializó a través de una cuenta oficial en la red social X y una estructura de monitoreo digital. Desde el primer día, la iniciativa abrió un debate jurídico profundo: ¿puede el Estado definir qué es falso en tiempo real sin vulnerar el principio de libertad de expresión consagrado en la Constitución?