Alejandro Cabrera
La Justicia avanzó en la causa Vialidad con un nuevo capítulo que obliga a Cristina Kirchner y los ocho procesados a restituir más de 684 mil millones de pesos de forma solidaria. El peritaje recién formalizado por la Corte Suprema sostiene que esta cifra actualiza el perjuicio económico originalmente estimado en 84 mil millones al cierre de la sentencia de 2022.
Este nuevo informe será ahora evaluado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. Una vez que se confirme, los acusados tendrán un plazo breve para depositar el monto o verán impactados sus bienes embargados, incluidos inmuebles, acciones y cuentas bancarias.
Un recalculo millonario
En 2022, el Tribunal Oral 2 había determinado un decomiso por 84 mil millones de pesos, basado en sobreprecios del 64 % en 51 contratos adjudicados a Lázaro Báez en Santa Cruz. La Corte Suprema ordenó actualizar ese monto conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que derivó en la cifra de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a unos 540 millones de dólares al cambio actual.
El informe pericial fue realizado por técnicos judiciales con participación del Ministerio Público Fiscal, y sus conclusiones fueron entregadas al Tribunal para que evalúe su validez y aplique la restitución solidaria entre los condenados.
Plazos y consecuencias inmediatas
Una vez ratificado por el Tribunal, los condenados dispondrán de diez días para depositar el monto correspondiente. Si no lo hacen, comenzará un proceso de ejecución sobre los embargos actuales, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, vehículos y acciones en empresas asociadas ﹣como Hotesur, Los Sauces y COMA, vinculadas con la familia Kirchner– X (formerly Twitter)+5infobae+5mnews.com.ar+5.
En el caso de Cristina Kirchner, ya existen embargos sobre inmuebles en Santa Cruz y Buenos Aires, fondos en caja de seguridad y acciones societarias bajo control judicial infobae. Si los condenados no cumplen, sus activos podrían ser rematados para resarcir al Estado.
Un mensaje simbólico y práctico
Más allá del impacto económico, esta decisión representa un paso simbólico fuerte: el Estado busca recuperar recursos atribuidos a un esquema estructural de corrupción desde la cúpula del poder.
La medida refuerza un precedente judicial con efectos tangibles antes incluso de la aplicación de penas privativas o inhabilitaciones, transformando la restitución en una herramienta efectiva para resarcir el perjuicio causado.
