Alejandro Cabrera
Un policía de ascenso exprés
Maximiliano Bondarenko ingresó a la Bonaerense en 1997 como cadete. Ocho años más tarde, en 2008, ya ostentaba el rango de comisario inspector, una velocidad inusual incluso para estándares flexibles. Su foja de servicios muestra una carrera poco estable: pasó por destinos de alta conflictividad como Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Moreno, pero en todos duraba poco. Ex colegas afirman que no resistía más de nueve meses en zonas calientes, y que su ascenso no fue mérito operativo sino producto de favores personales.
Su historial disciplinario también dejó marcas: cinco sanciones, incluyendo arrestos por negligencia, una amonestación por impuntualidad, una suspensión de 15 días en 2014 y un sumario por presunto hurto automotor en 2010, luego archivado. En 2012, fue directamente desafectado por un tiempo, y más adelante reincorporado con reservas.
En sus últimos años, Bondarenko acumuló licencias, cargos administrativos y reservas funcionales, lo que le permitió tejer vínculos políticos sin romper formalmente su vínculo con la fuerza.
El salto político
De la pasividad interna pasó al activismo territorial: primero como concejal del PRO en Florencio Varela, luego alineado con la UCR de Facundo Manes y finalmente desembarcando en La Libertad Avanza como coordinador político en el municipio. En febrero de 2025 oficializó su precandidatura por la Tercera Sección Electoral y presentó su baja voluntaria en abril, tras más de 25 años de servicio.
El caso ganó notoriedad cuando se viralizó una foto suya junto a Patricia Bullrich en una cena privada con efectivos policiales. Ese gesto desató la tormenta: 24 mandos de la Bonaerense fueron desafectados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, acusado de utilizar recursos del Estado para hacer campaña y participar en una supuesta estructura interna que intentaba remover a la cúpula actual.
La purga de Kicillof
Según el Ministerio de Seguridad provincial, los 24 efectivos sancionados mantenían contactos políticos con Bondarenko y participaban en una red de apoyo interno para “reorganizar” la conducción de la fuerza en caso de un triunfo electoral libertario. La investigación surgió de una denuncia anónima con chats, audios y documentos, y fue respaldada por auditorías que detectaron uso indebido de oficinas, recursos informáticos, y tareas políticas realizadas desde estructuras oficiales.
El ministro Javier Alonso calificó la maniobra como un intento de “golpe al comando institucional”. La respuesta fue inmediata: desafectación preventiva, investigación judicial y un endurecimiento de los protocolos internos de lealtad y actuación.
Bullrich y la campaña del orden
Patricia Bullrich no dudó en intervenir. Recibió a Bondarenko, condenó la decisión de Kicillof y denunció “persecución ideológica” por parte del kirchnerismo. En redes sociales, fue categórica: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Bondarenko... pura persecución política”.
La ministra capitalizó políticamente el episodio, transformándolo en una bandera de campaña: la defensa de los “buenos policías” frente al “autoritarismo ideológico”. Bondarenko, por su parte, sostuvo que fue víctima de una operación para silenciar a quienes defienden la seguridad real en los barrios.
La oposición sumó fuerza: dirigentes del PRO y de LLA afirmaron que los uniformados fueron castigados por pensar distinto. “Con esta acusación ridícula y la sanción... nos hicieron un favor. Nos aliviaron el trabajo de tener que instalar a Bondarenko como candidato”, deslizó un operador libertario.
Los dos modelos
Detrás del escándalo, lo que aparece es una disputa profunda por el poder territorial y el control institucional de la fuerza más grande del país. La Bonaerense, con sus más de 90 mil efectivos, no es solo una estructura operativa: es también una red de influencias políticas, económicas y simbólicas.
Kicillof y su gabinete buscan mantener subordinación vertical, institucionalidad y alineamiento con la conducción política civil. La Libertad Avanza plantea una agenda más disruptiva: apoyo directo a las bases policiales, eliminación de “intermediarios ideológicos” y alineamiento con la idea de “orden” como valor central del Estado.
El conflicto ya no es solo disciplinario. Es cultural, simbólico y estratégico. Es, en el fondo, la guerra por quién define el orden en la provincia de Buenos Aires.
