Alejandra Larrea
Nepal atraviesa horas de caos tras una ola de manifestaciones que comenzaron por el malestar social, la represión policial y la decisión de bloquear redes sociales. Lo que inició como una protesta generacional se transformó en una insurrección que dejó decenas de muertos, edificios incendiados y una crisis política sin precedentes.
En medio de los disturbios, la casa del ex primer ministro Jhalanath Khanal fue atacada e incendiada por manifestantes. En el interior se encontraba su esposa, Rajyalaxmi Chitrakar, quien no logró escapar y murió a causa de las quemaduras. La noticia sacudió al país y fue interpretada como un símbolo de la violencia desatada en las calles.
El ministro de Economía, Bishnu Prasad Paudel, también fue víctima de la furia popular. Una multitud lo interceptó en la vía pública, lo golpeó brutalmente, lo despojó de parte de su ropa y lo arrojó al río Bagmati. Aunque logró ser rescatado y hospitalizado, el episodio dejó una fuerte marca política: la imagen de un funcionario reducido y humillado por ciudadanos refleja la profundidad de la crisis institucional.
La magnitud de la violencia obligó al primer ministro K.P. Sharma Oli a presentar su renuncia, argumentando que era la única salida para intentar recuperar el orden. En la capital, Kathmandu, rige toque de queda, las fuerzas de seguridad patrullan las calles y el aeropuerto internacional fue cerrado para evitar más incidentes.
Los líderes de las protestas, integrados en su mayoría por jóvenes, advirtieron que no se detendrán hasta lograr cambios estructurales en el sistema político. El movimiento, autodenominado “Gen Z”, expuso el hartazgo con la corrupción, la falta de oportunidades y el autoritarismo del Gobierno.
La comunidad internacional sigue con alarma los acontecimientos. Organismos multilaterales pidieron respeto a los derechos humanos y reclamaron la apertura de un canal de diálogo. Sin embargo, el futuro inmediato de Nepal es incierto: el vacío de poder tras la renuncia de Oli, la violencia en las calles y el descrédito de la clase política configuran un escenario explosivo que amenaza con profundizar la crisis.
