El corte de la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo paralizó el acceso al santuario inca. Hubo al menos 17 heridos, evacuaciones de emergencia y más de 1.500 viajeros afectados.
Mundo16 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
El turismo en Perú volvió a verse sacudido por un conflicto social en la región del Cusco. Durante varios días, manifestantes bloquearon la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo, lo que dejó a miles de visitantes sin poder ingresar ni salir del santuario inca.
Las protestas, vinculadas a la disputa por la concesión del servicio de transporte en buses hacia la ciudadela, derivaron en un escenario de tensión y violencia. Piedras, troncos y barricadas fueron colocadas en las vías, lo que forzó a las operadoras ferroviarias a suspender totalmente los servicios de tren.
El enfrentamiento con fuerzas de seguridad dejó un saldo de al menos 17 heridos, entre manifestantes, policías y pasajeros afectados por el caos. La falta de información y la imposibilidad de trasladarse generaron escenas de descontento entre turistas nacionales y extranjeros que quedaron varados tanto en Ollantaytambo como en Aguas Calientes.
Frente a la emergencia, autoridades locales y nacionales implementaron operativos de evacuación que permitieron trasladar a más de 1.400 personas fuera de la zona de riesgo. Se utilizaron rutas alternativas y vehículos especiales para garantizar la salida de familias, adultos mayores y extranjeros que corrían el riesgo de perder vuelos internacionales.
Hacia el cierre de la protesta, las comunidades anunciaron la suspensión del paro y la reapertura parcial de la vía férrea, aunque condicionada a nuevas negociaciones. La situación sigue siendo frágil, con la amenaza de nuevos bloqueos si no se alcanza un acuerdo estable en torno a la operación de los buses que conectan el pueblo con el santuario.
El impacto sobre la economía local fue inmediato: comercios, hoteles y guías turísticos sufrieron cancelaciones, mientras que el propio Machu Picchu volvió a estar en el centro del debate por la falta de infraestructura alternativa que permita garantizar el acceso ante este tipo de conflictos.
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