Alejandra Larrea
La Policía Bonaerense logra desarticular a la llamada “Familia Amarilla”, una red narco que operaba en el partido de La Matanza. El grupo había crecido tras el vacío dejado por otra organización desbaratada meses atrás y se había consolidado como uno de los núcleos de venta de droga más activos de la zona oeste del conurbano.
La investigación, iniciada a mediados de agosto, permitió identificar domicilios utilizados para acopio y distribución de estupefacientes. En un operativo simultáneo, se realizaron nueve allanamientos —ocho en González Catán y uno en Virrey del Pino— que derivaron en la detención de cuatro personas: Bernardino Carlos Guerrero Sotelo, señalado como principal abastecedor; Roberto Claudio Sánchez, a cargo del fraccionamiento y de un arsenal de armas; Flavia Daniela Sejmcurri, vinculada al manejo de armamento; y Daiana Belén Farías, encargada de la preparación de la droga para la venta.
El operativo permitió secuestrar 406 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios y trozos compactos, 1,2 kilos de marihuana, 20 plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, más de 80 municiones, cargadores de fusil, 12 teléfonos celulares, una caja fuerte, un DVR, una máquina contadora de billetes, además de $2,2 millones, 1.002 dólares y 190 euros. Parte del material fue hallado en un pozo oculto en la vivienda de Sánchez y Sejmcurri.
La organización funcionaba bajo un esquema piramidal: abastecimiento, fraccionamiento, ocultamiento, distribución al menudeo y seguridad armada. Operaba desde el barrio 19 de Septiembre, en González Catán, y utilizaba la infraestructura delictiva de bandas previas para sostener su control territorial. Según la investigación, también participaba en robos agravados y acopio ilegal de armas.
El líder conocido como “El Pipa” continúa prófugo con pedido de captura. Se trata del principal articulador de la red, que coordinaba roles, logística y alianzas con otros grupos delictivos. Las autoridades sostienen que su detención será clave para evitar la reconfiguración de la estructura.
Con esta caída, la justicia busca frenar el avance del narcotráfico en el oeste del conurbano y enviar un mensaje sobre la capacidad del Estado de golpear a las organizaciones que intentan cubrir los espacios vacantes en el mercado ilegal.
