La Justicia cordobesa ordenó la detención de ocho agentes del Servicio Penitenciario luego de que un interno trans denunciara haber sido brutalmente golpeado dentro del penal de Bouwer. El caso destapó graves fallas en los protocolos de resguardo y reavivó el debate sobre violencia institucional en contextos de encierro.
Policiales04 de diciembre de 2025
Alejandra Larrea
El Servicio Penitenciario de Córdoba quedó en el centro de una tormenta institucional tras la detención de ocho guardias acusadas de golpear brutalmente a un interno trans en la cárcel de Bouwer. La denuncia, presentada por la propia víctima, reveló una escena de violencia extrema que derivó en lesiones comprobadas y en la apertura de una causa penal por coacción, lesiones calificadas y posible abuso de autoridad. La Justicia actuó con rapidez: las agentes fueron apresadas y separadas de sus funciones, mientras se activan protocolos internos y se revisan los sistemas de vigilancia del penal.
El episodio expone nuevamente la problemática de la violencia penitenciaria, especialmente sobre personas trans, uno de los colectivos más vulnerables dentro del sistema carcelario. El caso no solo plantea responsabilidad individual de las guardias involucradas, sino también la eventual responsabilidad institucional por fallas en el control, la supervisión y la protección de las personas privadas de libertad.
La denuncia y el ataque: un episodio de violencia planificada
Según la reconstrucción inicial del caso, el interno trans denunció haber sido trasladado a un sector del penal donde al menos ocho agentes lo rodearon y comenzaron a golpearlo sin motivo claro ni procedimiento que justificara el uso de la fuerza. El relato describe impactos de puño, patadas y golpes con elementos contundentes. Tras la agresión, el interno quedó con lesiones visibles, entre ellas hematomas, cortes y contusiones que luego fueron constatadas por un examen médico oficial.
La violencia habría ocurrido en un horario donde el movimiento interno del penal era reducido, lo que vuelve a instalar la sospecha de que la agresión fue coordinada o tolerada dentro de un espacio de control cerrado. La víctima pidió auxilio y logró radicar la denuncia, lo que permitió activar las primeras medidas judiciales.
La intervención judicial: detenciones, imputaciones y peritajes
Frente a la denuncia, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención de las ocho guardias señaladas como autoras del ataque. Las imputaciones incluyen lesiones agravadas y abuso funcional, delitos que, de ser confirmados, podrían implicar penas significativas y la expulsión definitiva del sistema penitenciario. Las detenidas quedaron a disposición de la fiscalía, que avanzará con indagatorias, análisis de cámaras de seguridad internas, testimonios de otros internos y peritajes médicos.
Parte central de la investigación será determinar si hubo instigación, encubrimiento o participación de otros funcionarios del penal, especialmente mandos medios. El expediente se encuentra en etapa inicial, pero la Justicia ya anticipó que se revisarán comunicaciones internas, partes del servicio, informes de movimientos y registros de guardias para identificar eventuales responsabilidades jerárquicas.
Un penal bajo sospecha: antecedentes y falta de controles
Bouwer es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Córdoba y, a lo largo de los años, ha acumulado denuncias por violencia institucional, maltratos y fallas en las condiciones de alojamiento. Organizaciones de derechos humanos han señalado repetidamente la existencia de prácticas abusivas y la necesidad de reforzar la supervisión externa.
El caso del interno trans se suma a una larga lista de episodios que ponen en duda la capacidad del penal para garantizar entornos seguros, especialmente para colectivos vulnerables. Las personas trans y LGBTIQ+ privadas de libertad suelen enfrentar niveles más altos de violencia, hostigamiento y discriminación, tanto por parte de otros internos como del propio personal penitenciario.
Este episodio reaviva el debate sobre la falta de capacitación específica del personal, la ausencia de protocolos reales contra la violencia y la necesidad de mecanismos de denuncia que no expongan a las víctimas a mayor riesgo.
Reacciones institucionales: separaciones preventivas y auditoría interna
Tras las detenciones, el Servicio Penitenciario provincial resolvió separar del cargo a las ocho guardias involucradas y anunció la apertura de un sumario interno. Además, se convocó a una auditoría extraordinaria para revisar el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza, custodia y protección de personas trans en contexto de encierro.
Aunque el organismo difundió un mensaje institucional expresando “tolerancia cero” a los hechos de violencia, el impacto del caso plantea interrogantes sobre la eficacia real de estos mecanismos. La investigación interna deberá determinar si había antecedentes disciplinarios en las guardias detenidas y si existieron advertencias previas sobre su comportamiento.
En paralelo, las autoridades penitenciarias se comprometieron a reforzar la supervisión en sectores donde se reportaron episodios de maltrato y a implementar capacitaciones obligatorias en diversidad y derechos humanos, aunque estas medidas suelen ser más declarativas que transformadoras si no se acompañan de reformas de fondo.
El contexto: violencia institucional y vulnerabilidad trans en cárceles
Este caso no se explica aislado del contexto argentino: en los últimos años, diversas organizaciones han registrado episodios graves de violencia policial y penitenciaria contra personas trans, tanto en comisarías como en unidades de detención. La vulnerabilidad de este colectivo es ampliada por la discriminación estructural, la falta de acceso a redes de apoyo y la exposición a entornos penitenciarios donde la violencia se reproduce de manera cotidiana.
Dentro de las cárceles, las personas trans suelen ser ubicadas en pabellones donde corren mayores riesgos, sin adaptación de espacios ni protocolos adecuados. La violencia institucional funciona, muchas veces, como un mecanismo de disciplinamiento interno que se oculta en la opacidad del encierro. Por eso, casos como el ocurrido en Bouwer tienden a generar reacciones judiciales rápidas, pero también dejan al descubierto una problemática estructural difícil de revertir.
Qué viene ahora: testimonios, cámaras y responsabilidades jerárquicas
La causa avanzará en varios frentes simultáneos. En primer lugar, la fiscalía tomará declaración al interno trans, quien será acompañado por equipos especializados. También se evaluará la participación de otros testigos, tanto internos como personal penitenciario.
Las cámaras del penal —que no siempre registran todos los sectores— serán clave para reconstruir la secuencia del ataque. Si existieran registros, podrían permitir identificar no solo a las agresoras directas sino también a quienes posibilitaron el desplazamiento del interno hacia el lugar donde ocurrió la golpiza.
Otro aspecto será la investigación de posibles responsabilidades de rangos superiores. Si se comprueba que hubo cobertura, omisión deliberada o instigación por parte de jefaturas, el expediente podría ampliarse significativamente.
Mientras tanto, desde el ámbito de derechos humanos se espera un seguimiento exhaustivo del caso, presionando para que no quede circunscripto a las autoras materiales sino que abarque la estructura que permitió la violencia.
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