Alejandra Larrea
El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, resolvió avanzar sobre los activos de Red Chamber, compañía de capitales estadounidenses dedicada a la industria pesquera en Puerto Madryn. La decisión, adoptada mediante un decreto provincial, implica la rescisión del contrato vigente y la posible ocupación de las plantas que la empresa opera en la provincia.
La medida generó inmediata preocupación en Washington, que interpreta la acción como un caso grave de inseguridad jurídica. Red Chamber lleva una década operando en Chubut: reactivó la ex Alpesca, reincorporó a cientos de trabajadores, invirtió en buques y desarrolló infraestructura clave para la exportación de langostino argentino hacia Estados Unidos y otros 30 mercados.
Un conflicto con impacto internacional
En la administración estadounidense la noticia fue recibida como una señal contradictoria frente al discurso de apertura de inversiones promovido desde Buenos Aires. La empresa norteamericana asegura que cumplió todas las cláusulas contractuales y que la decisión provincial carece de sustento jurídico y de transparencia.
El trasfondo político indica que el gobierno chubutense busca favorecer el ingreso de la empresa española Profand, con base en Galicia, en un movimiento que desplaza a la firma norteamericana. Este giro genera fricciones bilaterales en un momento de acercamiento entre Javier Milei y Donald Trump, quienes preparan una cumbre conjunta en la que el caso podría aparecer en la agenda.
Inseguridad jurídica y señales al mercado
La controversia golpea en un frente sensible: la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Si la provincia concreta la apropiación, se estaría afectando a una empresa que en diez años invirtió más de 70 millones de dólares y exportó más de 250.000 toneladas de langostino, generando miles de empleos directos e indirectos en la región patagónica.
Washington ya transmitió que observa con atención la situación y que no descarta elevar el tema en foros internacionales. Para la Casa Blanca, que insiste en garantizar condiciones estables a sus empresas, el caso Red Chamber puede convertirse en un precedente negativo para futuros inversores en Argentina.
Escenario político y posibles derivaciones
Ignacio Torres defendió su decisión argumentando incumplimientos de la compañía, aunque aún no presentó pruebas contundentes en la justicia. En paralelo, la Legislatura provincial podría verse involucrada si el gobernador busca respaldo político para avanzar con la ocupación de las plantas.
El gobierno nacional, que intenta fortalecer sus vínculos con Estados Unidos, queda en una posición incómoda: respaldar a una provincia en su disputa puede tensionar la relación bilateral, mientras que alinearse con Washington implicaría confrontar con una gestión provincial de la oposición.
La disputa recién comienza, pero ya amenaza con escalar a un conflicto diplomático mayor. En juego no solo está el futuro de una pesquera en Chubut, sino también la confianza internacional en la capacidad de Argentina para ofrecer garantías legales a la inversión extranjera.
