Alejandra Larrea
La seguridad del sistema penitenciario cordobés volvió a quedar en entredicho tras la detención de un guardiacárcel que intentó ingresar droga y celulares al Penal N.º 5 de Villa María. El hecho, descubierto durante un control de rutina, derivó en una causa penal y en un sumario administrativo interno.
El operativo y la detención
El episodio ocurrió este sábado durante el control habitual de ingreso del personal. Según el parte oficial, el agente mostró una actitud evasiva ante el escáner de pertenencias, lo que motivó una revisión más exhaustiva.
Durante el procedimiento, sus compañeros encontraron dos envoltorios plásticos con clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares ocultos entre sus pertenencias.
Los reactivos químicos utilizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmaron la presencia de droga. El guardiacárcel fue detenido en el acto e imputado por tenencia de estupefacientes, según la ley nacional vigente.
Un penal bajo la lupa
El hecho se produce apenas una semana después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal desarticularan una banda narco que operaba desde ese mismo penal.
La investigación previa había revelado que dos internos coordinaban la distribución de cocaína en Bell Ville y otras localidades del sur cordobés, utilizando teléfonos celulares ingresados de forma irregular.
Los allanamientos simultáneos permitieron detener a siete personas e incautar más de 200 dosis de cocaína, dinero en efectivo, vehículos, tablets y balanzas de precisión.
Las pruebas recolectadas incluyeron cuadernos con registros de transferencias y comunicaciones con el penal, lo que reforzó las sospechas sobre la complicidad interna en la cárcel de Villa María.
Investigación interna y judicial
El Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado confirmando la apertura de un sumario administrativo y la colaboración con la Justicia Federal.
“Se aplicarán todas las medidas correspondientes para preservar la integridad institucional y la seguridad de los establecimientos”, señaló el texto.
El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, que busca determinar si el agente actuó por cuenta propia o en conexión con los internos vinculados a la red narco desmantelada días atrás.
Fuentes judiciales indicaron que no se descarta la participación de terceros y que se revisarán cámaras, registros de ingreso y comunicaciones.
Un problema estructural
El caso vuelve a poner sobre la mesa el problema de la corrupción carcelaria y la infiltración narco en el sistema penitenciario.
Durante los últimos meses, Córdoba registró varios episodios similares: agentes suspendidos por contrabando de teléfonos, ingreso de sustancias prohibidas y vínculos con reclusos que coordinan ventas de droga desde prisión.
Organizaciones civiles y gremiales del sector penitenciario reclaman mayor inversión en controles y rotación de personal. “Las cárceles se han convertido en centros de operaciones del narcotráfico, y muchos agentes trabajan bajo presión o amenazas”, advirtió un referente sindical.
El vínculo con redes externas
La Fiscalía analiza ahora si el intento frustrado de ingreso de droga estaba destinado a una nueva célula que reemplazaría a la red desarticulada la semana pasada.
El uso de celulares dentro de los penales se volvió una herramienta clave para mantener operativas estas estructuras: coordinan envíos, transfieren dinero y controlan puntos de venta desde las celdas.
El informe de la División Unidad Operativa Federal detalla que, en la causa anterior, los jefes narcos en Villa María se comunicaban a diario con distribuidores externos y utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada para evadir la detección.
El contexto provincial
En lo que va del año, Córdoba suma más de 50 causas judiciales vinculadas a intentos de ingreso de estupefacientes o teléfonos a unidades penitenciarias.
La FPA y el Ministerio de Seguridad provincial reconocen que las cárceles se han convertido en un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico, con redes que extienden sus operaciones desde el interior de los penales hacia distintos municipios.
Autoridades judiciales sostienen que el desafío no solo es policial, sino también institucional, y que requiere reformas profundas en los protocolos de control y en los mecanismos de rotación de personal.
El agente detenido permanece alojado en una dependencia de la Policía Antinarcóticos de Villa María. En las próximas horas será indagado por la Justicia Federal.
Mientras tanto, el Servicio Penitenciario avanza en auditorías internas para determinar responsabilidades jerárquicas y revisar los protocolos de ingreso de empleados.
La Fiscalía también evalúa si los teléfonos secuestrados contienen información relevante sobre contactos con internos o personas externas vinculadas a las causas recientes.
