Alejandro Cabrera
Los teléfonos bajo la lupa
La instrucción judicial apunta a compulsar mensajes, audios y chats que puedan probar coordinación o conocimiento previo de los hermanos Milei sobre el lanzamiento de $LIBRA. El análisis abarca también a asesores cercanos y a los empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda. La orden se dictó tras constatar que varias comunicaciones borradas coincidían con el día en que el token fue difundido desde cuentas oficiales del Gobierno.
Fuentes del entorno presidencial aseguran que se trata de una medida “de rutina”, pero en los tribunales federales la lectura es otra: el pedido se considera un paso hacia la imputación formal de quienes participaron en la promoción inicial. Según los investigadores, el objetivo es determinar si la mención pública del Presidente fue espontánea o parte de un plan para generar confianza artificial en el mercado.
La expansión de la causa y el revés político
El expediente no se limita al ámbito económico. En el Congreso, la Comisión Investigadora sobre $LIBRA denunció trabas judiciales para citar a funcionarios. El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido para hacer comparecer por la fuerza pública a cuatro testigos, entre ellos directores de la Secretaría General de la Presidencia. Legisladores oficialistas interpretaron la decisión como una señal de protección; la oposición, como una maniobra dilatoria.
Mientras tanto, el fiscal Taiano amplió los requerimientos al Banco Central y a la AFIP para rastrear movimientos de cuentas vinculadas a las empresas emisoras del token. En paralelo, en Estados Unidos se presentaron nuevas capturas de mensajes que comprometerían a Hayden Davis, el empresario que diseñó la arquitectura de $LIBRA.
El efecto político fue inmediato. José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, renunció tras quedar mencionado en otra causa vinculada a aportes de campaña. Su salida debilitó el discurso oficial y profundizó la sensación de aislamiento del Gobierno.
Entre el mercado y la política
$LIBRA nació como un proyecto de “libertad financiera”, impulsado desde redes sociales con el aval simbólico del Presidente. Su valor creció más de 3.000 % en horas y luego colapsó cuando los creadores —que controlaban el 70 % de los tokens— liquidaron posiciones. La maniobra se encuadra en lo que los analistas llaman un “rug pull”: una estafa digital basada en el entusiasmo inicial del público.
Desde el Gobierno insisten en que Milei “solo difundió una innovación privada” y que no existió relación económica. Sin embargo, los peritajes ordenados esta semana buscan justamente esclarecer ese punto: si la difusión fue un gesto político inocente o parte de una operatoria concertada.
La Justicia estadounidense, que mantiene abierta una demanda colectiva de inversores, acaba de levantar el embargo de fondos sobre Hayden Davis, permitiéndole transferir 60 millones de dólares en criptoactivos. Ese movimiento reactivó las sospechas sobre triangulaciones de capital entre Argentina y EE. UU., justo cuando el Ejecutivo intenta recuperar credibilidad ante los mercados.
Una crisis de confianza
El “caso $LIBRA” ya desbordó el terreno económico y se instaló como un símbolo de la fragilidad institucional frente a los nuevos instrumentos financieros. Lo que empezó como una promesa de desregulación terminó en una tormenta judicial que pone a prueba al propio Presidente.
En los pasillos del Congreso, opositores y aliados coinciden en algo: el resultado de los peritajes sobre los teléfonos será decisivo. Si aparecen mensajes que confirmen coordinación previa, el escándalo podría escalar a un nivel inédito y comprometer la continuidad de varios funcionarios clave.
Mientras tanto, el mercado cripto argentino opera con volatilidad extrema y los organismos de control evalúan nuevos marcos regulatorios para limitar la promoción de activos digitales por parte de figuras públicas.
La confianza —en las monedas, en los líderes y en la palabra presidencial— es hoy el activo más volátil del país.
