La causa por la criptomoneda promovida bajo el nombre $LIBRA dio un nuevo giro. El fiscal Eduardo Taiano ordenó peritar los celulares de Javier y Karina Milei para determinar si existieron comunicaciones previas al lanzamiento del token que puedan implicarlos en la maniobra financiera que dejó miles de damnificados. El caso, que nació como una investigación económica, ya se transformó en el mayor frente político-judicial del Gobierno.
Política08 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
Los teléfonos bajo la lupa
La instrucción judicial apunta a compulsar mensajes, audios y chats que puedan probar coordinación o conocimiento previo de los hermanos Milei sobre el lanzamiento de $LIBRA. El análisis abarca también a asesores cercanos y a los empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda. La orden se dictó tras constatar que varias comunicaciones borradas coincidían con el día en que el token fue difundido desde cuentas oficiales del Gobierno.
Fuentes del entorno presidencial aseguran que se trata de una medida “de rutina”, pero en los tribunales federales la lectura es otra: el pedido se considera un paso hacia la imputación formal de quienes participaron en la promoción inicial. Según los investigadores, el objetivo es determinar si la mención pública del Presidente fue espontánea o parte de un plan para generar confianza artificial en el mercado.
La expansión de la causa y el revés político
El expediente no se limita al ámbito económico. En el Congreso, la Comisión Investigadora sobre $LIBRA denunció trabas judiciales para citar a funcionarios. El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido para hacer comparecer por la fuerza pública a cuatro testigos, entre ellos directores de la Secretaría General de la Presidencia. Legisladores oficialistas interpretaron la decisión como una señal de protección; la oposición, como una maniobra dilatoria.
Mientras tanto, el fiscal Taiano amplió los requerimientos al Banco Central y a la AFIP para rastrear movimientos de cuentas vinculadas a las empresas emisoras del token. En paralelo, en Estados Unidos se presentaron nuevas capturas de mensajes que comprometerían a Hayden Davis, el empresario que diseñó la arquitectura de $LIBRA.
El efecto político fue inmediato. José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, renunció tras quedar mencionado en otra causa vinculada a aportes de campaña. Su salida debilitó el discurso oficial y profundizó la sensación de aislamiento del Gobierno.
Entre el mercado y la política
$LIBRA nació como un proyecto de “libertad financiera”, impulsado desde redes sociales con el aval simbólico del Presidente. Su valor creció más de 3.000 % en horas y luego colapsó cuando los creadores —que controlaban el 70 % de los tokens— liquidaron posiciones. La maniobra se encuadra en lo que los analistas llaman un “rug pull”: una estafa digital basada en el entusiasmo inicial del público.
Desde el Gobierno insisten en que Milei “solo difundió una innovación privada” y que no existió relación económica. Sin embargo, los peritajes ordenados esta semana buscan justamente esclarecer ese punto: si la difusión fue un gesto político inocente o parte de una operatoria concertada.
La Justicia estadounidense, que mantiene abierta una demanda colectiva de inversores, acaba de levantar el embargo de fondos sobre Hayden Davis, permitiéndole transferir 60 millones de dólares en criptoactivos. Ese movimiento reactivó las sospechas sobre triangulaciones de capital entre Argentina y EE. UU., justo cuando el Ejecutivo intenta recuperar credibilidad ante los mercados.
Una crisis de confianza
El “caso $LIBRA” ya desbordó el terreno económico y se instaló como un símbolo de la fragilidad institucional frente a los nuevos instrumentos financieros. Lo que empezó como una promesa de desregulación terminó en una tormenta judicial que pone a prueba al propio Presidente.
En los pasillos del Congreso, opositores y aliados coinciden en algo: el resultado de los peritajes sobre los teléfonos será decisivo. Si aparecen mensajes que confirmen coordinación previa, el escándalo podría escalar a un nivel inédito y comprometer la continuidad de varios funcionarios clave.
Mientras tanto, el mercado cripto argentino opera con volatilidad extrema y los organismos de control evalúan nuevos marcos regulatorios para limitar la promoción de activos digitales por parte de figuras públicas.
La confianza —en las monedas, en los líderes y en la palabra presidencial— es hoy el activo más volátil del país.
Un grupo de dirigentes de origen radical presentó un amparo para frenar el decreto que modificó la Ley de Inteligencia. El caso vuelve a exponer la tensión entre el Ejecutivo y el sistema institucional en un año marcado por disputas de poder, reconfiguraciones políticas y un clima social cada vez más sensible a los límites del Estado.
El Gobierno argentino formalizó en la Organización de Estados Americanos su respaldo al operativo de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro. La posición expuesta consolida un alineamiento explícito con Washington y marca una definición política de alto impacto regional, en un escenario hemisférico atravesado por tensiones diplomáticas, debates sobre legalidad internacional y la redefinición del poder en Venezuela.
El Gobierno nacional avanzará con un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de Inteligencia y otorgarle mayores atribuciones operativas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la ampliación de su capacidad de acción en tareas de seguridad e intervención directa. La decisión reabre un debate histórico en la Argentina sobre los límites entre inteligencia, seguridad interior y derechos individuales, y anticipa una fuerte controversia política e institucional.
El Gobierno nacional decidió asistir financieramente a una provincia gobernada por un aliado político con una transferencia de $220.000 millones destinada a cubrir el pago de aguinaldos y compromisos de deuda. La decisión expone las tensiones entre el discurso de ajuste fiscal y la necesidad de sostener gobernabilidades provinciales en un escenario de cuentas públicas asfixiadas y negociaciones políticas permanentes.
Los incidentes frente al Concejo Deliberante de Quilmes durante una protesta contra una ordenanza de tránsito y estacionamiento no fueron un episodio municipal más. El choque entre organizaciones vinculadas a Juan Grabois y la gestión ligada a Mayra Mendoza expuso una fractura política que ya venía abierta en el peronismo bonaerense. La pelea dejó heridos, detenidos, acusaciones cruzadas y un trasfondo mucho más profundo: la disputa por quién representa hoy “lo popular”, cómo se administra el orden y quién conduce a la oposición.
Las sesiones extraordinarias del Congreso entraron en su tramo decisivo con una ventana formal que va del 10 al 30 de diciembre. En el Senado, el escenario es más complejo que en Diputados: el oficialismo no tiene mayoría propia, la oposición no actúa como bloque monolítico y los interbloques provinciales se mueven con lógica territorial. El Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal concentran la disputa, con una sesión clave prevista para el 26 de diciembre y negociaciones que se definen voto a voto.
El fútbol americano universitario de Estados Unidos entró en su etapa decisiva con el College Football Playoff (CFP) ampliado a 12 equipos. La primera ronda ya se disputó en su totalidad, los cruces de cuartos de final quedaron confirmados y el torneo avanza ahora hacia los tradicionales tazones de Año Nuevo, antes de las semifinales y la gran final nacional. El nuevo formato redefine el cierre de la temporada y obliga a cada aspirante al título a atravesar un recorrido exigente y completamente eliminatorio.
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La intercepción del buque marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra la evasión de sanciones petroleras vinculadas a Venezuela y reaviva la tensión con Moscú. La operación se produjo en aguas internacionales tras una persecución prolongada y bajo órdenes judiciales estadounidenses.