Alejandro Cabrera
El ala este de la Casa Blanca, tradicionalmente espacio de trabajo para la primera dama y su equipo, ha sido demolida prácticamente en su totalidad en lo que se entiende como la fase inicial del nuevo salón de baile con el que Donald Trump pretende dejar su marca en la residencia presidencial. Lo que empezó como una modernización se transformó en una remodelación integral, y el costo estimado del proyecto pasó de unos 200 millones de dólares a cerca de 300 millones.
Según imágenes aéreas y reportes de la prensa internacional, los obreros derribaron la estructura del ala este con maquinaria pesada, mientras desde el equipo de prensa de la Casa Blanca se defendía el trabajo como “necesario para un edificio que debe perdurar muchos años” y reiteraban que el proyecto no implicará costo para los contribuyentes, ya que será financiado por Trump y donantes privados.
El nuevo salón, diseñado con una superficie de unos 8.300 metros cuadrados y con capacidad para casi 1.000 personas, se convierte en el proyecto de mayor magnitud en la Casa Blanca en décadas y ha despertado alertas entre historiadores, arquitectos de patrimonio y organizaciones de conservación. Las críticas apuntan a que el ala demolida formaba parte de un conjunto histórico de principios del siglo XX, y que el cambio no ha sido sometido aún al debido proceso de revisión pública que tales obras requieren.
La Casa Blanca, por su parte, sostiene que la demolición se encuentra amparada por una interpretación legal que permite avanzar sin la presentación formal de proyectos ante la comisión de planificación hasta que comience la construcción vertical. Así lo declaró la vocera oficial, quien afirmó que “con cualquier proyecto de esta magnitud hay cambios sobre la marcha, pero seguimos informando”.
Las implicancias políticas saltan al ojo: en un momento en que la gestión enfrenta críticas por la desigualdad, los gastos públicos y la concentración del poder, este proyecto aparece como símbolo de prioridades y de estilo. Para Trump, la obra representa un logro personal y un legado visible; para sus detractores, es el exceso de un mandatario que altera sin freno uno de los hitos del patrimonio estadounidense.
El ambiente de trabajo en el complejo de la avenida Pennsylvania incluyó restricciones de acceso, instrucción a empleados del Tesoro para no tomar fotos o videos del frente demolido, y presencia de donantes corporativos que ya figuran en la lista de financiamiento. Empresas como Amazon, Apple, Meta, Microsoft y otras figuran entre los contribuyentes listados, aunque el detalle de los montos por cada una no ha sido difundido.
La velocidad con la que se desarrolló la demolición también sorprendió: lo que se había anunciado en julio como la construcción de un salón de baile sin tocar la estructura existente comenzó a ejecutarse en octubre con derribo completo del ala este. En este punto, muy poco permanece del ala original de 1902-1942 salvo los muros más antiguos del ala principal. La oposición ha señalado que “esto no es reforma, es sustitución de patrimonio” y ha solicitadoparar la obra mientras se revisan los documentos.
En última instancia, la obra permitirá al mandatario celebrar banquetes y eventos de mayor escala en la Casa Blanca, y fortalecer su marca internacional. Pero también abre preguntas sobre rendición de cuentas, uso del espacio público y desequilibrio entre lo simbólico y lo funcional. Porque, al fin, no se trata solo de construir un salón… sino de definir qué se reconstruye cuando se redefine el poder.
