Alejandro Cabrera
El resultado de las elecciones legislativas consolidó a Javier Milei como el líder político con mayor proyección institucional del país. Pero también lo obligó a cambiar el tono: de la confrontación directa a la búsqueda de acuerdos. En ese nuevo marco, el mandatario decidió recibir en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores “dialoguistas” que podrían ser la llave para destrabar el paquete de reformas que el Gobierno planea enviar al Congreso antes de fin de año.
El encuentro, organizado con precisión política, marcó el inicio de una etapa donde el Ejecutivo reconoce sus límites numéricos y apuesta al consenso para mantener la iniciativa. No hubo discursos encendidos ni gestos de ruptura: la prioridad fue mostrar apertura, pragmatismo y una nueva disposición a negociar con los referentes provinciales.
La convocatoria reunió a 17 mandatarios provinciales que el propio Milei definió como “interlocutores válidos”. Participaron los gobernadores de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Luis, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Todos ellos comparten una relación institucional fluida con el Gobierno nacional y cierta sintonía en temas fiscales.
En cambio, quedaron fuera los jefes provinciales más alineados al kirchnerismo: Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa. La señal fue clara: el Gobierno busca abrir un frente de negociación sin confrontar, pero tampoco ceder espacio a quienes considera opositores cerrados.
En paralelo, Milei intenta reposicionar a su equipo económico para dar sustento a las reformas. El paquete que se prepara incluye tres grandes ejes: flexibilización laboral, reforma tributaria integral y nuevo esquema impositivo federal. En todos los casos, se busca reducir costos para las empresas, ampliar la base de contribuyentes y redefinir la relación Nación-Provincias.
Con un Parlamento dividido, el oficialismo necesita construir mayorías dinámicas. En el Senado requiere al menos 37 votos para abrir sesión; en Diputados, más de 129. Hoy no cuenta con ninguno de esos números. Por eso la reunión con los gobernadores cumple una doble función: política e institucional. Cada mandatario puede influir sobre legisladores de su provincia y aportar respaldo territorial a las leyes que el Ejecutivo impulse.
Fuentes de la Casa Rosada reconocen que el objetivo inmediato es garantizar la aprobación del Presupuesto 2026, trabado por diferencias en la coparticipación y en el reparto de subsidios. Pero Milei también quiere avanzar en un nuevo régimen laboral, más flexible y con menores costos de despido, y en una reforma fiscal que simplifique tributos y elimine impuestos distorsivos.
El presidente se apoya en la buena recepción internacional que obtuvo tras los comicios. La mejora en los bonos argentinos y la reducción del riesgo país fortalecieron su posición para negociar. Sin embargo, el mensaje hacia adentro fue otro: “no hay tiempo que perder”, habría dicho a su gabinete antes de recibir a los gobernadores.
El tono del encuentro contrastó con los primeros meses de gestión. Ya no hubo críticas al “gasto político” ni referencias al “Estado parasitario”. En su lugar, Milei habló de “federalismo eficiente” y “colaboración institucional”. La foto con los gobernadores se pensó como un gesto de gobernabilidad hacia los mercados, los inversores y, sobre todo, hacia el Congreso.
Las provincias, por su parte, plantearon sus propias demandas. Los mandatarios reclamaron previsibilidad en el envío de fondos, reactivación de obras públicas paralizadas y participación en la discusión sobre los cambios tributarios. “No se puede hablar de reforma fiscal sin las provincias”, fue el argumento compartido.
El Gobierno tomó nota de esos reclamos, aunque evitó compromisos concretos. Sí prometió analizar un mecanismo de compensación por los recortes de transferencias y una mesa técnica para evaluar el impacto regional de las reformas. El objetivo: mantener el diálogo abierto mientras avanza el debate legislativo.
Tras el resultado electoral, Milei entiende que su fuerza creció, pero no lo suficiente como para gobernar en soledad. La apuesta ahora es convertir votos en gobernabilidad. La convocatoria a los gobernadores es apenas el primer paso de una estrategia más amplia que incluye tender puentes con bloques dialoguistas del Congreso, sindicatos no alineados y cámaras empresariales.
El oficialismo planea, además, una gira internacional antes de fin de año para reforzar su posición ante los mercados y atraer inversiones en energía, minería y tecnología. Cada movimiento busca reforzar la imagen de un gobierno que, sin abandonar su discurso liberal, asume la necesidad de un consenso mínimo para sostener las reformas.
El desafío es monumental: equilibrar la ortodoxia económica con el pragmatismo político. En esa tensión se juega buena parte del futuro de la administración libertaria. Si Milei logra sostener el equilibrio entre firmeza ideológica y apertura negociadora, podrá consolidar un nuevo orden político basado en acuerdos y resultados.
