El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
Política05 de diciembre de 2025
Alejandra Larrea
Un diciembre legislativo recargado
Javier Milei decidió que el Congreso no tendrá descanso político en diciembre. El Presidente firmará el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para que ambas cámaras trabajen entre el 10 y el 31 de este mes con un temario que combina urgencias fiscales y el corazón de su programa de gobierno.
En ese período, la Casa Rosada quiere asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, además de un proyecto de “inocencia fiscal” y cambios en la ley de glaciares. El llamado se formalizará con la publicación del decreto en el Boletín Oficial la semana próxima, pero la decisión política ya está tomada y el oficialismo ajusta números y negociaciones.
La apuesta sintetiza la lógica de la segunda mitad del mandato: un Congreso más favorable tras las legislativas de octubre y una ventana corta, pero intensa, para convertir en leyes las banderas centrales del proyecto libertario.
Qué se va a tratar en las extraordinarias
El eje principal del temario será el Presupuesto 2026, que el Gobierno considera la herramienta clave para ordenar el programa económico, fijar niveles de gasto y anclar las proyecciones de ajuste y desregulación. Es, además, un símbolo político: el último presupuesto aprobado fue el de 2023 y Milei quiere llegar a su tercer año de gestión con una hoja de ruta fiscal propia.
Junto con el Presupuesto, el oficialismo incluyó un conjunto de proyectos que considera estructurales:
Reforma laboral: el texto que viene puliendo el Gobierno apunta a flexibilizar el régimen de contratación, reducir costos laborales y limitar la intermediación sindical en algunos aspectos, con la promesa de incentivar el empleo formal. El borrador está terminado y bajo revisión de la mesa chica, que espera presentarlo públicamente en los próximos días.
Reforma tributaria e “inocencia fiscal”: la iniciativa busca modificar el régimen tributario con un enfoque más favorable al contribuyente, elevando umbrales de fraude, acortando plazos de prescripción y blindando esquemas simplificados como el impuesto a las ganancias en su versión reducida. La idea oficial es enviar una señal de alivio impositivo y previsibilidad.
Reforma del Código Penal: el proyecto endurece penas en delitos como homicidios, abusos sexuales, robos agravados, corrupción y trata de personas, incorpora nuevas figuras vinculadas al crimen organizado y restringe beneficios como la libertad condicional, con el objetivo de que la mayor parte de las condenas se cumplan con prisión efectiva.
Ley de glaciares: el Gobierno quiere habilitar una revisión del régimen vigente para ampliar áreas de explotación minera y energética, un reclamo de varios gobernadores que ven en esos proyectos una posible vía de ingresos y empleo, pero que despierta resistencias ambientales.
La idea oficial es concentrar diciembre en el Presupuesto y, al menos, en una primera vuelta de las reformas laboral y penal. Parte del paquete podría terminar de discutirse en una prórroga de extraordinarias en febrero, antes del inicio del período ordinario el 1° de marzo.
El cálculo político detrás del decreto
La convocatoria llega en un contexto parlamentario muy distinto al del inicio de la gestión. Tras las elecciones de octubre y las fracturas en los bloques opositores, La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en Diputados, con 95 bancas propias y aliadas, lo que mejora las chances de aprobación de las leyes clave.
En la Casa Rosada hay optimismo: la dupla integrada por el jefe de Gabinete y el ministro del Interior viene trabajando desde principios de noviembre con gobernadores, especialmente aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y necesitan recursos frescos, obra pública y margen de maniobra fiscal. El Presupuesto y la reforma tributaria funcionan allí como moneda de negociación política.
La negociación también involucra a la conducción del Congreso. El proyecto de reforma laboral y el paquete penal son revisados por el presidente de Diputados y por la jefa del bloque oficialista en el Senado, que aspiran a ordenar la tropa propia y sumar aliados de la oposición “dialoguista”. El objetivo es evitar escenas de derrotas legislativas como las de los primeros años de gobierno.
Expectativas, riesgos y la batalla por el relato
Para Milei, las extraordinarias son una oportunidad para mostrar iniciativa política, disciplina fiscal y avance en la agenda de reformas. Si logra sacar el Presupuesto y encaminar al menos una parte de los cambios laborales y penales, podrá presentar el cierre del año legislativo como un punto de inflexión: el momento en que el Congreso dejó de ser un freno y se convirtió en herramienta del proyecto libertario.
Pero el movimiento también implica riesgos. La oposición llega fragmentada, pero no desarmada. Gobernadores, bloques provinciales y sectores del peronismo y el radicalismo pueden usar el trámite parlamentario para condicionar el contenido de las reformas, introducir cambios sustanciales o incluso frenar algunos puntos sensibles, sobre todo en materia laboral y penal.
Además, organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores de la Justicia miran con lupa el contenido de los proyectos. Un endurecimiento fuerte del Código Penal y una flexibilización profunda del mercado de trabajo podrían activar contestación en la calle, judicialización y una disputa de relato en la opinión pública.
Lo que viene después de diciembre
Aunque el decreto fija, en principio, el período del 10 al 31 de diciembre, nadie en el Gobierno descarta una segunda tanda de extraordinarias en febrero para completar el tratamiento de los proyectos que queden pendientes. La estrategia es que el Congreso trabaje prácticamente todo el verano para que, cuando se abran las sesiones ordinarias, el núcleo duro de la agenda ya esté encaminado.
En paralelo, la Casa Rosada seguirá usando el avance legislativo como carta frente a los mercados, los organismos internacionales y los inversores. Un Presupuesto alineado con el programa económico, más reformas estructurales en marcha, son el mensaje que el Gobierno quiere enviar hacia afuera para mostrar consistencia y gobernabilidad.
Las próximas semanas, entonces, serán decisivas. Entre la aritmética parlamentaria, la tensión con la oposición y la presión de los actores sociales, Milei apuesta a que las sesiones extraordinarias sean el escenario donde se juegue buena parte de la segunda mitad de su mandato.
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