Alejandro CabreraCuando parecía que la presentación de la declaración jurada iba a cerrar semanas de cuestionamientos, la situación de Manuel Adorni volvió a complicarse.
La nueva controversia gira alrededor de un documento que no formaba parte de la declaración pública, pero que sí debía ser presentado ante la Oficina Anticorrupción: el anexo reservado donde se detallan los bienes del cónyuge del funcionario. Según reveló una investigación periodística, ese documento no había sido presentado oportunamente y recién ahora fue incorporado al expediente.
La omisión cobra especial relevancia porque en ese anexo debía figurar una casa adquirida por Bettina Angeletti en noviembre de 2024 dentro del country Indio Cua, una propiedad que no aparecía informada en la documentación presentada anteriormente.
El episodio suma un nuevo capítulo a una historia que en los últimos meses se transformó en uno de los principales dolores de cabeza políticos para el Gobierno.
El punto central de la discusión es una propiedad adquirida por la esposa del jefe de Gabinete.
De acuerdo con la documentación inmobiliaria difundida, Angeletti compró una vivienda en un country bonaerense durante 2024. Ese movimiento patrimonial debía reflejarse en el anexo reservado que acompaña las declaraciones juradas de los funcionarios. Sin embargo, el documento no había sido presentado en tiempo y forma.
La situación quedó expuesta cuando la nueva documentación fue remitida a la Justicia y a la fiscalía que analiza distintas inconsistencias vinculadas al patrimonio familiar.
Desde el entorno oficial sostienen que la situación puede explicarse administrativamente y que la información finalmente fue entregada.
Pero para los sectores críticos, el problema no es únicamente la presentación tardía sino la acumulación de rectificaciones y correcciones que vienen apareciendo en torno al patrimonio del funcionario.
La omisión del anexo aparece apenas horas después de otra fuerte controversia.
Adorni reconoció públicamente que mantuvo durante años más de medio millón de dólares fuera del sistema formal y explicó que parte de ese patrimonio surgió de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. También admitió que esos fondos no habían sido declarados anteriormente.
Las explicaciones generaron cuestionamientos porque contrastan con afirmaciones previas realizadas por el propio funcionario en el Congreso, donde había sostenido que no existía ocultación patrimonial alguna.
Ahora, la aparición del problema vinculado al patrimonio de su esposa alimenta aún más las sospechas de la oposición y de los denunciantes que impulsan distintas investigaciones judiciales.
La documentación presentada por Adorni ya fue enviada al juzgado federal y a la fiscalía que intervienen en el caso. Allí se analizará si las explicaciones brindadas resultan suficientes para justificar la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar.
Por el momento no existe ninguna acusación formal ni condena contra el jefe de Gabinete.
Sin embargo, cada nueva revelación amplía el volumen de información que deberán revisar los investigadores.
El análisis incluye propiedades, ahorros, inversiones financieras, movimientos patrimoniales y las diferencias existentes entre distintas declaraciones realizadas a lo largo de los últimos años.
La cuestión también tiene una dimensión política difícil de ignorar.
El Gobierno de Javier Milei construyó gran parte de su discurso sobre la transparencia, la lucha contra los privilegios y la necesidad de exigir ejemplaridad a quienes ocupan cargos públicos.
Por eso las controversias vinculadas al patrimonio de uno de sus funcionarios más importantes adquieren una sensibilidad especial.
Cada nuevo dato reabre un debate que el oficialismo esperaba dejar atrás con la presentación de la declaración jurada.
Por ahora ocurrió lo contrario.
La aparición de dólares no declarados, las explicaciones sobre Bitcoin, las críticas de Victoria Villarruel, las rectificaciones patrimoniales y ahora la omisión del anexo con los bienes de su esposa mantienen el caso abierto tanto en el plano judicial como en el político.
Y mientras la Justicia comienza a analizar toda la documentación reunida, la principal pregunta sigue siendo la misma: si las explicaciones de Adorni alcanzarán para despejar definitivamente las dudas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
