Alejandro CabreraBolivia atraviesa una de sus etapas más delicadas de los últimos años. La combinación de crisis económica, protestas sociales, falta de combustible, tensión política, inflación, ruptura del viejo sistema de poder y bloqueo de rutas volvió a colocar al país del altiplano en una situación explosiva. La columna de Jaime Durán Barba publicada en Perfil parte de una idea central: sería superficial atribuir el deterioro actual únicamente a Rodrigo Paz, porque la crisis viene de un proceso mucho más largo, acumulado durante los años en los que el Movimiento al Socialismo controló el Estado, administró subsidios, sostuvo un modelo económico dependiente de recursos escasos y terminó dejando una sociedad cada vez más tensionada.
El punto más grave no es solo que Bolivia tenga problemas económicos. Lo verdaderamente inquietante es que esos problemas se transformaron en una crisis política abierta. Los bloqueos de caminos, las protestas de sindicatos, mineros, transportistas y sectores rurales, la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y el cierre preventivo de sucursales bancarias en La Paz muestran que el conflicto ya no se limita a la discusión sobre tarifas, subsidios o medidas de ajuste. Es una disputa por el poder, por la legitimidad del Gobierno y por el rumbo de un país que salió del predominio del MAS sin haber construido todavía una alternativa institucional sólida.
El diagnóstico de Durán Barba apunta contra una lectura demasiado cómoda: la de creer que la explosión boliviana nació en pocos meses de gestión. Bolivia ya arrastraba escasez de dólares, largas filas para cargar combustible, inflación creciente y una fractura política profunda entre las distintas vertientes del masismo. El país llegó a este punto después de años de gasto público elevado, subsidios difíciles de sostener, debilitamiento de reservas y una pelea interna entre Evo Morales y Luis Arce que terminó desordenando al bloque que había gobernado durante casi dos décadas.
La salida electoral del MAS no resolvió el problema de fondo. Más bien lo dejó al descubierto. La crisis económica se mezcló con el agotamiento de una identidad política que durante años había ordenado la vida pública boliviana. Cuando ese sistema comenzó a romperse, no apareció de inmediato una nueva coalición capaz de administrar la transición. Por eso la victoria de Rodrigo Paz fue leída por Durán Barba como un fenómeno más complejo que un simple triunfo opositor: fue la expresión de un voto de hartazgo, de una sociedad que dejó de confiar en las figuras tradicionales y buscó una salida inesperada en medio del colapso.
En esa lectura, el triunfo de Paz no fue producto de una estructura clásica ni de una campaña convencional, sino de una movilización emocional de votantes decepcionados, especialmente de sectores que venían del MAS pero ya no querían seguir dentro de esa identidad política. La figura de Edman Lara, su vicepresidente, aparece en la columna como un factor decisivo para captar a ese electorado antisistema, desconfiado de los políticos tradicionales y atraído por perfiles más disruptivos.
El problema es que ganar una elección en una sociedad enojada no equivale a tener poder real para gobernarla. Ese es el núcleo de la crisis actual. Paz llegó al Gobierno con legitimidad electoral, pero sin una coalición suficientemente amplia para enfrentar el tamaño del derrumbe. La falta de un gobierno de unidad nacional, según la lectura de Durán Barba, dejó al Ejecutivo más solo frente a una tormenta que requería acuerdos rápidos, respaldo parlamentario, coordinación social y una hoja de ruta compartida.
La protesta en Bolivia se expandió con fuerza durante las últimas semanas. Los bloqueos afectaron el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos, mientras distintos sectores sociales comenzaron a exigir la reversión de medidas de austeridad y alivio frente al aumento del costo de vida. La tensión escaló al punto de que bancos cerraron sucursales en La Paz por razones de seguridad y derivaron operaciones hacia canales digitales y cajeros automáticos.
Ese dato es clave porque muestra que la crisis ya ingresó en una dimensión cotidiana. Cuando la política bloquea rutas, cuando el combustible falta, cuando el transporte se interrumpe, cuando los bancos reducen atención y cuando la provisión de productos básicos se vuelve incierta, la crisis deja de ser una discusión de élites y pasa a sentirse en la vida diaria de la población. Esa es la frontera más peligrosa para cualquier gobierno: el momento en el que la economía, la calle y la gobernabilidad se fusionan en una misma sensación de desorden.
Las protestas incluyeron sindicatos, mineros, transportistas y grupos rurales. También hubo reclamos contra medidas económicas, contra reformas vinculadas al campo y contra el intento del Gobierno de reducir subsidios que ya no podía sostener de la misma manera. Aunque el Ejecutivo retrocedió en algunas decisiones, el conflicto continuó, lo que muestra que el malestar excede una ley puntual o una medida aislada. El reclamo se volvió más amplio: apunta al costo de vida, a la representación política, al temor al ajuste y a la sensación de que el nuevo Gobierno no logra controlar la transición.
A ese cuadro se suma un componente dramático: los reportes de muertes y denuncias de represión en medio de los operativos y bloqueos. En Calamarca, cerca de La Paz, manifestantes denunciaron la muerte de un joven durante una intervención policial-militar, mientras el Gobierno negó el uso de armas letales. Organismos como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y entidades de derechos humanos pidieron investigaciones independientes.
La figura de Evo Morales sigue operando como un factor de tensión. Aunque el ciclo político del MAS quedó golpeado y fragmentado, el expresidente conserva influencia sobre sectores movilizados y capacidad para intervenir en el conflicto. El Gobierno señala a sus seguidores como parte del motor de la crisis, mientras Morales intenta seguir ocupando el centro de la escena en un país que todavía no logró salir completamente de la polarización entre masismo y antimasismo.
Ese es uno de los puntos más complejos del caso boliviano. El MAS perdió poder electoral, pero no desapareció como estructura social. Puede haber retrocedido en las urnas, pero conserva redes territoriales, sindicatos, organizaciones campesinas y capacidad de bloqueo. La derrota política no eliminó su presencia en la calle. Y esa contradicción vuelve más difícil la gobernabilidad para Paz.
El oficialismo enfrenta entonces una doble presión. Por un lado, debe estabilizar una economía con inflación, escasez y problemas de abastecimiento. Por otro, debe administrar una crisis política en la que sectores del viejo orden buscan condicionar al nuevo Gobierno. La salida exige algo más que ajuste o discursos de orden: requiere construir una mayoría política capaz de sostener reformas y, al mismo tiempo, contener el costo social de esas reformas.
Durán Barba subraya precisamente esa carencia. Según su mirada, Paz debió convocar desde el inicio a un gobierno de unidad nacional con las fuerzas opositoras que compartían una visión de cambio y que juntas representaban una mayoría social contundente. La falta de esa arquitectura política dejó al presidente expuesto, con menos margen para avanzar y más vulnerable frente a la presión callejera.
El caso boliviano deja una enseñanza regional incómoda. Las sociedades pueden votar contra un modelo agotado, pero eso no garantiza automáticamente la construcción de un nuevo orden. El enojo gana elecciones, pero no siempre alcanza para gobernar. La indignación puede barrer con una elite, pero después exige resultados inmediatos. Y en países con economías frágiles, Estados tensionados y culturas políticas acostumbradas a la movilización, el tiempo de tolerancia social suele ser muy corto.
Bolivia aparece así como un laboratorio extremo de algo que atraviesa a buena parte de América Latina: democracias que castigan a los gobiernos anteriores, eligen alternativas de cambio y luego enfrentan la dificultad concreta de transformar expectativas en estabilidad. Paz heredó una bomba económica y política, pero también parece haber subestimado la necesidad de construir una coalición más amplia para desactivarla. El país quedó atrapado entre el derrumbe del viejo sistema y la fragilidad del nuevo, con una sociedad cansada, hiperconectada, impaciente y cada vez más dispuesta a llevar su malestar a la calle.
