La Justicia sigue la ruta de los US$10 millones del vestidor y pone bajo la lupa las llamadas de Insaurralde y Cirio

La investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio ingresó en una etapa decisiva. Después de la aparición de los videos que muestran bolsas, cajones y valijas con fajos de dólares dentro de un vestidor, la Justicia intenta determinar de dónde salió el dinero, quiénes lo administraron y qué ocurrió con esos fondos durante los últimos tres años.

Los investigadores estiman de manera preliminar que en las grabaciones podrían observarse alrededor de 10 millones de dólares. El fiscal federal Sergio Mola considera que el efectivo pertenecía a Insaurralde y Cirio y pretende incorporarlo a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La cifra todavía deberá ser determinada mediante pericias técnicas y no constituye, por el momento, un monto definitivamente acreditado por la Justicia.

Para reconstruir la ruta del dinero, la fiscalía solicitó analizar las comunicaciones de Insaurralde, Cirio y otros imputados y sospechosos. El pedido incluye registros de llamadas, duración de las comunicaciones, ubicación de los teléfonos y conexiones entre las personas investigadas.

El requerimiento original pretendía abarcar desde 2009, año en que Insaurralde asumió como intendente de Lomas de Zamora, hasta la actualidad. Sin embargo, el juez federal Luis Armella acotó la medida y no habilitó el análisis integral solicitado por la fiscalía.

La Justicia comenzó requiriendo a las empresas telefónicas que informaran qué líneas utilizaron los acusados. El magistrado limitó el período bajo análisis hasta 2023, mientras las defensas presentaron pedidos de nulidad al considerar que la medida afecta la intimidad y el debido proceso. La fiscalía rechazó esos argumentos y anticipó que insistirá con nuevas solicitudes para extender la investigación.

Las llamadas que podrían revelar el destino del dinero

El objetivo no es conocer el contenido de las conversaciones, sino reconstruir quién se comunicó con quién, en qué momento y desde qué ubicación. Los registros podrían permitir vincular determinados llamados y desplazamientos con el traslado, ocultamiento o eventual inversión de los dólares.

El análisis presenta una dificultad adicional: las empresas telefónicas no conservan indefinidamente todos los registros. En algunos casos, la información disponible podría remontarse solamente hasta 2016, pese a que la fiscalía pretende revisar el período iniciado en 2009.

También existe una diferencia entre el período autorizado por el juez y el que interesa especialmente a los investigadores. La fiscalía quiere saber qué comunicaciones se produjeron después de que los videos comenzaron a circular, ya que sospecha que las personas involucradas podrían haber tomado medidas para esconder el dinero, modificar el vestidor o eliminar pruebas.

Armella habilitó parcialmente el análisis, pero dejó afuera una parte del período más reciente. Por esa razón, Mola prepara nuevos pedidos para estudiar los contactos mantenidos desde la difusión de las grabaciones hasta la actualidad.

Las medidas alcanzan no solamente a Insaurralde y Cirio. La investigación también busca establecer los vínculos del exmatrimonio con Priscila Ferrante, sobrina de la conductora, y con Heber Russo, expareja de Ferrante.

La fiscalía sospecha que ambos podrían haber participado en la administración u ocultamiento de bienes. Russo aparece vinculado en otro expediente con una presunta estructura de facturación apócrifa que habría tenido entre sus clientes a la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Ese antecedente despertó el interés de los investigadores porque las facturas falsas podrían haber sido utilizadas para justificar gastos inexistentes o desviar fondos. La eventual relación con el dinero registrado por Cirio todavía deberá ser probada.

En el caso de Ferrante, el juez abrió un incidente reservado y ordenó levantar su secreto fiscal y bancario. Se solicitaron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera y los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor.

La Justicia busca reconstruir su evolución patrimonial, sus cuentas, sociedades, vehículos, propiedades y posibles operaciones sospechosas. La medida pretende establecer si su nivel de vida y sus adquisiciones pueden justificarse con sus ingresos declarados.

El celular de Cirio y la disputa por el vestidor

Otro punto central es el teléfono celular entregado por Jesica Cirio. Los peritos lograron abrir el dispositivo y realizaron una copia completa de su contenido para buscar los archivos originales, sus fechas de creación, posibles modificaciones y datos de ubicación.

También se extrajo información de los dispositivos aportados por el medio que difundió las grabaciones y de equipos entregados por Diego Suárez, un testigo que declaró haber visto los videos porque se los mostró Elías Piccirillo, segundo exmarido de Cirio.

La comparación de esos archivos podría determinar si las imágenes fueron editadas, cuándo fueron grabadas y desde qué dispositivo se enviaron. Cirio sostuvo públicamente que sus archivos privados fueron obtenidos sin autorización y afirmó que algunos materiales presentan cortes o manipulaciones digitales.

La modelo no negó completamente la existencia de las filmaciones, pero denunció que desde hacía aproximadamente un año era víctima de extorsiones relacionadas con material privado. Su defensa busca separar la investigación sobre el origen de las imágenes de la causa por enriquecimiento ilícito.

Para la fiscalía, independientemente de cómo se hicieron públicos los videos, el contenido podría constituir una nueva evidencia sobre el patrimonio del exmatrimonio. La discusión jurídica será determinar si los archivos pueden incorporarse válidamente al expediente y qué valor probatorio poseen.

La Justicia también intenta establecer en qué propiedad estaba ubicado el vestidor. La primera hipótesis señalaba la casa que Insaurralde y Cirio compartieron en el barrio privado Fincas de San Vicente.

Sin embargo, una testigo que participó de un allanamiento dijo reconocer el guardarropa como parte de un departamento que Cirio ocupaba en la zona de Palermo. Esa declaración obligó a ordenar inspecciones en ambos inmuebles.

La comparación de paredes, muebles, iluminación, distribución de los ambientes y otros elementos visibles en las filmaciones será importante para identificar el lugar. Los investigadores también quieren saber si el espacio fue modificado antes del primer allanamiento realizado durante 2024.

Milagros Escudero, niñera de la hija de Insaurralde y Cirio, declaró que nunca ingresó al dormitorio principal ni al vestidor. No obstante, aportó información sobre la distribución de la vivienda y entregó nombres de choferes, empleados de mantenimiento y trabajadoras domésticas que circulaban por la propiedad.

La mujer confirmó además que acompañó a la familia en distintos viajes, entre ellos el Mundial de Qatar y una estadía en Bariloche. Otra exempleada que podría conocer el interior del vestidor fue citada, pero todavía no pudo ser localizada.

El peritaje que puede definir la causa

La medida más esperada es el peritaje contable sobre el patrimonio de Insaurralde y los demás investigados. Su presentación está prevista para el viernes 17 de julio de 2026.

Los expertos deberán comparar los ingresos declarados por el exintendente con sus propiedades, sociedades, automóviles, viajes, consumos y movimientos financieros. El resultado permitirá establecer si existió un incremento patrimonial que no pueda explicarse mediante sus salarios y actividades conocidas.

La fiscalía pidió que la evaluación incluya también a familiares de Insaurralde. Entre otros puntos, pretende conocer el origen de los fondos con los que sus hijos adquirieron participaciones en sociedades investigadas.

Uno de los ejes del expediente es Sasaxa Libero S.A., la empresa vinculada con la propiedad de Fincas de San Vicente. El contador que aparecía firmando sus balances declaró que realizaba esa tarea en bares, que nunca conoció personalmente a Insaurralde y que sus claves fiscales habrían sido utilizadas para presentar documentación sin su intervención.

También aseguró que la vivienda de San Vicente no aparecía registrada en los estados contables que confeccionaba. Esas irregularidades alimentaron la sospecha de que se utilizaron sociedades y familiares para ocultar bienes cuyo verdadero propietario sería el exfuncionario.

La causa comenzó en octubre de 2023, después de que se conociera el viaje de Insaurralde a Marbella con Sofía Clerici. La estadía incluyó el alquiler del yate Bandido, pasajes, hospedajes y artículos de lujo.

De acuerdo con la acusación fiscal, ese viaje tuvo un costo superior a 41.000 euros y 8.000 dólares. En el expediente también se detectaron gastos por alrededor de 78.000 dólares en pasajes aéreos durante un período de dos años, montos que la fiscalía considera difíciles de compatibilizar con los ingresos públicos declarados por Insaurralde.

Los fiscales Mola y Diego Velasco solicitaron desde octubre de 2024 que Insaurralde sea llamado a declaración indagatoria. También pidieron indagar a familiares y personas señaladas como posibles testaferros.

Hasta el 13 de julio de 2026, Insaurralde no fue llamado a indagatoria ni procesado. El juez considera que debe contar primero con los resultados del peritaje patrimonial y de las nuevas medidas probatorias.

A fines de junio, Mola solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio ante el supuesto riesgo de fuga y ocultamiento de pruebas. Armella rechazó el pedido por considerarlo prematuro, pero les prohibió salir del país.

La restricción también alcanza a Sofía Clerici, dos hijos de Insaurralde y otros familiares investigados. Los acusados no pueden alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial y deben informar cualquier ausencia superior a 24 horas.

El resultado del peritaje del 17 de julio será determinante. Si los contadores detectan una diferencia significativa entre los ingresos declarados y los bienes acumulados, la fiscalía tendrá un elemento central para renovar los pedidos de indagatoria.

Los videos del vestidor ampliaron una causa que hasta hace pocas semanas avanzaba principalmente sobre documentos contables, sociedades y propiedades. Ahora, la investigación enfrenta una pregunta mucho más concreta: cómo pudieron acumularse cerca de 10 millones de dólares en efectivo y qué ocurrió con ese dinero después de que Cirio lo registrara con su teléfono.

La respuesta dependerá de la combinación de pruebas digitales, registros telefónicos, geolocalización, testimonios y documentación patrimonial. La Justicia todavía no encontró los dólares, pero intenta reconstruir su recorrido a través de las personas que rodearon a Insaurralde y Cirio durante los años en los que se habría producido el presunto enriquecimiento.