Caso $LIBRA: horas antes del partido de la Selección, la Justicia apartó a las querellas y dejó la investigación más dependiente de una Fiscalía sin recursos tecnológicos

Horas antes del partido de la Selección Argentina, cuando buena parte del país miraba al Mundial y el foco público estaba puesto en el cruce contra Cabo Verde, la causa $LIBRA tuvo un movimiento judicial de alto impacto. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a cinco querellantes del expediente que investiga si existió delito alrededor del token promocionado por Javier Milei en febrero de 2025. El partido de Argentina estaba previsto para este viernes 3 de julio a las 19, hora argentina, en Miami.

La decisión no cierra la causa, pero sí cambia su equilibrio interno. Hasta ahora, las querellas habían tenido un rol activo en el impulso de medidas, en el señalamiento de transferencias y en la presión para avanzar sobre la ruta del dinero. Con su apartamiento, la investigación queda mucho más dependiente de la Fiscalía federal de Eduardo Taiano y del juzgado. Ese dato preocupa porque, semanas atrás, la propia estructura judicial admitió que no contaba con las herramientas tecnológicas necesarias para analizar movimientos clave en billeteras virtuales vinculadas al caso.

Qué resolvió la Justicia

El juez Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa. Según TN, el magistrado apartó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, que intervenían a través de dos querellas distintas. La decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal.

El argumento central del juez fue que los querellantes no lograron acreditar, al menos en esta etapa del proceso, un “perjuicio directo” suficientemente individualizado. También cuestionó que no se hubiera demostrado de manera suficiente la titularidad de los tokens, la propiedad de las billeteras virtuales y el origen de los fondos utilizados para comprar la criptomoneda.

En términos técnicos, el juez aceptó una “excepción de falta de acción”. Traducido: consideró que esas personas no estaban en condiciones procesales de actuar como acusadores particulares dentro del expediente. Para las defensas, es una decisión que ordena la causa y evita que intervengan actores sin legitimación suficiente. Para los apartados y sectores opositores, es un golpe directo a quienes venían empujando la investigación desde afuera del Ministerio Público.

Por qué el timing importa

El momento político de la resolución no pasa inadvertido. La decisión se conoció el mismo día en que Argentina jugaba por el Mundial, un contexto en el que la agenda pública, los medios y las redes estaban atravesados por el clima futbolero. No significa que la resolución haya sido dictada por eso, pero sí que su impacto público quedó amortiguado por el ruido de la Selección.

En política, el calendario también comunica. Una causa que toca al Presidente, a su entorno y a operadores vinculados al lanzamiento de un criptoactivo queda sacudida por una resolución sensible justo cuando la atención nacional está desviada. Esa coincidencia alimenta la lectura de quienes sostienen que el caso avanza con bajo perfil, sin la intensidad que tendría si el país no estuviera mirando otro espectáculo.

El dato de fondo es más grave que el horario. La causa $LIBRA no es un expediente menor: investiga si hubo una maniobra fraudulenta alrededor de una criptomoneda promocionada por el Presidente desde su cuenta de X. Después de ese posteo, el token se disparó, entraron miles de compradores y luego se desplomó, dejando pérdidas para inversores y ganancias para quienes habían ingresado antes o controlaban el activo.

La causa que necesita tecnología

El gran problema del caso $LIBRA es que la ruta del dinero no se reconstruye como en una causa tradicional. No alcanza con revisar cuentas bancarias, contratos o transferencias comunes. Acá hay billeteras digitales, blockchain, operaciones anónimas, flujos de criptoactivos, cuentas intermedias y herramientas específicas para identificar patrones.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, la UFECI, ya había tenido un papel importante en la causa. Según LA NACION, cuando contaba con una versión de prueba de un software especializado, logró identificar 74 billeteras virtuales que compraron de manera masiva el activo en momentos clave: durante los 22 segundos previos al tuit de Milei. Esas compras superaron los 13 millones de dólares.

El problema es que esa herramienta era una demo, una versión gratuita por tiempo limitado. Cuando expiró, la UFECI respondió que no estaba en condiciones materiales de avanzar con un análisis solicitado sobre transferencias por unos US$4.780.100 vinculadas a Hayden Davis, el empresario estadounidense ligado al lanzamiento del token.

La respuesta llegó tarde. El País informó que la UFECI demoró ocho meses en explicar que no podía avanzar con ese análisis clave por falta de recursos tecnológicos. El pedido apuntaba a transferencias realizadas el 30 de enero, el 3 de febrero y el 13 de febrero de 2025, todas anteriores al posteo presidencial que hizo estallar la cotización de $LIBRA.

La Fiscalía queda más sola

Con las querellas apartadas, la presión sobre el fiscal Eduardo Taiano crece. La Fiscalía sigue teniendo la responsabilidad de impulsar la investigación penal, pedir medidas de prueba, solicitar peritajes y reconstruir la ruta del dinero. Pero ahora lo hará con menos presión procesal de los damnificados que habían logrado instalar preguntas incómodas.

Ese es el punto central del giro judicial: no es solo una discusión formal sobre quién puede ser querellante. Es una discusión sobre quién empuja la causa. En expedientes complejos, las querellas suelen tener un rol clave porque proponen medidas, apelan decisiones, aportan documentación, presionan por audiencias y evitan que una investigación se duerma.

TN recogió el cuestionamiento de Patria Grande, que sostuvo que la decisión implica entregar la llave de la causa al fiscal Taiano. También remarcaron que, según su visión, fueron las querellas las que ayudaron a probar reuniones previas y participación en el armado del token.

La frase puede ser leída como una acusación política, pero expone un problema real: si una causa de semejante complejidad queda concentrada en una Fiscalía que ya reconoció límites técnicos, el riesgo es que el expediente avance a una velocidad menor que la necesaria.

Qué se investiga en $LIBRA

La causa busca determinar si existió delito alrededor del lanzamiento del token $LIBRA, promocionado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025. El Presidente difundió la criptomoneda en redes, el precio subió de manera abrupta y luego colapsó. Miles de compradores quedaron atrapados en la caída, mientras un grupo reducido habría obtenido ganancias millonarias.

Uno de los ejes de la investigación es si hubo información privilegiada antes del lanzamiento público. La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en la identificación de billeteras que compraron el activo instantes antes del posteo presidencial y en transferencias previas vinculadas a actores cercanos al ecosistema del proyecto.

Otro eje es el rol de Hayden Davis, CEO de la empresa creadora del token, y sus vínculos con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según LA NACION, Novelli y Terrones Godoy recibieron de Davis más de US$730.000 digitales entre enero y febrero de 2025.

El País también informó que peritos judiciales recuperaron del teléfono de Novelli un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo de Milei al proyecto, además de comunicaciones en el día del lanzamiento. La Justicia todavía debe determinar qué valor probatorio tiene ese material y si configura una conducta delictiva.

La discusión sobre los damnificados

La decisión de apartar querellantes se apoya en un punto jurídico delicado: no toda persona que perdió dinero con una criptomoneda puede ser automáticamente querellante en una causa penal. El juez sostuvo que, en un mercado de alta volatilidad y regulación limitada, las pérdidas económicas por sí solas no prueban necesariamente un perjuicio directo derivado del hecho investigado.

Ese razonamiento puede tener lógica procesal, pero también abre una pregunta incómoda: ¿cómo se prueba el daño directo en una maniobra cripto justamente cuando buena parte del problema está en la trazabilidad de las billeteras, la titularidad de los activos y el anonimato de la blockchain?

Es decir, la Justicia les exige a los damnificados probar de manera precisa titularidad, billeteras, fondos y perjuicio. Pero al mismo tiempo, el propio expediente reconoce que necesita herramientas tecnológicas para reconstruir esos circuitos. Esa tensión es el corazón del problema.

Para las defensas, el apartamiento evita que el expediente sea usado políticamente por personas que no acreditaron condición de víctimas directas. Para los querellantes, la decisión los corre justo cuando venían aportando datos y empujando medidas que la Fiscalía no había logrado desarrollar con la misma velocidad.

El riesgo institucional

El caso $LIBRA toca una fibra especialmente sensible porque involucra al Presidente de la Nación, a operadores cercanos a su entorno y a una tecnología difícil de auditar para la Justicia tradicional. Por eso, cualquier señal de demora, falta de recursos o reducción de partes acusadoras tiene impacto institucional.

No se trata de afirmar culpabilidades antes de tiempo. La investigación debe probar si hubo delito, quiénes intervinieron, quiénes ganaron, quiénes perdieron y si existió información privilegiada o beneficio indebido. Pero para llegar a esa respuesta hace falta una investigación robusta.

Y ahí aparece la contradicción: una causa que requiere máxima capacidad técnica avanza con obstáculos presupuestarios; una investigación que necesita presión y control pierde querellas; un expediente que involucra al Presidente se mueve en un momento en el que la agenda pública está capturada por el Mundial.

Lo que viene

La resolución de Martínez de Giorgi puede ser apelada ante la Cámara Federal. Si la Cámara revierte la decisión, las querellas podrían volver al expediente. Si la confirma, la investigación quedará más concentrada en el Ministerio Público Fiscal y en las medidas que impulse Taiano.

Mientras tanto, el punto clave sigue siendo la ruta del dinero. Hay transferencias por casi US$4,8 millones bajo análisis, billeteras todavía no identificadas, movimientos previos al lanzamiento y una pregunta central: quiénes sabían, quiénes compraron antes y quiénes se beneficiaron cuando el Presidente le dio visibilidad pública al token.

El caso entra así en una etapa crítica. No está cerrado. No está resuelto. Pero sí aparece más limitado en su impulso acusatorio y más dependiente de una estructura fiscal que ya reconoció problemas para acceder a herramientas tecnológicas.

Horas antes del partido de la Selección, cuando todos miraban al Mundial, la causa $LIBRA recibió un golpe silencioso pero relevante. La Justicia apartó a los querellantes y dejó el expediente más solo en manos de una Fiscalía que todavía debe demostrar si puede seguir la pista del dinero en una de las investigaciones más sensibles del gobierno de Javier Milei.